Durante los últimos 15 años, Billy ha trabajado en restaurantes del área de Boston y a menudo se ha sentido como un esclavo.
Estaba atrapado en un ciclo aparentemente interminable de trabajo y explotación, esforzándose por pagar las deudas, enfermo por el estrés y el exceso de trabajo, aterrorizado por la posibilidad de ser entregado a los funcionarios de inmigración.
Este inmigrante salvadoreño de 41 años cuenta que empezó a trabajar en un restaurante en 2008. Trabajaba como lavaplatos 85 horas a la semana, ganando 6 dólares la hora sin descansos ni horas extra. Su principal objetivo era pagar los casi 18.000 dólares de deuda que acumuló para llegar a Estados Unidos. Vivía en una serie de habitaciones alquiladas y le preocupaba ser detenido por las autoridades de inmigración. A lo largo de los años, dijo que una serie de empleadores se aprovecharon de este miedo, amenazándole con la deportación.
“Multiplican el trabajo, no te pagan bien, no te dejan comer, te quieren siempre ahí trabajando, trabajando, trabajando como un esclavo”, dijo Billy en una entrevista en español, pidiendo que sólo se le identificara por su apodo por miedo a represalias. “Tienen todo el poder”.
En todo el país, los servicios de restauración encabezan la lista del Departamento de Trabajo de “industrias con bajos salarios y muchas infracciones”, basándose en un elevado número de violaciones del salario mínimo y de las horas extras, entre otras incidencias. En Massachusetts, el negocio de la gastronomía también encabeza una lista federal de infractores de la ley de salarios y horas en el estado.
Los restaurantes encabezan la lista de industrias con infracciones en materia de salarios y horarios en Massachusetts
Estos datos incluyen todas las empresas que han recibido al menos una infracción en materia de salarios y horas en una acción de cumplimiento federal concluida desde el año fiscal 2005.
Son malas noticias para los trabajadores, por supuesto. Pero muchos especialistas laborales afirman que el robo de salarios y otras infracciones también pueden ser síntoma de un delito mucho más preocupante: el trabajo forzado, o tráfico de mano de obra.
La distinción, basada en la legislación federal, depende de si se obliga a las personas a trabajar mediante “el uso de la fuerza, el fraude o la coacción”. Las prácticas explotadoras incluyen obligar a la gente a trabajar para saldar deudas o amenazar con “violencia u otra forma de castigo”, según la Oficina Federal contra la Trata de Personas.
Y mientras que los casos de salarios y horas de trabajo no son infrecuentes, las infracciones por trata de personas casi nunca se persiguen. Billy dijo que durante mucho tiempo comprendió que era víctima de robo de salario, pero ahora también cree que fue víctima de trata, obligado a trabajar por miedo a lo que pasaría si dejaba de hacerlo.
“Tenemos miedo de hablar, de enfrentarnos a la realidad”, afirma. “Lo que viví es muy triste”.
Víctimas como Billy están a nuestro alrededor, dicen los expertos en la lucha contra la trata, trabajando por poco o ningún salario en restaurantes de Massachusetts, obras de construcción, granjas y como empleadas domésticas en casas particulares. Pero una investigación en curso del GBH News Center for Investigative Reporting descubrió que a menudo las víctimas no saben cómo acceder a la ayuda o incluso no reconocen que sus abusos han alcanzado el nivel de trata. Pasan desapercibidas en lo que suele denominarse esclavitud moderna.
El sector de la gastronomía, con unos 16.000 establecimientos de comida y bebida en el estado, es una parte vibrante de la economía de Massachusetts. Pero los defensores de los trabajadores dicen que las condiciones también son propensas a la explotación en los negocios que a menudo están abiertos desde la mañana hasta la noche, impulsados por mano de obra inmigrante y de bajos salarios, especialmente en los trabajos «de fondo de la casa» como el lavado de platos, limpieza y preparación de alimentos.
“Es un trabajo duro, rápido, exigente, peligroso en el sentido de que la gente puede quemarse o cortarse”, afirma Thomas Smith, director ejecutivo de Justice at Work, una organización sin fines de lucro de Boston. “Es el tipo de trabajo que la gente que tiene otras opciones no va a querer hacer. Tienes una mano de obra que es más fácilmente explotable”.
GBH News entrevistó a media docena de trabajadores de restaurantes que dijeron que estaban atrapados en trabajos de restaurante con salarios bajos y muchas horas de trabajo, pero que tenían demasiado miedo para hablar, preocupados por su estatus migratorio o por cómo sobrevivirían sin trabajo, incluso un trabajo que sabían que era explotador. Los detalles sobre las 80 horas semanales de trabajo, la falta de pago de las horas extraordinarias y los salarios por debajo del mínimo eran un denominador común.
