
Esta columna fue escrita por la columnista invitada Lina Palacios.
En tiempos en los que los logros en materia de derechos humanos han vuelto a ser parte central del debate político, regresar a las nociones básicas parece necesario. Con la llegada de los líderes autopercibidos libertarios, hemos visto una tendencia de apropiación de la libertad de expresión. Esta tendencia se ha reflejado también en empresarios cercanos a esta agenda, como Mark Zuckerberg, quien en 2024 en días previos a la asunción de Trump modificó las políticas de moderación de contenidos de sus plataformas, sosteniendo que debían regresar a sus raíces de libertad de expresión.
Sin embargo, las medidas de estos mandatarios son contradictorias y, más bien, asumen las mismas estrategias de siempre: defender las expresiones afines y atacar las formas de expresión que les incomodan, especialmente aquellas que en la cotidianidad tienen un mayor impacto en la construcción (y reconstrucción) del tejido social. Es por ello que las expresiones artísticas y culturales se convierten en uno de los primeros blancos de estas políticas.
Lo vimos en Argentina, con la llamada batalla cultural de Milei, que se ha materializado en los grandes recortes a la cultura, al arte, y a la educación, y también en los primeros meses de gobierno de Abelardo De la Espriella, que comparte —casi copia— varios puntos del discurso del presidente argentino. Al declarar la “contrarrevolución cultural”, De la Espriella declaró también la lucha abierta contra el wokismo, que (al igual que Milei) cataloga como un “cáncer”. En ese marco, ha realizado importantes recortes al presupuesto de la cultura y el arte, ha nombrado funcionarios sin experiencia en las instituciones del sector y ha ordenado el retiro del Museo Nacional de obras con contenido relacionado con la comunidad LGBTIQ+, feminismo y procesos de paz.
Esta última decisión generó movilizaciones, varias de las cuales terminaron con intervención de la Unidad Antidisturbios, y concluyó con una orden de restauración dictada por un juez de la república, que amparó los derechos a la libertad de expresión, al acceso a la cultura, a la educación y a la memoria histórica en sede de tutela.
No es la primera vez que en este año una acción de tutela da lugar a un pronunciamiento constitucional sobre la libertad de expresión artística. En la sentencia T-202 de 2026, la Corte Constitucional analizó dos casos relacionados con el mural “Las cuchas tienen razón” que fue pintado y reproducido a lo largo del país tras los primeros hallazgos de restos humanos en el sector de la Escombrera en Medellín, en 2024. En uno de los casos, el accionante afirmaba que mantener el mural en la calle afectaba su salud mental; en el otro, se estudió la conducta de un concejal de Medellín que tapó el mural con pintura y publicó el hecho en redes sociales, invitando a otros a hacer lo mismo. La Sala reconoció que el mural cuenta con la protección reforzada que tienen las expresiones de interés público y que constituye, además, una manifestación de reparación simbólica y un acto de construcción de memoria histórica. Respecto a las expresiones del concejal en redes sociales sobre el tema, la Corte también recordó que los funcionarios públicos tienen deberes reforzados derivados de su investidura en el ejercicio de la libertad de expresión.
La disputa sobre qué relatos pueden permanecer en el espacio público no es ajena al Gobierno de De la Espriella (ni a los gobiernos de tintes políticos similares en otros países de la región). Por el contrario, es la materialización de las agendas de los outsiders, líderes conservadores que se presentan como ajenos al sistema partidario tradicional y obtienen apoyo mediante una retórica antiélite. Reivindican la libertad de expresión como propia, pero promueven la criminalización de la existencia de otros.
Desde la cartera de Cultura, el Gobierno ha declarado que el llamado wokismo es una corriente “liberticida” y propone como respuesta institucional la reinstalación de los valores tradicionales: aquellos que el propio Gobierno determina. La batalla cultural no es sólo discursiva; sus efectos se observan en el desfinanciamiento de políticas públicas, la pérdida de empleos, la falta de recursos para proyectos culturales y el efecto inhibitorio sobre el uso de ciertas palabras o sobre la promoción de iniciativas que dependen de la limitada financiación estatal. Y, como se ha evidenciado con el caso del Museo Nacional, se muestra también en la intervención directa de qué puede o no exponerse bajo criterios discriminatorios o arbitrarios que constituyen censura.
El uso de lenguaje bélico está lejos de ser aleatorio: hace parte de la figura masculinizada, fuerte y agresiva que busca proyectar quienes lo utilizan. Si bien De la Espriella no es pionero, su uso en el contexto colombiano, un país sumido en una profunda violencia durante gran parte de su historia democrática, adquiere connotaciones más complejas.
En el marco de su “batalla”, el gobierno ha reiterado que no permitirá la apología al terrorismo, en alusión a las instrucciones dadas a la Ministra de Cultura para retirar de la imagen de Carlos Pizarro de los espacios públicos, como efectivamente ocurrió en el Museo Nacional. El Proyecto de Ley 306 de 2026, presentado por varios representantes del Centro Democrático, Cambio Radical y Alianza Verde, busca “sancionar la apología y exaltación del terrorismo, así como cualquier forma de conmemoración, homenaje o reconocimiento a personas y organizaciones responsables de violaciones al Derecho Internacional de los Derechos Humanos, infracciones al Derecho Internacional Humanitario, narcotráfico y actos terroristas”. Ante este proyecto, que sanciona los homenajes y condecoraciones; exhibición de monumentos, placas, murales, banderas y piezas similares; y la difusión de mensajes de exaltación en medios y plataformas digitales, la categorización arbitraria que realiza el presidente desde su discurso adquiere riesgos mayores.
Por desalentador que parezca el panorama, las restricciones a la libertad de expresión, independientemente de la sutileza con la que se manifiestan, están estrictamente limitadas a un margen constitucional y convencional que debe ser garantizado por todos los poderes del Estado y – según ha establecido la Corte Constitucional– por los particulares que tienen facultades de moderación de contenido, lo que extiende las garantías desde los espacios físicos hasta los digitales.
Los sucesos vistos en los primeros meses de este gobierno nos devuelven a las discusiones más básicas sobre la libertad de expresión y nos recuerdan que defender este derecho en los museos, los colegios, las calles, las redes y los medios es necesario para construir una sociedad que decida por sí misma qué recuerda y cómo recordarlo. La pluralidad en el debate es la primera barrera frente al autoritarismo y, por tanto, una herramienta esencial para defender la democracia.

Lina Palacios
Investigadora en el Centro de Estudios en Libertad de Expresión. Es abogada de la Universidad del Rosario de Colombia, con enfoque en teoría jurídica y humanidades. Tiene especial interés en la defensa del espacio cívico en América Latina y tiene experiencia de investigación e incidencia en la intersección entre tecnología y derechos humanos.
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