
En 2026, el Presupuesto General de la Nación asignó al Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes $11.978 millones provenientes del Impuesto Nacional al Consumo sobre los servicios de telefonía, datos, internet y navegación móvil, una fuente cuya destinación obligatoria desaparecería con el Proyecto de Ley de Rescate Económico, radicado el 29 de octubre. La reforma retiraría además la exclusión general del IVA para las entradas culturales y reduciría los gastos de funcionamiento de las entidades nacionales, sin modificar las obligaciones que el Estado debe cumplir en materia de cultura.
El numeral 7 del artículo 106 propone derogar las disposiciones del artículo 512–2 del Estatuto Tributario que distribuyen ese recaudo en un 70% para deporte y un 30% para cultura. Desde la promulgación de la ley, el impuesto continuaría vigente, pero desaparecería la obligación de asignar esos porcentajes a ambos sectores.
Esa obligación legal se refleja en la distribución presupuestal de 2026, establecida mediante la Resolución 1232 del 19 de junio, que asignó $5.572 millones a los departamentos y al Distrito Capital y otros $6.406 millones al componente de la Biblioteca Nacional. La partida territorial está destinada a financiar proyectos de patrimonio cultural y programas para creadores y gestores culturales con discapacidad, cuya ejecución llega a los municipios a través de las administraciones departamentales. Al eliminar esa destinación sin establecer una fuente sustitutiva, la reforma dejaría sin financiación legalmente garantizada las futuras inversiones locales que dependen de ella, con consecuencias especialmente graves para los municipios que carecen de ingresos propios suficientes para reemplazarla.
El artículo 2 permitiría aplazar o reducir determinadas transferencias nacionales durante 2027 bajo las condiciones relacionadas con el concepto del Consejo Superior de Política Fiscal (Confís), y el artículo 6 ajustaría algunas asignaciones y giros al recaudo efectivo. La diferencia entre contar con una apropiación presupuestal y disponer del dinero para ejecutarla ya afectó la programación cultural en 2026, cuando el Ministerio, mediante la Resolución DM 0607 del 30 de septiembre, trasladó la apertura de la convocatoria del Programa Nacional de Concertación Cultural al primer bimestre de 2027 debido a la falta de aprobación y liquidación del presupuesto de esa vigencia, los problemas de caja y los pagos pendientes de 2026.
Por otro lado, el artículo 45 propone sustituir el artículo 476 del Estatuto Tributario a partir del 1 de enero de 2028 y eliminar la exclusión del IVA que actualmente beneficia a las entradas de cine y a los eventos culturales, de manera que una boleta de cine cuyo precio antes de impuestos sea de $30.000 costaría $35.700 con el traslado íntegro de la tarifa del 19% al espectador. Mantener el precio final obligaría al exhibidor a absorber parte del impuesto y reduciría el ingreso disponible por entrada, mientras que trasladarlo al comprador encarecería el acceso a las salas, especialmente para quienes cuentan con menor capacidad de pago.
La Ley 814 de 2003 creó la Cuota para el Desarrollo Cinematográfico, financiada con aportes de exhibidores, distribuidores y productores sobre las bases de liquidación previstas para cada uno. Las variaciones en los ingresos de taquilla derivadas del nuevo IVA podrían repercutir sobre el recaudo del Fondo para el Desarrollo Cinematográfico, un mecanismo que ya financia la producción cinematográfica nacional.
En las artes escénicas, la supresión de esa exclusión entra en tensión con el artículo 6 de la Ley 1493 de 2011, que mantiene fuera del IVA los espectáculos públicos de teatro, danza, música y circo, así como los servicios artísticos contratados para su realización. La venta de boletas y la prestación de esos servicios constituyen operaciones distintas, aunque ambas están contempladas en una disposición especial que el proyecto no deroga expresamente.
La eventual aplicación del IVA a las boletas de artes escénicas añadiría un gravamen del 19% a una estructura de precios que ya incorpora la contribución parafiscal del 10% establecida por la Ley 1493 de 2011 para entradas iguales o superiores a tres unidades de valor tributario (UVT). Esta obligación, a cargo del productor y destinada principalmente a infraestructura cultural, influye en el precio que paga el público; la nueva tributación alcanzaría también las boletas inferiores a ese umbral, actualmente excluidas de ambos gravámenes.
El funcionamiento de las entidades culturales nacionales también quedaría sometido a las medidas de austeridad previstas en el proyecto, cuyo artículo 17 plantea reducir durante 2027 en un 50% el costo de los contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión frente a 2026, mientras el artículo 16 establece una disminución nominal del 20% en los gastos de personal para 2028, con las excepciones contempladas en la iniciativa. Estas medidas llegarían a un ministerio que ya evidenció problemas de gestión durante 2026, cuando la Resolución 1887 del 14 de septiembre dejó sin evaluación 1.308 propuestas habilitadas de las modalidades de premios y reconocimientos del Programa Nacional de Estímulos, después de que la entidad no designara los jurados previstos.
La situación fiscal del país exige revisar el gasto público y las fuentes de ingreso, una tarea que debe considerar las obligaciones reconocidas por la legislación cultural y los artículos 70 y 71 de la Constitución, especialmente cuando las medidas propuestas modifican los instrumentos con los que el Estado financia y ejecuta sus responsabilidades.
Antes de votar la reforma, el Congreso debería exigir una respuesta concreta: ¿con qué recursos, bajo qué reglas y mediante qué capacidades institucionales pretende el gobierno cumplir las obligaciones culturales que continuarán vigentes?
https://www.lasillavacia.com/red-de-expertos/red-social/el-proyecto-de-rescate-economico-deja-a-la-cultura-sin-garantias/
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