En Uruguay solemos jactarnos de nuestra estabilidad institucional, de la prolijidad administrativa y de esa vocación casi obsesiva por hacer las cosas “a la uruguaya”: con mate, comisión investigadora y acta firmada en triplicado. Sin embargo, el caso de las patrulleras encargadas al astillero español Cardama logró lo impensado: convertir una compra naval en una telenovela política con más capítulos que presupuesto.
El contrato con Cardama prometía modernizar a la Armada Nacional y fortalecer la vigilancia de nuestras aguas. Todo sonaba épico: soberanía marítima, lucha contra la pesca ilegal, defensa de recursos estratégicos. Faltó la música dramática de fondo, porque lo que vino después fue una sucesión de observaciones técnicas, correcciones de planos y ajustes estructurales que parecían escritos por el enemigo.
En cualquier astillero serio, los planos se revisan antes de cortar el acero. Aquí, en cambio, dio la impresión de que el acero cortó la paciencia primero. Informes con objeciones, modificaciones que encarecen, demoras que estiran el calendario como chicle. Cada error técnico se traduce en un pequeño agujero en el casco… y en un agujero más grande en las cuentas públicas.
Lo más fascinante —si uno adopta el humor como mecanismo de supervivencia— es la gimnasia discursiva. Cuando todo marcha bien, la decisión es “estratégica”. Cuando surgen problemas, la culpa es “heredada”, “interpretativa” o “técnica”. El manual político es claro: si la lancha flota, es mérito; si hace agua, es contexto.
Pero detrás del sarcasmo hay una pregunta incómoda: ¿cómo se evaluaron los antecedentes? ¿Qué controles previos se aplicaron? ¿Dónde estuvieron las alarmas tempranas? El Estado no compra un par de gomones para la rambla; compromete millones de dólares en un contrato que impacta en la defensa nacional. Y cuando el proceso de construcción se llena de observaciones, no estamos ante una anécdota, sino ante una señal de alarma.
Mientras tanto, Uruguay sigue esperando patrulleras que, en teoría, ya deberían estar patrullando. La soberanía marítima no se ejerce con comunicados ni con powerpoints. Se ejerce con barcos operativos. Cada mes de retraso es un recordatorio de que la épica naval puede terminar varada en el muelle de la burocracia.
El caso Cardama debería servir como vacuna institucional. No contra España, ni contra la industria naval, sino contra la ligereza en los controles y la tentación de vender anuncios antes de consolidar certezas. Porque cuando el Estado improvisa, el contribuyente financia el ensayo.
Tal vez algún día las patrulleras naveguen sin polémica. Ojalá. Pero por ahora, esta historia parece demostrar que en Uruguay no necesitamos grandes tormentas para naufragar: alcanza con un mal cálculo, una firma apresurada y demasiada fe en que “después se arregla”. Y el mar, como la política, no suele perdonar la improvisación.
Juan Carlos Blanco Sommaruga
Fuente de esta noticia: https://grupormultimedio.com/patrullamos-en-piragua-y-se-termino-el-lio-id185891/
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