La última vez que un presidente de El Salvador quiso reelegirse de manera continua fue hace 84 años, durante la gestión de Maximiliano Hernández Martínez. Desde entonces, ningún presidente salvadoreño ha buscado continuar en el cargo, hasta ahora.
El actual presidente salvadoreño, Nayib Bukele, anunció su candidatura oficial para la presidencia en las próximas elecciones de febrero de 2024, un hecho sin precedentes en la historia democrática de El Salvador.
El mandatario se ha amparado en uno de cinco artículos de la Constitución que se refieren a la reelección presidencial: el artículo 152, que señala que no puede ser presidente “quien haya desempeñado la Presidencia de la República por más de seis meses, consecutivos o no, durante el período inmediato anterior, o dentro de los últimos seis meses anteriores al inicio del período presidencial”.
Según el equipo legal de Bukele, ese “periodo inmediato anterior” no es el suyo sino el del expresidente Salvador Sánchez Cerén, quien gobernó entre 2014 y 2019, y por lo tanto es él quien tiene la prohibición de buscar la reelección presidencial.
Sobre el desempeño de la presidencia en “los últimos seis meses anteriores al inicio del período presidencial”, Bukele espera pedir licencia o renunciar a su cargo para no contradecir, según él, ese inciso constitucional.
Polémica reelección
La Constitución salvadoreña no habla sobre la reelección únicamente en el artículo 152. Hay otros cuatro artículos que hacen referencia a la forma y sistema de gobierno y estos han sido ignorados por el presidente salvadoreño, a criterio de la abogada Gabriela Santos, directora del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas.
“En la Constitución hay algunos artículos más explícitos que otros, pero al hacer una interpretación integral de la Constitución, queda claro que la reelección continua no es posible”, dijo la abogada en un panel dirigido por el medio salvadoreño Focos el domingo 9 de julio, en el que participaron el historiador Héctor Lindo y el politólogo Manuel Alcántara.
La Constitución de El Salvador señala en el artículo 154 que el periodo presidencial es de cinco años y comienza y termina el 1 de junio, “sin que la persona que haya ejercido la Presidencia pueda continuar en sus funciones ni un día más”. Pasado ese periodo, la Asamblea Legislativa está llamada a “desconocer obligatoriamente al Presidente de la República o al que haga sus veces cuando terminado su período constitucional continúe en el ejercicio del cargo”, agrega el artículo 131.
La Carta Magna también sostiene en el artículo 88 que “la alternabilidad en el ejercicio de la Presidencia de la República es indispensable para el mantenimiento de la forma de gobierno”, y agrega, en el artículo 75, que quienes “suscriban actas, proclamas o adhesiones para promover o apoyar la reelección o la continuación del Presidente de la República, o empleen medios directos encaminados a ese fin”, pierden los derechos ciudadanos.
En caso de que la Asamblea Legislativa de El Salvador busque una reforma constitucional, como fue anunciado por el vicepresidente salvadoreño, Félix Ulloa, la Constitución agrega en el artículo 248: “No podrán reformarse en ningún caso los artículos de esta Constitución que se refieren a la forma y sistema de gobierno, al territorio de la República y a la alternabilidad en el ejercicio de la Presidencia de la República”.
El historiador Héctor Lindo explicó que “la idea de poner límites al poder y establecer contrapesos para evitar la concentración de poder viene desde la independencia de El Salvador (1821)”.
“Nos independizamos de un rey, y quienes escribieron la primera Constitución de 1824, tenían en mente precisamente evitar la concentración de poder”, dijo.
Tras la victoria del partido Nuevas Ideas en las elecciones legislativas de 2021 en El Salvador, la nueva Asamblea destituyó a los magistrados anteriores y al fiscal general. Los nuevos magistrados no tardaron en emitir en septiembre de 2021 el fallo que permitía a Bukele la reelección continua.
En septiembre de 2022, Bukele anunció su aspiración a reelegirse.
El gobierno de El Salvador no respondió de inmediato a una solicitud de comentario de la Voz de América para este reporte.
Desde la llegada del embajador de EEUU William Duncan a El Salvador, en enero de este año, este se ha reunido al menos dos veces con Bukele para hablar sobre “temas de interés mutuo en la relación bilateral”, según dijo el pasado 13 de julio en un tuit acompañado de una fotografía en la que se ve a Duncan y a Bukele sentados conversando.
También ha cesado la controversia con EEUU.
Antes de Duncan, Bukele tuvo discrepancias con la encargada de negocios de EEUU en El Salvador, Jean Manes, quien llegó a asegurar que recibía ataques del gobierno de Bukele. Luego, Brendan O’Brien, quien sucedió a Manes, se negó a participar en una reunión convocada por Bukele para explicarle a la diplomacia en el país las razones de la destitución de los magistrados. Bukele hizo notar su ausencia diciendo que el 100% de la diplomacia estaba dispuesta a escucharlo, menos O’Brien.
En septiembre del año pasado, una veintena de exjefes de Estado y de gobierno de América Latina y España le pidieron a la Organización de Estados Americanos (OEA) “promover la normalización de la institucionalidad democrática” en El Salvador.
“De concretarse la pretensión del actual presidente de El Salvador, consideramos se estará en presencia, como lo indica expresamente en su artículo 20 la Carta Democrática Interamericana, de ‘una alteración del orden constitucional que afecte gravemente su orden democrático'”, dijeron los signatarios de la declaración de la Iniciativa Democrática de España y las Américas (IDEA).
