A dos años de su detención, la expresidenta Jeanine Añez denunció que está secuestrada por procesos sin fundamento, en una jurisdicción sin competencia para juzgarla y en medio de un sicariato judicial, pero además señaló que el MAS en la Asamblea Legislativa no tuvo los pantalones para llevarla a juicio de responsabilidades.
La Fiscalía General del Estado ya presentó en 2021 ante la Asamblea cuatro proposiciones acusatorias contra Añez, incluyendo el caso Senkata-Sacaba, pero desde entonces el Legislativo no ha autorizado el juicio de responsabilidades por dos tercios.
“El MAS y sus casi 2/3 de cobardes no tuvo ni tiene los pantalones para cumplir la Constitución y aprobar un Juicio de Responsabilidades porque saben que investigar a la luz pública los hechos de 2019 sentaría en el banquillo de los acusados a su jefazo huido y a su cúpula que organizó su escape del país y desprotegió a todos los bolivianos llamando a la confrontación con sus grupos de choque armados”, escribió Añez en una carta.
Los acusadores de Añez optaron por impulsar los juicios contra la exmandataria a través de la vía ordinaria, bajo el argumento de que no habría asumido de manera constitucional y que la oposición bloquea los dos tercios en la Asamblea.
En 2022, Añez ya ha solicitado públicamente a los opositores que aprueben el juicio de responsabilidades, con la finalidad de aclarar los hechos. Sin embargo, los procesos contra la expresidenta nunca llegaron al pleno de la Asamblea, mientras la justicia ordinaria se declaró competente para procesar a la exmandataria.
La defensa de Añez sostiene que le corresponden juicios de responsabilidades por los hechos sucedidos en el ejercicio de presidenta, como Senkata y Sacaba, más allá de la forma en que asumió el cargo.
Dos años detenida
Añez fue aprehendida el 13 de marzo de 2021, por el caso denominado “Golpe de Estado I”.
“Se cumplen 2 años de mi ilegal encarcelamiento, ampliado mediante resoluciones espúreas de detención preventiva como aplicación anticipada de la pena, violando la garantía del principio de inocencia, el debido proceso y el derecho a la defensa, violando tratados internacionales, la Constitución y las leyes bolivianas y todo principio de derechos fundamentales de cualquier persona”, dice su carta manuscrita.
La exmandataria se considera “secuestrada por orden de una comisión de fiscales sin competencia para dirigirse contra una ex Presidente de Bolivia pero que sin ninguna prueba, sin ningún fundamento, sin ninguna declaración de testigos (de algo que no sucedió)”.
Denunció que jueces sin jurisdicción la han obligado a audiencias inquisidoras, donde los fiscales piden aumentar su detención preventiva bajo los mismos argumentos de que faltan actos investigativos. “Dos años después siguen sin tener nada, ni una sola prueba de terrorismo, sedición y conspiración contra Jeanine Añez”, aseveró.
Añez rechazó que la acusen de terrorismo. ¿Qué grupo armado organicé, qué armas porté, qué barcos o aviones secuestré, qué acto para deponer a una autoridad estuvo a mi cargo? El delito de terrorismo tiene todos esos actos difusos e imprecisos en el Código Penal”, cuestionó.
Recordó que el mismo MAS pidió en el pasado declarar inconstitucional el tipo penal de terrorismo, como está definido en el Código Penal.
“Como no soy terrorista, los fiscales y los jueces mandados por el traficante de la justicia Iván Lima, montaron otro proceso en base a otros delitos también inconstitucionales por su definición dispersa y que vulnera las garantías de los derechos humanos: incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes”, lamentó.
Sostuvo que “en Bolivia no existe un sistema judicial porque ha sido suplantado por el sicariato masista”.
Recalcó que su compromiso con el país es trabajar, desde donde se encuentre, para que en las elecciones de 2025 en unidad se derrote desde la oposición a los gobernantes, a quienes calificó de “criminales”.
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