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El presidente Gustavo Petro lanzó este lunes una alerta que sacude los cimientos del sistema de vigilancia privada en Colombia: 62.664 armas con licencia oficial no tienen rastro alguno y su ubicación es desconocida para el Estado. La advertencia la hizo durante el Consejo de Ministros, citando cifras de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada.
«Esas armas podrían estar en manos del crimen organizado. Y lo más grave: con permiso del propio Estado», dijo el mandatario, visiblemente preocupado. La situación, según él, amerita una investigación urgente, pues recuerda que fue precisamente con armas legales, pero fuera de control, que en su momento nació el paramilitarismo en Colombia.
Petro detalló que actualmente operan en el país 810 empresas de vigilancia privada, además de 435 departamentos de seguridad, 94 escuelas de formación y 12 compañías de transporte de valores. También hay registradas 40.692 armas particulares con licencia activa.
Sin embargo, el foco de la preocupación está en 197 empresas que, aunque conservan sus licencias, figuran como “inactivas” en el sistema oficial, lo que significa que no están bajo supervisión alguna, pero seguirían funcionando y utilizando armamento. “Eso quiere decir que hay personal armado operando por fuera del radar del Estado. Es una falla gravísima del sistema”, apuntó.
A esto se suma un dato aún más inquietante: hay más de 62 mil armas con licencia legal de las que no se sabe absolutamente nada. No se conocen sus portadores, ni su localización, ni su destino. “Eso no es menor. Es una situación que debe prender todas las alarmas. En un país como el nuestro, eso puede tener consecuencias muy serias”, advirtió Petro.
El mandatario también reveló que en el último año se cancelaron 16 licencias de funcionamiento, tras comprobarse que fueron tramitadas de manera irregular. En algunos de esos casos hubo participación de funcionarios del propio Gobierno, quienes ya fueron removidos y denunciados penalmente.
Además, informó que representantes legales de varias de esas empresas fueron capturados, dejando en evidencia que las irregularidades van más allá de simples omisiones administrativas: hay indicios de delitos graves detrás de estas operaciones.
Petro insistió en la necesidad de tomar acciones de fondo. No bastará con ajustes menores, dijo, sino que se requiere una intervención integral del sector, que por años ha operado con altos niveles de opacidad. “No podemos permitir que la seguridad privada termine siendo una puerta trasera para estructuras armadas que escapan al control del Estado”, concluyó.
carloscastaneda@prensamercosur.org