Bukele reaccionó diciendo que se trataba de “una carta firmada por corruptos, saqueadores y algunos de ellos, hasta asesinos. Todos odiados por sus pueblos”.
Pero Francisco Mora, representante de EEUU ante la OEA, dijo en enero que en El Salvador no había una interrupción del orden constitucional, pues el gobierno de Bukele fue electo democráticamente. “No ha habido una interrupción del orden constitucional como lo dicta la Carta Democrática”, dijo tras ser consultado por el medio salvadoreño El Faro.
Bukele, con el aval de las instituciones y de la población
Un fallo de la nueva Sala de lo Constitucional habilitó a Bukele para competir como candidato presidencial en las próximas elecciones. A mediados de 2021, el máximo tribunal, cuestionado por su legitimidad tras haber sido nombrado repentinamente por la Asamblea, ordenó al Tribunal Supremo Electoral “de conformidad con el artículo 152” permitir que Bukele y Ulloa se postularan nuevamente como candidatos a la presidencia y vicepresidencia.
El Tribunal Electoral dijo que acataría la orden, pues las resoluciones de la Sala de lo Constitucional son “inapelables y de obligatorio cumplimiento”.
Bajo ese camino, ya es oficial que Bukele, quien mantiene altos niveles de popularidad en las encuestas de opinión pública, buscará continuar en el cargo, acuerpado por el partido político con el que se dio a conocer desde un inicio: Nuevas Ideas. Tanto la dirigencia de Nuevas Ideas como la bancada legislativa creen que la continuidad de Bukele en la silla presidencial es lo que le conviene al país.
El presidente de Nuevas, Xavi Zablah Bukele —quien es primo del presidente Bukele— dio a conocer el domingo 9 de julio que Nayib Bukele es oficialmente el candidato presidencial del partido. El mandatario reaccionó en su cuenta de Twitter: “Hoy habló el partido más grande en la historia de nuestro país y el 4 de febrero de 2024 el pueblo salvadoreño tendrá la última palabra. La DEMOCRACIA se escribe de abajo hacia arriba”, escribió.
Legisladores de otros partidos, como Guillermo Gallegos, de GANA, han dicho que en coalición o no, apoyarán la reelección de Bukele.
Asimismo, la embajadora de El Salvador ante Estados Unidos, Milena Mayorga, valida la participación de Bukele para un segundo mandato. En septiembre de 2022, Mayorga dijo que “El Salvador tendrá la oportunidad, a través de elecciones libres y justas, de escoger si desea que Nayib Bukele siga al frente del Estado”.
De igual manera, el apoyo de la población a su proyecto político le ha servido a Bukele para reforzar sus pretensiones. En una encuesta de marzo pasado del medio La Prensa Gráfica, el 67,9 % dijo apoyar la reelección presidencial, el 19,3 % dijo que no y el resto no respondió.
En junio, una encuesta del Centro de Estudios Ciudadanos de la Universidad Francisco Gavidia (UFG) reveló un porcentaje mayor: el 75,6 % de los salvadoreños apoyaría la reelección inmediata de Bukele, frente a un 12,5 % que no lo haría por considerarla inconstitucional y un 10,9 % que tiene dudas.
La medida más popular del gobierno de Bukele ha sido la instauración de un régimen de excepción que le ha permitido desarticular a la Mara Salvatrucha y Barrio 18, dos pandillas que por años mantuvieron al país con una tasa de homicidios de hasta 103 por cada 100.000 habitantes, además de extorsiones, desapariciones y otros delitos.
A casi tres años de Bukele en el poder, y tras una masacre de 87 personas en un fin de semana, su gobierno promovió dicha medida, que le ha permitido encarcelar a 71.149 personas señaladas de agrupaciones ilícitas. La tasa de homicidios y otros delitos disminuyó, y para muchos la inseguridad dejó de ser el principal problema de país.
Además, ocho de cada 10 salvadoreños aprueba la continuación del régimen de excepción, según una encuesta de opinión publicada en marzo pasado por la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA).
Pero para la abogada Santos, la Constitución no valida popularidades.
“No habla de que si el presidente es muy respaldado entonces sí puede continuar y si el presidente no es tan respaldado, pero quiere prorrogarse en el poder, entonces llamar a la insurrección. La Constitución no hace ningún tipo de separaciones en ese sentido”, dijo.
“Lo único que [la Constitución] busca impedir es la permanencia en el poder. Por lo tanto, no caben argumentos como que ‘el pueblo lo decide’”, remarcó.
La oposición
Para enfrentar al binomio Bukele-Ulloa, el resto de partidos políticos buscaron en un primer momento llevar un candidato único que representara la contraparte de Bukele.
El colectivo “Sumar por El Salvador” buscaba articular una alianza con los partidos ARENA, FMLN, Nuestro Tiempo y Vamos. Pero esa posibilidad se disipó, y los dos partidos tradicionales, ARENA y el FMLN, ya presentaron a sus candidatos: Joel Sánchez e Hilcia Bonilla como presidente y vicepresidente por Arena y Manuel Flores y Werner Cruz por el FMLN.
La preferencia partidaria, medida en las encuestas, es baja para los partidos tradicionales.
Según una encuesta presentada en junio por el Centro de Estudios Ciudadanos de la Universidad Francisco Gavidia (UFG), el 70,3 % de los salvadoreños apoya a Nuevas Ideas, mientras que el 3,3 % votaría por ARENA y el 1,2 % por el FMLN.
El 16,8% de los encuestados dijo que no sabe por quién votar o no respondió; el 4 % dijo que votaría nulo.
VOA
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