Días pasados, la ministra de Defensa Nacional, Sandra Lazo, planteó en una entrevista televisiva su interés en conocer con mayor precisión cómo se produjo el desembarco de Cardama en el proceso de contratación de las patrulleras oceánicas. “Me gustaría saber de mano de quién llegó Cardama”, señaló la secretaria de Estado.
Además, defendió la decisión de rescindir el contrato y afirmó que la misma no obedeció a un sesgo partidario como se sostuvo desde la oposición. Como argumento, mencionó que en el presupuesto nacional ya estaban contemplados los costos de traslado de las patrulleras, lo que —a su entender— demuestra que el Ejecutivo no actuó con una intención política previa de desarticular el proyecto.
Una alta fuente del área naval, que solicitó no ser identificada, dialogó con el Diario La R sobre el proceso de selección de las patrulleras oceánicas para Uruguay, las decisiones adoptadas por el Ministerio de Defensa Nacional, y una serie de hechos que, a su entender, comprometieron la transparencia del procedimiento. Hora de hacer preguntas, en el marco de la investigación que se abre en el Parlamento.
—¿Cuál es el principal cuestionamiento al proceso de selección de los patrulleros oceánicos?
—La necesidad de contar con patrulleros es incuestionable. Lo preocupante no es el objetivo, sino el camino elegido. Desde el inicio se advierte un proceso poco transparente, con decisiones tomadas antes de que existieran las condiciones mínimas de análisis técnico y comparativo entre oferentes.
—¿A qué hechos concretos se refiere?
—Por ejemplo, a la designación de una Comisión Asesora para evaluar propuestas cuando ya se había producido un viaje oficial del entonces subsecretario de Defensa a España, en mayo de 2023, para visitar un único astillero: el astillero Cardama, en Vigo. Ese viaje ocurrió más de un mes antes de que se conformará la comisión que debía garantizar la transparencia del proceso.
—¿La visita fue financiada por el astillero?
—No. Fue una misión oficial, costeada por el Estado uruguayo. Se abonaron pasajes y viáticos. Y eso abre una pregunta lógica: ¿por qué se consideró “conveniente” visitar un solo astillero, dedicado mayoritariamente a reparaciones pesqueras, y no otros oferentes que habían presentado propuestas y habían invitado formalmente a conocer sus instalaciones?
—¿Se elaboró algún informe técnico tras esa visita?
—No consta ningún documento producido por el subsecretario que describa capacidades instaladas, recursos humanos, actividad industrial reciente o trabajos concretos realizados durante los tres días de estancia en Vigo. Tampoco surge que se haya contrastado esa información con otros astilleros.
—¿Cardama contaba antecedentes en la construcción de patrulleros oceánicos?
—No. No ha construido patrulleros oceánicos ni buques de porte comparable. Basta revisar registros públicos de la industria naval española. Incluso las imágenes aéreas del astillero muestran gradas sin actividad constructiva relevante en los últimos años. Las dimensiones del varadero Cardama son menores a las que dispone el Dique de la Armada en el Cerro.
—Sin embargo, fue considerado la mejor opción.
—Así es. El OPV ofrecido por Cardama –repito, a pesar de la falta de antecedentes- terminó siendo señalado como la opción preferente, aun sin consenso de los almirantes y sin actas que documenten criterios objetivos de selección. Para una decisión que compromete al país por 30 o 40 años, eso es muy grave.
—También aparece en el expediente una oferta de Colombia.
—Sí. La oferta de OPV de COTECMAR fue entregada en mano a la Armada varias semanas antes del viaje a España. Luego, durante la feria FEINDEF, el subsecretario volvió a recibir información de ese proyecto. Sin embargo, se afirmó públicamente que esa propuesta llegó “en mano” sin mayores explicaciones, lo cual no es del todo preciso.
—¿Qué rol jugó el gobierno español en este proceso?
—El Ministerio de Defensa español envió una nota señalando que Cardama es un astillero civil conocido y que había trabajado anteriormente para organismos del Estado. Pero ese respaldo es político, no jurídico ni financiero. El propio derecho europeo impide al gobierno español garantizar contratos privados. No es un aval suficiente para una inversión de decenas de millones de dólares.
—¿Cardama cuenta con los permisos necesarios para integrar sistemas de armas?
—No figura en el Catálogo de la Industria Española de Defensa 2023–2024, lo que implica que, al momento de evaluar ofertas, no contaba con los permisos para instalar uno o varios de los sistemas propuestos. Eso, técnicamente, lo invalida como oferente en los plazos comprometidos.
—¿Se pidieron garantías bancarias o avales sólidos?
—Ese es otro punto crítico. No se entiende por qué no se exigieron avales bancarios formales o el respaldo de sociedades estatales como PYMAR. Estamos hablando de un contrato cuyo monto supera ampliamente la facturación anual histórica del astillero.
—¿Qué lectura hace de todo el proceso?
—Que hubo una injerencia indebida en favor de un oferente específico, antes y durante el funcionamiento de la Comisión de Selección. Luego, ante el Senado, se sostuvo que todas las propuestas cumplían los requisitos, cuando claramente no era así.
—¿Qué debería ocurrir ahora?
—Revisar todo el procedimiento, transparentar criterios, publicar informes técnicos reales y asumir que la defensa nacional no admite improvisaciones ni decisiones tomadas a medida de un proveedor. La Armada cuenta con profesionales capacitados para evaluar esto con rigor. Ignorarlos es un error estratégico.
Marcelo Falca
Fuente de esta noticia: https://grupormultimedio.com/patrulleras-oceanicas-un-proceso-bajo-la-lupa-id186747/
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