Stephen Clark, presidente de la Asociación de Restaurantes de Massachusetts, dijo que es injusto vincular las infracciones de las normas sobre salarios y horas de trabajo con el tráfico de personas. Dijo que las quejas sobre salarios y horas pueden incluir muchos tipos de papeleo o cuestiones técnicas, como rellenar incorrectamente un permiso de trabajo para adolescentes o calcular mal las horas extraordinarias. Hay un pequeño número de infracciones documentadas en comparación con el enorme tamaño del sector, argumentó. “Al pintar con brocha gorda, se perjudica al 99% de los operadores que hacen lo correcto”, dijo Clark a GBH News en un correo electrónico.
Otros, como Alfonso Neal, defensor de los trabajadores de Northampton, afirman que la explotación es tan generalizada que resulta difícil disfrutar de una comida fuera.
“El mero hecho de saber por lo que pasan, por las luchas que tienen: las violaciones de la salud y la seguridad, la explotación, el robo de salarios, realmente hace que salir a sentarse a un restaurante sea un poco más difícil”, dijo Neal, que es codirector ejecutivo del Centro de Trabajadores de Pioneer Valley.
El otoño pasado, la fiscalía federal presentó cargos por tráfico de seres humanos contra los propietarios de dos restaurantes brasileños de Woburn, Massachusetts, alegando que empleaban a trabajadores que habían sido traídos de forma clandestina a Estados Unidos, puestos a trabajar durante largas horas con un salario escaso o nulo, mientras se enfrentaban a enormes deudas por el coste de su viaje y a amenazas de deportación o algo peor si se quejaban.
Ahora, algunos defensores de la lucha contra el tráfico de personas afirman que los fiscales perdieron la oportunidad de presentar cargos por tráfico de personas contra los dos hombres y enviar el mensaje de que en Massachusetts se toman en serio los presuntos abusos laborales. Julie Dahlstrom, directora del Programa de Derechos de los Inmigrantes y Trata de Seres Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Boston, dijo que los documentos presentados ante el Tribunal de Distrito de Massachustts describen signos de trabajo forzoso, incluida la servidumbre por deudas y la coacción.
“Vemos señales extremadamente claras de trata en este caso”, dijo. «Me parece preocupante que en un caso como este, parece que hay víctimas que están involucradas en el proceso, pero son identificadas como informantes, no como víctimas».
Funcionarios de la Fiscalía Federal declinaron hacer comentarios sobre el caso de Woburn. Los fiscales federales de Massachusetts sólo han ganado un caso de trabajos forzados en el estado en más de 20 años, mientras que los fiscales estatales aún no han ganado ningún caso, según averiguó GBH News.
La fiscal federal Rachael Rollins declaró a GBH News en septiembre que quiere que haya más procesamientos por trabajos forzados. Creó una unidad de trata de seres humanos en su oficina y planea aumentar la educación para prevenir los abusos y presentar más casos.
“Se denuncia muy poco. Se investiga muy poco y se persigue muy poco”, afirmó Rollins. “Espero que en un futuro próximo hablemos mucho más de este tema”.
¿Contrabando o tráfico?
Una madrugada de octubre, agentes federales y locales se abalanzaron sobre Woburn para asaltar dos pequeños restaurantes brasileños, Taste of Brazil y Dog House Bar and Grill.
Cargaron con cajas de pruebas y detuvieron a Jesse y Hugo Moraes, padre e hijo, acusados de trabajar con un familiar en Brasil para reclutar trabajadores que supuestamente acumulaban enormes deudas para venir a Estados Unidos.
Los hombres se declararon inocentes y fueron puestos en libertad mientras el caso sigue su curso en el tribunal federal. Fueron acusados de “conspirar para alentar e inducir a un extranjero a venir, entrar y residir en los Estados Unidos con el propósito de obtener una ventaja comercial o beneficio privado”.
Un abogado de Jesse Moraes declinó hacer comentarios para este reportaje. El abogado de Boston Paul Kelly, que representa a Hugo Moraes, dijo que las pruebas demostrarán que su cliente no es culpable.
“Confiamos en que las pruebas en este caso demostrarán que el señor Moraes no tuvo participación en ninguna actividad de ‘contrabando humano’ ni en ningún esfuerzo por evadir la ley a sabiendas”, escribió Kelly en un correo electrónico. “Nuestro cliente ha trabajado duro durante muchos años para construir su negocio de restaurante y ofrecer un producto de calidad y un servicio al cliente acogedor en la ciudad de Woburn”.
