Imagen Infopresidencia
El excanciller Luis Gilberto Murillo decidió romper el silencio para entregar su versión sobre uno de los capítulos más espinosos que hoy rodean al Gobierno Nacional: la transición del contrato de pasaportes, un negocio millonario que, durante años, estuvo blindado por la figura de urgencia manifiesta y la falta de competencia real.
Murillo, que dejó el cargo tras intentar abrir la puerta a un nuevo modelo de expedición, asegura que cuando salió del Ministerio de Relaciones Exteriores todo quedó estructurado. “Nosotros dejamos un modelo de pasaportes muy bien diseñado, con respaldo técnico y financiero, y con un aliado internacional listo para firmar. Lo que faltó fue decisión para seguir adelante”, afirmó, en clara referencia a la gestión de la ahora saliente canciller Laura Sarabia.
Según Murillo, durante su mandato se logró negociar un acuerdo con Portugal para producir y personalizar las libretas, mientras la Imprenta Nacional se encargaría de los procesos de revisión documental, agendamiento y captura de datos biométricos. Con este esquema, Colombia buscaba recuperar soberanía sobre la información sensible de millones de ciudadanos y dejar atrás la dependencia de la firma Thomas Greg & Sons, que ha dominado la expedición de pasaportes por más de una década.
“El ministro Paulo Rangel me confirmó que Portugal estaba listo desde enero. Se hicieron reuniones, visitas técnicas y ajustes de cifras. Todo estaba preparado para firmar y comenzar producción en septiembre. Pero tras mi salida, la Cancillería se quedó sin avanzar. Se perdieron cinco meses valiosos”, insistió Murillo.
Para él, la narrativa de que no hubo empalme es insostenible: “Nos reunimos en 15 ocasiones, cinco de ellas dedicadas solo al nuevo modelo de pasaportes. Entregamos informes, anexos y toda la documentación. Decir ahora que no hubo información es una excusa para tapar una falta de decisión”.
En medio de este cruce de versiones, la presión recayó en la Casa de Nariño. Fue entonces cuando el presidente Gustavo Petro ordenó que su jefe de Despacho, Alfredo Saade, asumiera la coordinación directa para cerrar de una vez el capítulo de los contratos heredados. Con un estilo discreto pero eficaz, Saade se ha convertido en la bisagra que conecta a expertos, asesores jurídicos y técnicos nacionales e internacionales.
“El objetivo es claro: blindar la soberanía, garantizar la seguridad de los datos y evitar que el país vuelva a firmar prórrogas bajo la figura de urgencias manifiestas que favorecen a los mismos de siempre”, explica una fuente de alto nivel. Saade lidera reuniones a contrarreloj para evaluar opciones: retomar el convenio con Portugal, fortalecer la Imprenta Nacional o combinar ambas vías con un cronograma realista, que evite un vacío en la expedición de pasaportes a partir del 31 de agosto, cuando vence la última prórroga con Thomas Greg.
El propio presidente Petro ha sido enfático en que esta vez no habrá margen para improvisar. El país no puede exponerse a una crisis internacional ni permitir que un trámite clave quede atrapado en peleas burocráticas o en la herencia de prácticas que tantos costos han dejado.
Mientras Murillo defiende su legado y Sarabia guarda silencio, la hoja de ruta se reescribe cada semana en los despachos de la Casa de Nariño. Hoy, la responsabilidad de garantizar que la libreta azul, esa que abre puertas en aeropuertos y consulados del mundo, siga siendo sinónimo de soberanía y confianza recae directamente sobre Alfredo Saade y su equipo.
Si algo queda claro en este nuevo pulso es que Colombia no puede volver a tropezar con la misma piedra. Esta vez, la instrucción presidencial es tajante: decidir, actuar y cerrar de una vez por todas el capítulo de contratos heredados que, por demasiado tiempo, se creyeron intocables.
