En la ciudad de Potosí, Bolivia, se vive un clima de tensión social y política tras una multitudinaria marcha de protesta que exige la renuncia de los 11 concejales y de la alcaldesa Lesly Flores, elegida el pasado sábado en una polémica sesión del Concejo Municipal. La movilización, encabezada por el Comité Cívico Potosinista (Comcipo), refleja el creciente descontento de la población con las autoridades locales.
El presidente de Comcipo, Alberto Pérez, explicó que las medidas de presión adoptadas por los ciudadanos son de carácter permanente y responden al hartazgo generalizado hacia los concejales, quienes son acusados de realizar negociaciones indebidas, como la venta de cargos y acuerdos con loteadores. Estas prácticas, según Pérez, han deteriorado la institucionalidad y frenado el desarrollo de proyectos esenciales para las distintas zonas del municipio.
Como parte de las acciones de protesta, los manifestantes tapiaron los accesos al edificio municipal ubicado en la plaza central de la ciudad. Los dirigentes cívicos y sociales advirtieron que, si no se presentan renuncias voluntarias por parte de las autoridades cuestionadas, procederán a visitarlas en sus domicilios para entregarles cartas solicitando su dimisión inmediata. Además, denunciaron que los concejales perciben sueldos superiores a los 16 mil bolivianos mientras presuntamente priorizan intereses personales por encima del bienestar colectivo.
Por su parte, la presidenta del Concejo Municipal, Josefina Cruz, rechazó las demandas del movimiento cívico. En declaraciones a los medios, Cruz afirmó que su cargo es resultado del voto ciudadano y señaló que las peticiones de Comcipo tienen un trasfondo político. Esta respuesta fue calificada como un desafío por parte del presidente de Comcipo, quien aseguró que intensificarán las medidas si no se atienden las demandas del pueblo potosino.
Los sectores sociales también han manifestado su descontento. Representantes del sector minero cooperativista advirtieron que, en caso de que las autoridades municipales no renuncien, tomarán medidas más drásticas, incluyendo su expulsión física de las sesiones del Concejo Municipal.
El malestar ciudadano se agudizó tras la sesión del pasado sábado, en la cual se anuló la designación de Waldo Porcel como alcalde interino y se eligió a Lesly Flores como nueva autoridad. Este cambio ha sido duramente criticado debido a la baja ejecución presupuestaria del municipio, que actualmente alcanza solo el 40%. La población teme que un nuevo cambio en la administración retrase aún más la ejecución de obras y proyectos prioritarios para los diferentes distritos y juntas vecinales.
La situación en Potosí es un reflejo del descontento social hacia las autoridades locales y pone sobre la mesa la necesidad de fortalecer los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas en la gestión pública. Mientras tanto, los potosinos han dejado claro que continuarán con sus medidas hasta lograr una solución que responda a sus demandas.
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