
La sesión en Diputados convocada por el oficialismo fracasó por falta de quórum, desnudando los límites de su armado legislativo. La Libertad Avanza y los bloques que acompañaron la convocatoria consiguieron reunir 126 legisladores, pero quedaron a tres de los 129 necesarios para habilitar el debate.
De esta manera, quedaron pendientes diversos proyectos impulsados por la gestión nacional de Javier Milei, entre ellos la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional y la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, que se encaminaba a su sanción definitiva.
El fracaso de la convocatoria se produjo pese a que las distintas bancadas habían alcanzado un acuerdo en Labor Parlamentaria para establecer el orden de tratamiento y los tiempos de discusión de todos los proyectos. La planificación contemplaba una sesión de 13 horas y 9 minutos, sin incluir cuestiones de privilegio, homenajes ni apartamientos del reglamento. Sin embargo, los entendimientos sobre el funcionamiento del debate no se tradujeron en la presencia de la cantidad de diputados necesaria para comenzar.
De hecho, las bancadas de Provincias Unidas y del MID no estuvieron presentes en el recinto y forzaron la caída del debate.
El temario acordado establecía que la discusión comenzaría con la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, a la que se habían asignado casi diez horas. A continuación, estaba previsto votar la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, seguida por el acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Asociación Europea de Libre Comercio (AELC) y la enmienda al Protocolo de Montevideo sobre el Comercio de Servicios del Mercosur. Después se tratarían conjuntamente dos convenios de transferencia de competencias judiciales de la Nación a la Ciudad de Buenos Aires, para finalizar con una modificación de la Ley 24.467, reguladora de las pequeñas y medianas empresas.
La convocatoria había sido motorizada por el presidente de bloque libertario, Gabriel Bornoroni, junto a otros legisladores oficialistas, con la intención de avanzar en la agenda legislativa durante las últimas semanas del período ordinario.
El desenlace evidenció la fragilidad de los acuerdos parlamentarios que el oficialismo necesita construir para asegurar el funcionamiento de la Cámara baja. Aunque La Libertad Avanza cuenta con aliados para acompañar determinadas iniciativas, necesita reunir una mayoría suficiente para abrir las sesiones y conseguir los votos que exige la aprobación de cada proyecto.
En esta ocasión, la diferencia fue de apenas tres legisladores. La imposibilidad de llegar al número reglamentario impidió abrir la discusión de cualquiera de los asuntos previstos en el temario.
La reunión previa de Labor Parlamentaria había diagramado una organización minuciosa. Estaban pautadas cinco intervenciones de los miembros informantes sobre la ley de soberanía con un total de una hora y 40 minutos, sumadas a cuatro horas y diez minutos para exposiciones individuales y tres horas y 47 minutos para los diferentes bloques.
También se había determinado la aplicación de un mecanismo de votación abreviada para los proyectos en revisión y los convenios internacionales.
Aquel entendimiento reglamentario no implicaba un respaldo automático al articulado de fondo, pero había permitido ordenar una jornada de debate que terminó abruptamente frustrada.
La ley de soberanía y la reforma del Banco Central
El principal punto trabado fue la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, denominada Ley Malvinas, que concentraba 9 horas y 42 minutos del cronograma pautado.
La propuesta introduce modificaciones al régimen de sanciones por la explotación no autorizada de recursos en las Islas Malvinas, además de reformas ligadas a la defensa, la inteligencia y la seguridad nacional.
Uno de sus aspectos más controvertidos concierne a la injerencia externa en comicios. El texto contempla penas de prisión de entre cinco y doce años para quienes organicen o financien campañas destinadas a interferir en elecciones o condicionar a las autoridades en beneficio foráneo.
Esa redacción despertó severos reparos en sectores opositores y bancadas dialoguistas debido a las implicancias de las figuras penales sobre la libertad de expresión. Durante el trabajo de comisiones se añadieron exclusiones para la labor periodística, diplomática y académica, aunque subsistían marcadas dudas sobre el alcance real de esas garantías.
Otro de los ejes es la conformación de un Consejo de Seguridad Nacional bajo la órbita de la Presidencia de la Nación, con facultades para coordinar políticas estratégicas y revisar inversiones extranjeras.
La bancada oficialista pretendía asegurar la aprobación en general del dictamen, pese a que varios artículos particulares demandaban mayores consensos con los bloques dialoguistas.
El otro expediente de peso postergado fue la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, que regresaba tras ser revisada en el Senado.
La norma fija como meta central resguardar la moneda y prohíbe el financiamiento al Tesoro Nacional mediante adelantos transitorios u otros mecanismos de emisión.
Asimismo, altera las pautas de distribución de utilidades, obligando a emplear los resultados prioritariamente para cubrir pérdidas acumuladas, sanear el patrimonio o cancelar deuda pública.
En la Cámara alta se habían introducido modificaciones relativas a la designación y cese de sus autoridades, por lo que Diputados debía resolver si aceptaba esos cambios o insistía en el proyecto primario. Para dicha votación se habían previsto apenas cinco minutos, trámite que quedó totalmente trunco.
Convenios internacionales, justicia porteña y pymes
La ausencia de quórum postergó a su vez el tratamiento de pactos vinculados a la inserción del Mercosur. Uno de ellos era el tratado con la Asociación Europea de Libre Comercio (AELC) —compuesta por Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza— orientado a reducir trabas arancelarias en bienes y servicios.
El otro correspondía a la enmienda del Protocolo de Montevideo sobre Comercio de Servicios del Mercosur, ambos agendados con votaciones breves de cinco minutos por expediente.
Quedó aplazada además la transferencia de competencias penales y de la función judicial en materia criminal y correccional de menores desde la Nación hacia la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Los expedientes 512/26 y 511/26 contemplaban dos horas y 22 minutos de discusión conjunta previa a su resolución.
El traspaso representa una histórica disputa pendiente en la consolidación de la autonomía porteña, motivo de reiterados pactos interjurisdiccionales entre la administración federal y la local.
El esquema contemplaba también la reforma a la Ley 24.467 para pequeñas y medianas empresas, con el fin de ampliar los beneficios de promoción hacia el sector de las cooperativas.
La sesión preveía un minuto de silencio en memoria de la exdiputada Patricia Walsh, así como un homenaje a los tripulantes del submarino ARA San Juan.
Las distintas bancadas habían anticipado 17 cuestiones de privilegio, siete homenajes y ocho apartamientos reglamentarios, lo que amenazaba con estirar los tiempos más allá de las 13 horas previstas.
Ninguno de los tópicos pudo abordarse en el recinto. El traspié en el Congreso obliga al Gobierno nacional a recalibrar su estrategia si pretende sacar adelante el Presupuesto 2027 y las iniciativas pendientes antes de que concluya el período de sesiones ordinarias.
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