El Deber.- La Asociación Nacional de la Prensa (ANP) expresó su preocupación por la difícil situación por la que atraviesa el país debido a los hechos de narcotráfico, corrupción y la impunidad y reclama la falta de transparencia en las actuaciones de funcionarios, la insensibilidad de los administradores de justicia frente a atroces crímenes y la actitud pasiva
de políticos cuando el país demanda respuestas. La institución hizo referencia a diferentes situaciones que ponen en riesgo el trabajo de la prensa y los principios constitucionales de la nación.
“La Asociación Nacional de la Prensa (ANP), que representa a los principales medios impresos de Bolivia, expresa profunda preocupación por la sucesión de hechos de corrupción, de narcotráfico e impunidad que están minando nuestras instituciones y valores humanos, como no había sucedido en los últimos 36 años, y alerta que estas circunstancias generan alto riesgo a las libertades de prensa y de expresión”, dice el inicio del comunicado que publicó la ANP.
La asociación de medios escritos cuestionó que los actores llamados a administrar las entidades públicas del país atribuyan al trabajo periodístico los hechos de corrupción que azotan la nación. “En este escenario, los responsables de administrar las instituciones fundamentales han caído en el fácil argumento de atribuir responsabilidad al trabajo periodístico que, en apego a sus principios irrenunciables, cumple con la difícil misión de informar en condiciones dificultosas por la falta de acceso pleno a fuentes noticiosas”, continúa el comunicado.
La ANP desglosó algunos hechos que fueron investigados por la prensa y que ahora no tienen respuestas de la justicia o sus investigaciones están paralizadas. Uno de ellos es el caso del predio de Las Londras, donde un grupo de periodistas, policías y civiles fueron secuestrados por gente armada con el fin de evitar la investigación de toma de tierras en ese sector, ubicado en la provincia Guarayos del departamento de Santa Cruz.
“Han transcurrido 100 días del secuestro y tortura de un grupo de ciudadanos, policías y periodistas en la provincia Guarayos del departamento de Santa Cruz, y hasta la fecha la investigación permanece inconclusa. Lo inquietante de este caso es que dos fiscales y tres investigadores fueron cambiados a pedido de una de las partes interesadas en el condenable hecho, los interculturales claramente vinculados al partido gobernante”, dice el comunicado sobre ese aspecto.
Además, se incluye la situación de dos gobernadores del país que supuestamente cometieron hechos de corrupción y que ahora se estrellan contra la prensa por la información que brindaron los medios en diferentes casos. Uno es el caso de Potosí, donde el gobernador Jhonny Mamani agredió a la prensa por la indagación de la adquisición de 41 ambulancias que hasta ahora no llegan a la Villa Imperial y que en el proceso de contratación hubo una serie de irregularidades.
También está el caso de La Paz, donde el gobernador Santos Quispe fue sorprendido consumiendo bebidas alcohólicas en su despacho y la autoridad, a pesar de las imágenes, negó el hecho. La justicia le dio una sanción mínima y seguirá siendo la primera autoridad del departamento paceño.
“Frente a la ausencia de administradores eficientes de justicia, sin transparencia en la actuación de administradores de recursos públicos y ante a la permanente hostilidad contra el trabajo de la prensa, la ANP reitera su llamado a defender principios constitucionales y los tratados internacionales en materia de Derechos Humanos”, concluye el comunicado de la ANP.
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