El Gobierno está eliminando las políticas de memoria, verdad y justicia del país sudamericano.
Los organismos de derechos humanos de Argentina se encuentran en estado de alerta por la destrucción de las políticas de memoria, verdad y justicia que lleva a cabo el presidente Javier Milei, un negacionista de los crímenes cometidos por la última dictadura militar (1976-1983).
Por eso, los colectivos realizaron el jueves por la tarde una protesta en la Plaza de Mayo, el mismo lugar en el que madres y abuelas que buscaban a sus hijos y nietos desaparecidos comenzaron a denunciar en los años 70 los delitos de lesa humanidad que cometían los represores.
Estela de Carlotto, presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, encabezó a sus 93 años un acto en el que la indignación y la preocupación desembocaron, nuevamente, en una convocatoria a la organización y la lucha pacífica.
“La violencia no tiene que existir, la resistencia sí”, dijo frente a una multitud ante la que confió en que, “más temprano que tarde”, el país saldrá de las sombras en las que lo ha sumergido Milei.
“Quiero que encierren todo el amor que hemos recibido del pueblo argentino y, luego, del mundo. Hoy estar acá es un desafío“, advirtió, ya que se enfrentan al Gobierno que más ha minimizado, incluso justificado, las desapariciones, las torturas, los secuestros, los asesinatos y el robos de bebés que cometieron los represores.
La alerta se encendió desde la campaña presidencial del año pasado, ya que Milei eligió como su compañera a la vicepresidencia a Victoria Villarruel, una abogada que es un emblema de la defensa de la dictadura, que se hizo conocida por promover la liberación de los condenados por delitos de lesa humanidad y que insulta de manera recurrente a Madres y Abuelas de Plaza de Mayo.
La ya larga sucesión de medidas de Milei contra las políticas de memoria no ha dejado de sorprender. Y de alarmar.
Cronología
Milei y Villarruel niegan de manera recurrente que en Argentina haya habido 30.000 personas desaparecidas, la cifra que reivindican las organizaciones de derechos humanos.
En este país, el rechazo a ese número en realidad implica un respaldo tácito a la dictadura y un desdén hacia los colectivos que cada 24 de marzo marchan a la Plaza de Mayo para rememorar y condenar el último golpe de Estado, y exigir justicia.
Este año, el aniversario estuvo ensombrecido por el ataque que en la víspera sufrió una militante de la organización Hijos e Hijas por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio (H.I.J.O.S.), que fue atacada en su domicilio.
Luego de forzar la puerta e ingresar ilegalmente. La ataron, golpearon y abusaron sexualmente, la amenazaron de muerte y en las paredes dejaron pintadas las siglas “VLLC”, en referencia al lema “Viva la libertad carajo”, que popularizó el presidente Milei. El Gobierno no condenó el hecho.
En febrero, el represor Horacio Losito, condenado por crímenes de lesa humanidad, fue homenajeado en la norteña provincia Misiones. Estuvo presente gracias a que, poco después de asumir Milei, obtuvo la libertad condicional.
Más tarde, el ministro de Defensa, Luis Petri, recibió y se sacó fotos con grupos negacionistas que buscan la libertad para todos los represores, ya que son sus familiares. La más famosa es Cecilia Pando.
El renovado clima de violencia se reflejó, también, en los dos ataques cibernéticos que ya sufrió Marea, una editorial que cuenta con un vasto catálogo de libros sobre derechos humanos.
Relato
El 24 de marzo, mientras miles de personas marchaban a Plaza de Mayo, el Gobierno emitió un video en el que oficializó el negacionismo y en el que participaron Juan Bautista Yofre, exjefe de espías durante el gobierno de Carlos Menem (1989-1999) y representante de los sectores más oscuros y desprestigiados de la política; y Luis Labraña, un exguerrillero negacionista que se hizo famoso por difamar a los organismos de derechos humanos.
También fue entrevistada María Fernanda Viola, hija de Humberto Viola, un capitán asesinado por una de las guerrillas que operaron en Argentina en los años 70, crimen que suele utilizarse para justificar la barbarie posterior de los represores.
En las semanas siguientes, el Gobierno dejó de publicar la información relativa a los juicios de lesa humanidad que se llevan a cabo desde hace dos décadas y que han permitido la condena de miles de militares, policías y civiles.
Además, suspendió el programa de las Madres de Plaza de Mayo que se emitía en la Televisión Pública desde hace 16 años y anunció que dejaría de pagar las indemnizaciones que reciben las víctimas de la dictadura mientras se realiza una auditoría.
Por otra parte, el presidente promovió cambios legales para que las Fuerzas Armadas puedan participar en tareas de seguridad interna, tal y como ocurría durante la dictadura. La iniciativa todavía no se discute en el Congreso.
La narrativa contra los organismos de derechos humanos es permanente. En mayo, Nicolás Márquez, biógrafo y amigo de Milei, provocó un escándalo al negar en un programa las violaciones que los militares cometieron en contra de las mujeres que secuestraban, así como el robo y apropiación de bebés, a pesar de que ambos delitos se han demostrado durante los juicios.
Vaciamiento
Los casos que demuestran los graves retrocesos en derechos humanos se acumulan.
La semana pasada se concretaron miles de despidos en el Estado, que incluyen a trabajadores de la Secretaría de Derechos Humanos.
Entre los afectados se encuentra el personal de los sitios y espacios de memoria (entre ellos los excentros clandestinos de detención) y los equipos de relevamiento y análisis de los archivos de las Fuerzas Armadas que ayudan a proporcionar evidencia en los juicios de lesa humanidad.
Ahora, el encargado de brindar esa información a los tribunales es Claudio Pasqualini, un exjefe del Ejército que justifica los crímenes de la dictadura.
La desaparición de los equipos civiles, que era una exigencia de los represores procesados y condenados, fue impugnada por 36 fiscales que rechazaron una medida que afecta por completo las investigaciones y los juicios.
Por otra parte, desde el Ministerio de Seguridad cancelaron los pedidos de recompensa por la captura de 21 represores que están prófugos.
Una de las novedades que más alarmó a los organismos es la intención del Gobierno de cerrar la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (Conadi), el organismo encargado de buscar a los niños y niñas robados por los represores.
En cinco décadas, Abuelas de Plaza de Mayo ha recuperado a 133, pero faltan cientos más.
La estrategia de Milei implica, además, el recorte presupuestal de todas las políticas en materia de derechos humanos, lo que hace peligrar el trabajo de instancias fundamentales como el Banco Nacional de Datos Genéticos, que permite identificar a los nietos apropiados.
En general, el apoyo financiero a los organismos de derechos humanos hoy es nulo, lo que afecta su subsistencia porque contrasta con el respaldo que tuvieron de gobiernos anteriores, principalmente los que encabezaron Néstor Kirchner (2003-2007), Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015) y Alberto Fernández (2019-2023).
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