Imagen Personería de Bogotá
Durante el Foro de Seguridad Ciudadana “No Más Cifras: ¡Hablemos y actuemos!”, la voz del personero de Bogotá, Andrés Castro Franco, resonó con una contundencia poco habitual en los discursos oficiales. No habló para maquillar estadísticas ni para repetir diagnósticos que, con el tiempo, se han convertido en un eco gastado. Habló para describir una realidad que hoy marca el pulso de la capital: la seguridad dejó de ser un asunto técnico y se transformó en la preocupación central de millones de habitantes que sienten cómo la violencia atraviesa cada rincón de su cotidianidad.
Castro advirtió que el panorama actual no admite eufemismos. Bogotá cerró 2024 con 1.214 homicidios, y solo hasta octubre de 2025 ya se habían registrado 974 asesinatos, muchos de ellos vinculados a la disputa territorial entre estructuras criminales que han encontrado en la ciudad un escenario de operación cada vez más atractivo y complejo. El dato no se lee únicamente como una cifra: se percibe como un síntoma de un deterioro que golpea simultáneamente a los barrios residenciales, al transporte público, a los entornos escolares y a los espacios donde la vida común intenta abrirse paso.
La extorsión, que hasta hace algunos años se consideraba un delito focalizado, hoy se expande con la fuerza de una amenaza cotidiana. El incremento del 73% —casi 1.500 casos anuales— revela que este fenómeno dejó de ser excepcional y empieza a convertirse en una sombra presente para emprendedores, comerciantes y familias enteras. Al mismo tiempo, los hurtos a personas continúan siendo la expresión más visible de la inseguridad: más de 100.000 casos cada año, lo que implica que, en promedio, más de 300 habitantes son víctimas cada día.
Pero Castro insistió en que la discusión no puede limitarse a la lectura técnica del fenómeno. La seguridad, dijo, es también un acto profundamente humano. Es la sensación de alivio con la que una madre llega a casa después de trabajar; es la serenidad de un niño que camina hacia su colegio sin temor; es la posibilidad de abrir un negocio sin que alguien cobre por permitir que exista. Es, ante todo, el derecho elemental a vivir sin miedo, un derecho que no reconoce estratos, orígenes ni acentos.
En su intervención, el personero subrayó que cada número contiene una historia y que detrás de cada víctima existe un Estado que, en ocasiones, llega tarde. Por eso insistió en que el desafío para las instituciones -incluyéndose a sí mismo- es dejar atrás los discursos y ofrecer resultados que se sientan en la vida diaria de los ciudadanos: mayor coordinación entre autoridades, presencia efectiva en los territorios, protección real para quienes denuncian, investigación sólida que permita enfrentar organizaciones criminales más sofisticadas y estrategias preventivas que ofrezcan a los jóvenes un horizonte distinto al delito.
Castro cerró su intervención con un mensaje que apuntó a la responsabilidad compartida, pero sin diluir la obligación del Estado. La seguridad no se resuelve únicamente desde las instituciones, pero tampoco puede superarse al margen de ellas. Requiere un aparato estatal capaz de trabajar unido, con inteligencia, tecnología, sistemas de información articulados, enfoque de género, capacidad territorial y, sobre todo, con la legitimidad que solo se construye escuchando y respetando a la ciudadanía.
Su llamado dejó en el aire una verdad que trasciende estadísticas y coyunturas: Bogotá necesita recuperar la confianza en su propio futuro, y ese camino exige acciones tan firmes como la voz que hoy reclama, desde la capital, una vida posible sin miedo.
carloscastaneda@prensamercosur.org