Ninguno de los testigos fueron identificados en los registros judiciales, cuyos géneros están ocultos por pronombres neutros. Pero sus historias describen una vida de miedo, pobreza y trabajos forzados.
Uno de los testigos contó a los investigadores federales que pagaron 32.000 dólares para introducir clandestinamente a su familia de cuatro miembros en Estados Unidos. Contaron que se instalaron en una casa propiedad de un pariente de la familia Moraes, que les pagaban 3 dólares la hora y que trabajaban de 7 de la mañana a 9 de la noche. Cuando se quejaron, dijeron que los propietarios les dijeron que ya no podrían vivir en la casa; Jesse les dijo que si no cooperaban, “llamarían a inmigración y harían que los deportaran”, según los registros judiciales.
Otro trabajador dijo que aceptaron pagar 22.000 dólares para venir a Estados Unidos con tres hijos, pero que pronto desearon no haber venido nunca. Dijeron que trabajaban de 6:30 de la mañana a 10:30 de la noche, ganando unos 100 dólares en efectivo a la semana. Estaban confusos por lo que les pagaban y por cuánto iban a pagar de su deuda. “Incluso pensé en volver a Brasil, pero ¿cómo voy a volver?”, dijo el testigo en una conversación grabada. “Ni siquiera sé cuánto debo”.
Talia Barrales, abogada de inmigración con sede en Boston, dijo que le frustra que los propietarios no hayan sido acusados de tráfico de personas. Barrales dijo que las amenazas supuestamente recibidas por los trabajadores inmigrantes son una señal de fuerza, y las preocupantes condiciones de trabajo son una señal de que fueron defraudados para venir a Estados Unidos.
“Si a estas personas les dijeran… ‘Vas a venir a una situación en la que nunca vas a dejar de trabajar, tu deuda va a estar en tu contra todo el tiempo, no tienes seguridad, tenemos todo el control para ti’, no sé si todos ellos firmarían por eso”, dijo.
Milagros Barreto, directora del Centro de Trabajadores Inmigrantes de la coalición sin fines de lucro Massachusetts Coalition for Occupational Safety & Health, dijo que es decepcionante que los trabajadores cuenten sus historias y no sean tratados como víctimas.
“No es fácil hacer que una persona hable de esos traumas. Es muy, muy, muy difícil”, dijo. “Y luego, cuando lo haces, esperas algo: justicia”.
“Si a estas personas se les dijera… ‘Vas a entrar en una situación en la que nunca vas a dejar de trabajar, tu deuda se mantendrá contra ti todo el tiempo, no tienes seguridad, tenemos todo el control para ti’, no sé si todos ellos firmarían por eso”.
TALIA BARRALES, ABOGADA DE INMIGRACIÓN
Los cargos penales como el caso de contrabando presentado en Woburn -incluso sin acusaciones de tráfico- son raros. En la mayoría de los casos, los dueños de restaurantes son acusados de violar las leyes federales y estatales de salarios y horas.
En el año fiscal 2022, la Oficina del Fiscal General de Massachusetts evaluó más de más de 951.000 dólares en multas y restitución por casos de salarios y horas en la industria de la hospitalidad, afectando a más de 1.500 trabajadores.
En octubre, un tribunal federal ordenó a los propietarios de dos restaurantes de Boston pagar casi $200,000 en salarios atrasados y otras sanciones. La sentencia se produjo después de que una investigación del Departamento de Trabajo descubriera que los restaurantes no habían pagado a algunos trabajadores el salario mínimo federal de 7.25 dólares la hora, además de incumplir los requisitos sobre horas extraordinarias.
Los propietarios de los dos restaurantes, Simco’s Roslindale y Simco’s Mattapan, no pudieron ser localizados para hacer comentarios.
Carlos Matos, director de distrito de salarios y horas del Departamento de Trabajo para la oficina de Boston, dijo a GBH News que sus investigadores a menudo encuentran problemas en los restaurantes. “Es una industria de salarios bajos en la que va a haber problemas”, dijo. “Los encontramos a menudo”.
Dijo que su personal recibe formación sobre cómo identificar el tráfico de personas y, si se encuentran indicadores, trabaja para ayudar a las víctimas y colaborar con las fuerzas del orden. Pero la oficina local del Departamento de Trabajo tiene sólo 16 investigadores para investigar las quejas laborales o visitar proactivamente los lugares de trabajo en medio de todas las industrias del estado.
