Un ex alto cargo de Ayuso, investigado por derribar ilegalmente una vivienda en la Cañada Real

Markel Gorbea Pérez ha sido citado a declarar como investigado por un posible delito de prevaricación administrativa en el derribo ilegal de una vivienda en la Cañada Real, en Madrid, el próximo día 17 de abril de 2024. Gorbea ejerció como comisionado de la Comunidad de Madrid para la Cañada Real desde julio de 2021 hasta abril de 2023,

El Juzgado de Instrucción Nº20 de Madrid ha decidido investigar al ex comisionado después de que un email y la declaración de otro investigado, el jefe del Servicio de Disciplina Urbanística del Ayuntamiento de Madrid, le señalasen como la persona que ordenó derribar la vivienda y la información falsa de que esta no estaba habitada.

La citación como investigado de Markel Gorbea ha sido solicitada por parte de la defensa del vecino afectado y por parte del fiscal encargado de la causa, quien alega que el alto cargo trasladó por email a Urbanismo del Ayuntamiento de Madrid que la vivienda estaba abandonada sin hacer comprobación alguna ni llevar a cabo la más mínima gestión respecto de sus competencias sobre el terreno. Según Gorbea, y así lo recalca el fiscal, se había producido un “abandono flagrante” de la vivienda. Esto, según el ministerio público, encajaría en la conducta de prevaricación. La “comunicación arbitraria” practicada por Gorbea -sostiene el fiscal- derivó en la demolición de la casa.

Los hechos ocurrieron el 19 de julio de 2022 cuando el entonces comisionado envió un escueto informe dirigido a Urbanismo solicitando que se acordara el derribo de determinadas parcelas de la Cañada Real conocidas como “Zona sin Asfaltar”. Allí vivía Abdessadek Ch, que a la vuelta de un viaje vio cómo su casa, en la que residía desde hacía más de 15 años, había sido derribada.

Carlos Castillo, abogado del Centro de Asesoría y Estudios Sociales CAES y de la familia querellante, ha expresado que “estas actuaciones administrativas de la Comunidad de Madrid no tienen otra intención que expulsar a la fuerza a la población de la Cañada Real”.

“Con esta intención se están llevando a cabo actuaciones fuera  del ordenamiento jurídico y que suponen, de forma presunta, la comisión de delitos de prevariación, de acoso inmobiliario y también medioambientales”, ha recalcado Castillo.