Presidente de Colombia , Gustavo Petro – Imagen Infopresidencia
La democracia colombiana vuelve a ser puesta a prueba tras la filtración de unos audios explosivos en los que el exministro Álvaro Leyva habla abiertamente de un plan para derrocar al presidente Gustavo Petro con respaldo extranjero. Las grabaciones, que salieron a la luz esta semana, revelan nombres, contactos y supuestas alianzas que avivan la preocupación por un intento deliberado de quebrar la voluntad popular.
Entre los nombres que surgen está el de la periodista y hoy precandidata presidencial Vicky Dávila, a quien Leyva menciona como supuesta interlocutora clave. Aunque Dávila se apresuró a negar cualquier vínculo, la opinión pública y varios sectores coinciden en que debe explicar por qué su nombre aparece una y otra vez en las conversaciones del exministro. Su cercanía a figuras de poder y sus visitas recientes a Estados Unidos alimentan la sospecha de un rol más activo de lo que pretende admitir.
Mientras tanto, la condena política ha sido tajante. Desde la oposición democrática hasta el círculo más cercano a Petro, todos coinciden en que la vía para resolver los desacuerdos es la fuerza de los votos y no la conspiración. El expresidente Álvaro Uribe respaldó a Miguel Uribe Turbay, otro de los mencionados en los audios, recordando que la diferencia política no puede confundirse con aventuras golpistas.
El ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, fue categórico: “El golpe de Estado que fraguaba Álvaro Leyva es una afrenta a la democracia. Hay que llegar hasta el fondo. ¿Quién está detrás de esta marioneta?”, planteó, exigiendo que se conozcan todos los responsables y sus redes. Gustavo Bolívar, exdirector de Prosperidad Social y precandidato, tachó el complot de “ruin, delictivo y traidor” y convocó a todos los partidos a cerrar filas para proteger la institución presidencial, más allá de cualquier nombre propio.
El jefe de Despacho de la Presidencia, Alfredo Saade, escudero político del presidente, fue aún más contundente: “Álvaro Leyva es un traidor de la patria y como tal debe ser juzgado, igual que todo aquel que haya hablado con él de darle un golpe al presidente Gustavo Petro”, sentenció, elevando la discusión a un terreno judicial y moral.
La ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, subrayó que este episodio revela, una vez más, la entereza de Petro ante embestidas constantes. Antonio Sanguino, ministro de Trabajo, habló de delitos contra la democracia y traición a la patria. Helga María Rivas, ministra de Vivienda, fue directa: “Quien ataca la voluntad popular ataca al pueblo entero”. Desde Defensa, Pedro Sánchez recordó que la institucionalidad será defendida sin titubeos: “No hay audio que tumbe un mandato popular respaldado por más de once millones de votos”.
Mientras la Fiscalía determina la gravedad de los hechos y la responsabilidad de cada implicado, algo parece claro: Colombia, con cicatrices profundas, no tolerará repetir páginas oscuras de su historia. El mensaje es contundente: la democracia se defiende con votos, no con conspiraciones ni pactos secretos al otro lado de la frontera.
carloscastaneda@prensamercosur.org
