La renuncia masiva de 83 docentes e investigadores, sumada a salidas de trabajadores nodocentes y a un aumento de los pedidos de jubilación anticipada, encendió una fuerte señal de alarma en la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires. El cuadro, según advirtió la propia conducción de la unidad académica, amenaza con afectar el normal desarrollo del ciclo lectivo 2026 y expone el deterioro estructural que atraviesa el sistema universitario público.
La decana de la FAUBA, Adriana Rodríguez, sostuvo que la institución está perdiendo perfiles altamente calificados, muchos de ellos con posgrados, trayectoria en investigación y reconocimiento internacional, que se ven empujados a continuar sus carreras fuera del país ante la imposibilidad de sostener condiciones salariales adecuadas. La advertencia no aparece en un vacío: la crisis de ingresos del sector universitario viene siendo denunciada por la UBA y por los gremios docentes desde 2025, con reiterados reclamos por recomposición salarial y financiamiento.
El conflicto en Agronomía se inscribe en una crisis más amplia. La Universidad de Buenos Aires ratificó la emergencia salarial y presupuestaria y reclamó al Poder Ejecutivo la aplicación inmediata de la Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria, además de una actualización de salarios que acompañe la inflación. En paralelo, los gremios universitarios vienen advirtiendo que los incrementos dispuestos por el Gobierno quedaron por debajo de la suba de precios y profundizaron la caída del poder adquisitivo de docentes y nodocentes.
En ese contexto, el caso de FAUBA funciona como un indicador sensible del deterioro del sistema. La preocupación ya no pasa solamente por la pérdida de salario real, sino por sus efectos concretos sobre la estructura universitaria: menos docentes disponibles, mayor dificultad para cubrir materias, debilitamiento de equipos de investigación y una presión creciente sobre las tareas de gestión y extensión. La fuga de profesionales formados no implica solo vacantes; supone también la pérdida de experiencia acumulada, dirección académica y capacidad científica.
Distintos antecedentes internos y señales institucionales refuerzan la gravedad de la situación. En documentos y circuitos vinculados a la facultad ya se había advertido un aumento sostenido de renuncias en los últimos años, con un peso cada vez mayor de los motivos económicos y salariales. Eso vuelve más verosímil la alarma actual y explica por qué la conducción de la facultad resolvió visibilizar el conflicto como un problema que excede a una sola unidad académica.
El reclamo de fondo apunta a evitar un escenario de desmantelamiento paulatino. En la UBA sostienen que áreas estratégicas como la salud, la investigación y la enseñanza superior no pueden sostenerse con presupuestos degradados ni con salarios en retroceso. En las redes y sitios gremiales, la discusión ya se proyecta hacia un cuatrimestre de alta conflictividad, con paros, acciones de visibilización y nuevas medidas de fuerza en defensa del sistema universitario público.
Con este panorama, la advertencia de la FAUBA adquiere un peso político e institucional mayor: no se trata solo de una facultad que pierde personal, sino de una universidad que empieza a ver comprometida su capacidad de sostener su funcionamiento básico. Si la recomposición salarial y la aplicación efectiva de la Ley de Financiamiento no llegan en el corto plazo, el impacto podría trasladarse del conflicto gremial a la vida cotidiana de las aulas, los laboratorios y los proyectos de investigación.
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