José Benítez, de Arlington, dijo que incluso cuando los trabajadores hablan, rara vez hay justicia. En 2017, Benítez se unió a una docena de trabajadores para presentar una demanda civil contra una cadena de restaurantes locales por salarios no pagados, falta de horas extras y amenazas. Benítez dijo que el grupo, frustrado por la falta de pago, salió un día y cerró las puertas detrás de ellos. El caso terminó en un acuerdo no revelado, que Benítez describió como mínimo. “¿Qué gano yo hablando de esto?”, preguntó en español. “La mayoría de la gente no dice nada”.
Nancy Rodríguez dijo que ahora se siente cómoda usando su nombre porque tiene papeles legales para trabajar.
Pero después de emigrar de El Salvador en 2014, dijo que tomó un trabajo en un restaurante de North End, ganando $10 por hora en efectivo lavando platos, limpiando baños y preparando comida. Dijo que trabajó 12 horas al día -sin descanso ni pago de horas extras- durante unos tres años. Pero lo que realmente le preocupaba era cómo la trataba su jefe.
“El dueño era muy abusivo. Te gritaba, te insultaba”, dice en español. “Pensaba que como no tenía número de la Seguridad Social en este país, no podía decir nada. Tenía mucho miedo”.
Dijo que finalmente renunció, saliendo llorando, después de un altercado verbal y que ahora trabaja en una cadena local de comida rápida que la trata de forma justa. Nunca presentó una queja oficial contra su empleador. Mirando hacia atrás, dice que no está segura de si fue oficialmente víctima de trata o de un nivel inferior de explotación, pero que eso ya no le importa.
“Fui una víctima”, afirma.
Amy Farrell, directora de la Escuela de Criminología y Justicia Penal de la Northeastern University, dijo que si los reguladores dedicaran más tiempo a escuchar a los trabajadores y se centraran en los delitos de menor nivel, podrían detener la explotación antes de que se convirtiera en trata. Ella y otros investigadores han estudiado casos federales de trata de personas en distintos sectores y han descubierto que, antes de que se produjera trabajo forzoso en una empresa, había un rastro de infracciones en materia de salarios y horarios.
“Estos son todos los lugares en los que, de hecho, si alguien hubiera prestado atención a esto en estos puntos anteriores, podríamos haberlo detenido”, dijo. “Se podría haber parado antes de que la red se volviera más sofisticada. Se podría haber detenido antes de que se produjeran los daños”.
Smith, de Justice at Work, cree que hay que proporcionar más recursos a los grupos sindicales que capacitan a los trabajadores explotados. Se resiste a utilizar la palabra «víctima» para referirse a quienes buscan una vida mejor.
“Ya son líderes, dadas las experiencias vitales y los retos que han superado”, afirma.
El valor de defenderse
Billy es un hombre pequeño y delgado, de pelo negro azabache corto y porte amable.
Le encanta trabajar en la cocina. Le gusta dar de comer a la gente. Está orgulloso de su progreso profesional, empezando como friegaplatos y trabajando ahora como cocinero.
Pero también ha luchado contra el trauma psicológico de un horario agotador con poco sueldo y el abuso verbal de una serie de malos jefes. Dice que ha trabajado en unos ocho restaurantes desde su llegada a Massachusetts, y describe la mitad de ellos como explotadores.
Dice que es católico y que su religión también le ha ayudado a superar sus dificultades.
Tras varios años en su primer empleo, se unió a un grupo de empleados para reclamar salarios atrasados. Conoció sus derechos -que los trabajadores indocumentados también deben cobrar el salario vigente- con la ayuda de la Coalición de Massachusetts para la Seguridad y la Salud en el Trabajo. “Me enseñaron a valorar y conocer los beneficios de este país”, dijo.
Billy habló por primera vez con GBH News dispuesto a utilizar su nombre completo con la esperanza de ayudar a otros a comprender mejor sus derechos. Más tarde, solicitó el anonimato tras darse cuenta de que había firmado un acuerdo de confidencialidad con otro de sus antiguos empleadores al que había desafiado en un litigio judicial sobre horas extraordinarias, y temía represalias. Dice que ahora está más sano, física y mentalmente, y trabaja (sólo) 45 horas a la semana en un restaurante de la zona de Boston, cobrando 21 dólares la hora.
También ha hablado con un abogado que le está ayudando a conseguir el llamado visado T para personas que pueden demostrar que han sido víctimas de una forma grave de trata. Tiene esperanzas de obtener papeles legales y poder ser más abierto con su defensa.
“Permanecemos ocultos, como prisioneros en este país”, afirma. “Estoy cansado de ser un prisionero”.
Los periodistas de GBH Phillip Martin y Sarah Betancourt han contribuido a este artículo. La serie Trafficking Inc. forma parte de una asociación con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación y otros medios de comunicación.
Por Jenifer McKim / GBH News
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