El ataque a la orden religiosa se suma a una política en la que el régimen de Daniel Ortega ha disuelto universidades y cerrado partidos políticos y oenegés.
El Gobierno de Nicaragua ha incautado las viviendas de la comunidad jesuita en Managua tras la cancelación jurídica de la Universidad Centroamericana (UCA), acusada de ser un foco de protestas contra las autoridades.
«La Policía se presentó junto a miembros del poder judicial en la vivienda de los jesuitas, residencia Villa del Carmen, para exigir su desalojo argumentando que esa vivienda es también propiedad del Gobierno», reza un comunicado de los jesuitas remitido por la Compañía de Jesús en España.
La comunidad jesuita de Nicaragua enseñó a la Policía nicaragüense la documentación de escritura y propiedad pertinente del inmueble, que se encuentra en terreno de la UCA, pero es propiedad de la Compañía de Jesús, si bien los agentes «hicieron nulo caso» y ordenaron a los religiosos «dejar la casa y todas sus pertenencias».
Los religiosos «se retiraron de la vivienda y marcharon a la comunidad de San Ignacio de Managua, a donde han llegado todos sin más percances». La Compañía de Jesús en Centroamérica ha condenado este «atropello» contra la comunidad.
La UCA fue intervenida esta semana por el Gobierno de Nicaragua, que describió a la institución como «un centro de terroristas«, en el marco de sus acusaciones a la Iglesia católica por instigar una revuelta social en 2018 que el Gobierno Ortega describió como «un fallido golpe de Estado».
Managua ha disuelto este año 26 universidades al retirar la personalidad jurídica de varias de estas instituciones, en lo que se considera una medida represiva de las autoridades, que también han cerrado partidos políticos y organizaciones no gubernamentales.
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