El gobernador de Santa Cruz permanece encarcelado en el penal de Chonchocoro desde fines del año pasado. La palabra de su abogado, Martín Camacho
Al gobernador del departamento boliviano de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, recluido en el penal de Chonchocoro desde fines del año pasado, la Justicia de ese país le dictó esta semana prisión preventiva por 60 días por el llamado caso “Decretazo”. Sin embargo, el nuevo fallo está plagado de irregularidades, denunció su abogado, Martín Camacho, en diálogo con Infobae.
El juez Segundo Anticorrupción José Quiroz fue quien dictaminó la medida contra el político opositor. La investigación apunta al decreto que firmó en marzo del año pasado al designar a su secretario de Gestión Institucional, Miguel Navarro, como gobernador interino pese a que estaba en funciones el vicegobernador Mario Aguilera. La decisión la tomó por un viaje que hizo a Brasil para participar de un encuentro de gobernadores de la región.
A raíz de esto, Luis Fernando Camacho fue imputado por los supuestos delitos de incumplimiento de deberes, resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, y nombramientos ilegales.
“El miércoles pasado, en una audiencia de medidas cautelares, se impuso una nueva detención preventiva en contra del gobernador del departamento de Santa Cruz en el marco de la investigación por la emisión del Decreto Departamental 373″, comenzó Martín Camacho su relato a este medio.
Y subrayó: “Lo inaudito de esta investigación es que el fiscal de materia, el doctor Arce, no ha podido demostrar ni siquiera la existencia del decreto. Simplemente cuenta con una fotocopia simple del mismo. Tampoco puede explicar de qué manera ha obtenido esa fotocopia”.
El abogado de Camacho indicó que la detención preventiva, dentro de la investigación, tiene “un carácter instrumental. Es decir, cumple con dos prerrogativas: en primer lugar, asegurar la presencia del imputado en la investigación; y, en segundo término, asegurar que la investigación se desarrolle sin actos de obstaculización por parte del imputado”.
“Estando ya detenido el gobernador Camacho es imposible que pueda obstaculizar o darse a la fuga y esto no lo ha considerado el juez al ordenar una nueva detención”, denunció el letrado; al tiempo que manifestó: “Pero lo más grave, que incluso llega a la comisión de un delito por parte del fiscal y del juez, es haber ordenado la detención en el centro penitenciario de Chonchocoro cuando la ley de procedimiento penal es clara al indicar que las detenciones deben obligatoriamente cumplirse en el lugar en donde se desarrolla la investigación. Por lo tanto, correspondía que la detención se cumpla en el departamento de Santa Cruz en todo caso”.
Por último, Martín Camacho informó que la decisión judicial ya fue apelada con el objetivo de que un tribunal superior revise la resolución.
La familia de Camacho encabezó una marcha en Santa Cruz
La Asociación de Familiares de Víctimas, Presos y Perseguidos Políticos, liderada por la madre de Luis Fernando Camacho y sus hijos, encabezó una marcha en Santa Cruz este viernes por la noche. Exigieron el cese de la persecución y la liberación de los presos políticos, entre ellos el gobernador cruceño.
Luis Fernando Camacho Parada, hijo del líder opositor encarcelado, manifestó: “Esta es una lucha por la democracia y para que no se instale una dictadura. El último golpe no se lo ha dado solo al gobernador, ha sido a todo un pueblo porque con ello se lleva el 55% de los votos en Santa Cruz”.
Según consignó el periódico local Página Siete, los manifestantes se concentraron en la zona del monumento del Cristo Redentor de la capital cruceña y recorrieron las calles hasta la plaza 24 de Septiembre. Durante la movilización, activistas realizaron un recuento de los perseguidos políticos y señalaron que seguirán la lucha.
De acuerdo a lo que recogió el medio citado, la activista Lilibeth Coímbra sostuvo: “Soy de familia humilde y no tengo color político. Nunca he ejercido un cargo público. Mi delito fue expresarme en contra del gobierno, por lo cual un ministro me demandó por cinco delitos en los que no tenía nada que ver”.
El caso “Golpe de Estado I” y el paro de 36 días
El mes pasado, el juez primero de Instrucción Anticorrupción, Mario Helmer Laura, dio lugar al pedido de la Fiscalía luego de que Camacho fuera imputado por los delitos de financiamiento al terrorismo, cohecho activo, seducción de tropas, instigación pública a delinquir y asociación delictuosa; así como uso indebido de bienes y servicios públicos.
Todo esto por los hechos suscitados en la crisis de 2019, que derivaron en la renuncia del entonces presidente Evo Morales, quien fue denunciado por fraude en los comicios de ese año. De esa forma, le ampliaron la prisión preventiva por cuatro meses.
Además, la Fiscalía Especializada en Delitos Anticorrupción, Legitimación de Ganancias Ilícitas, Delitos Tributarios y Aduaneros de La Paz —a cargo de la fiscal Magaly Violeta Bustamante Herbas—, imputó al gobernador de Santa Cruz por el paro de 36 días que se llevó adelante el año pasado a favor del censo en Bolivia.
Su abogado confirmó en su momento a este medio que se pidieron seis meses de prisión preventiva para el político opositor por ese caso y que fue el único apuntado pese a que había otros investigados.
Los delitos que se le imputaron fueron los de resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, racismo, discriminación, atentados contra la libertad de trabajo, atentados contra la seguridad de los servicios públicos y desórdenes o perturbaciones públicas.
Quién es Luis Fernando Camacho
Luis Fernando Camacho fue el líder de la rebelión boliviana que denunció fraude en los comicios de 2019 en los que venció el ex presidente Evo Morales. Este abogado con maestría en derecho tributario en la Universitat de Barcelona ganó notoriedad como presidente del Comité Pro-Santa Cruz, un conglomerado de entidades empresariales, vecinales y laborales de la región más rica de Bolivia.
Tras las elecciones del 20 de octubre de 2019, convocó a las primeras protestas para denunciar fraude en las urnas. Las manifestaciones comenzaron en Santa Cruz pero se extendieron rápidamente a otras ciudades del país, incluida La Paz.
La noche del 4 de noviembre, mientras las protestas iban en aumento, Camacho voló de Santa Cruz a La Paz para forzar a Morales a firmar una carta de renuncia que él mismo había redactado. Sin embargo, tuvo que regresar a su bastión, impedido de salir del aeropuerto por la presencia de manifestantes oficialistas.
Camacho se convirtió en el rostro más visible de la oposición a Morales tras los comicios de 2019, aunque no había sido candidato a la Presidencia. Aliados suyos integraron el gabinete de la ex jefa de Estado interina Jeanine Áñez, entre ellos Jerjes Justiniano, en el influyente cargo de ministro de la Presidencia. Sin embargo, la mandataria lo apartó tres semanas después.
Justiniano había sido clave para alcanzar acuerdos de pacificación con sindicatos de campesinos y obreros leales a Morales, y para concertar una ley con los parlamentarios de izquierda que controlaban el Congreso para convocar a nuevas elecciones generales en 2020.
Al poco tiempo, la ruptura entre Camacho y Áñez quedó sellada cuando ambos lanzaron sus candidaturas para las elecciones de 2020. Ella luego la retiró por carecer de opciones de triunfo.
En esos comicios, el candidato del Movimiento al Socialismo (MAS), Luis Arce, se alzó con la victoria con el 55,11 % de los votos. En segundo lugar, terminó Carlos Mesa, con el 28,83 %; y tercero, Camacho, con el 14,00 %.
Luis Camacho es gobernador del Departamento de Santa Cruz desde el 3 de mayo de 2021.
infobae.com
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