La aprobación que tuvo, esta semana, la reforma a la ley de salud en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes de Colombia, representa una bocanada de oxígeno a la vía institucional que ha diseñado el presidente Gustavo Petro para lograr cambios estructurales en su país.
Demostró que los actores políticos pueden llegar a acuerdos pragmáticos. Los mismos fueron acordados tanto por los promoventes, que han retirado algunos artículos y modificado otros, como por los partidos de la U y Liberal, que han terminando votando a favor después de las negociaciones y cuyos curules son determinantes para la aprobación definitiva en la plenaria y luego en el Senado.
La votación final en la comisión ha permitido no solo que la reforma a la ley en cuestión siga viva, sino también que la arquitectura de propuestas de cambio de Petro tenga chance de sobrevivir al bloqueo que se le ha venido imponiendo.
Este avance elude un bloqueo institucional
Una vez acabada la luna de miel con el nuevo presidente Gustavo Petro, las fuerzas conservadoras comenzaron a cercarle políticamente.
Los partidos Liberal y de la U, que le apoyaron para la reforma tributaria, han roto con él de manera formal y se destinaron durante varias semanas a obstaculizar las reformas de salud, pensional y de trabajo que emprendió su administración desde el comienzo, pero que no ha podido llevarlas a cabo en un ambiente legislativo que, en pocos meses, ha pasado de consensual a enrarecido, pero a que partir de esta semana, aún genera esperanzas de arreglo.
La refriega pública de Petro con el fiscal general, Francisco Barbosa, también ha erosionado el ambiente institucional, especialmente cuando la Corte Suprema le pidió al presidente que reconociera la autonomía de la Fiscalía, lo que fue respondido afirmativamente por el mandatario, quien está denunciando el encubrimiento del Ministerio Público en casos graves de asesinatos masivos, mientras Barbosa se niega a compartir información oficial al respecto.
Toda una maniobra de neutralización institucional.
Por otra parte, la violencia social se ha recrudecido en algunos territorios. Tanto con las disidencias de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), que mataron a cuatro niños indígenas por no someterse a su reclutamiento, como con el Clan del Golfo, señalado por otros hechos de violencia. Esto ha obligado al gobierno a romper el cese bilateral del fuego, lo que ha puesto en entredicho el proceso de ‘paz total’, que es una política bandera de la administración progresista.
De la misma forma, la intención de avanzar con la reforma agraria, por la vía de la compra estatal de tierras, también se ha estancado. El acuerdo del gobierno con la Federación de Ganaderos (Fedegan), en octubre de 2022, para la compra de tres millones de hectáreas, parecía una victoria temprana de su gestión, pero, pasado el tiempo, el desarrollo de esta política parece perder vigor.
Bogotá y Caracas
En el plano internacional, la apuesta de Petro hacia una resolución del conflicto en Venezuela, que levantó importantes expectativas durante la conferencia internacional organizada en abril por la Presidencia en Bogotá, no ha rendido frutos en la normalización del conflicto interno tan rápido como lo deseaba. Aunque hubo cambio de encargado de negocios de Washington para Caracas, y algunos tenues levantamientos de sanciones, los tiempos electorales en Venezuela comienzan a ejercer presión sobre la toma de decisiones que no terminan de agilizarse por parte de la administración del presidente de EE.UU., Joe Biden.
Mientras se complican los flujos de gestión a diferente escala, los medios de comunicación van subiendo el nivel de confrontación. Especialmente luego del escándalo de corrupción en el que se relacionó a su hijo Nicolás Petro y de la reciente avanzada contra la vicepresidente Francia Márquez.
Todas estas acciones buscan erosionar el respaldo de los sectores populares y los movimientos sociales que llevaron a la fórmula Petro/Márquez al triunfo político.
Es decir, se han implementado un conjunto de movimientos paralelos en diversas planos, que buscan jaquear al rey y la reina. No tanto para declarar un ‘jaque mate’ por ahora, sino para neutralizar las iniciativas de transformación y debilitarlos en el terreno en el que la fórmula Petro/Márquez es fuerte: el electoral. Sin duda, todas estas acciones buscan erosionar el respaldo de los sectores populares y los movimientos sociales que los llevaron al triunfo político.
Sin salidas políticas, la desazón puede cundir en las filas progresistas y, por el contrario, movilizar a las del adversario.
La idea de un golpe de Estado ha comenzado a ser planteada por sectores reaccionarios y denunciada por el propio presidente. Por todo esto, y viendo cómo hay un intento serio de cercarle políticamente, Petro ha venido planteando otros escenarios.
Petro busca una salida
A fin de cuentas, el panorama institucional luce inquietante, especialmente porque no se comprende bien qué opciones podrían tener las fuerzas progresistas si terminan de cerrarse los canales institucionales y democráticos.
Ante esto, en sus alocuciones públicas, Petro ha interpelado a los sectores populares, invitándolos a movilizarse para conquistar las mejoras sociales que propone en un escenario de calle y protesta.
No se comprende bien qué opciones podrían tener las fuerzas progresistas si terminan de cerrarse los canales institucionales y democráticos.
El espíritu del estallido que ha estado reprimido, encarcelado y criminalizado, incluso durante el presente gobierno debido a las causas legales, comienza a hacerle falta al petrismo si quiere sacudirse los factores que le están inmovilizando.
De la misma forma, el presidente colombiano, ante el estancamiento en la compra de tierras por parte del Estado, ha dicho: “nos obligan a las formas más radicales para ir por la tierra, cuando pudo ser más tranquilo”.
La vía institucional para conseguir logros socio-económicos parecía cerrarse, pero este triunfo de la reforma de la ley de salud en el legislativo aunque es una victoria aún parcial, podría abrir una ventana y permitir la sobrevivencia de las expectativas político-institucionales, por sobre las turbulencias sociales.
Las próximas semanas, la ley será discutida en plenaria y en el Senado. Será entonces cuando se pueda considerar si la propuesta de cambio del petrismo puede sobrevivir en el ambiente institucional o va a tener que hacer uso de otros escenarios.
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