
El servicio de energía eléctrica en los municipios de la costa pacífica caucana y nariñense es caótico. Los cortes son constantes, ocurren casi a diario y, en ocasiones, varias veces durante una misma jornada. La gente está cansada, indignada y frustrada: lo que prometía ser una apuesta por el progreso con la puesta en marcha del proyecto de interconexión se ha convertido en una fuente de desconcierto.
Las interrupciones del suministro eléctrico en tres municipios del Cauca —Guapi, Timbiquí y López de Micay— y en seis de Nariño —Santa Bárbara, El Charco, La Tola, Mosquera, Olaya Herrera y Francisco Pizarro— generan graves afectaciones sociales y considerables pérdidas para los habitantes de esta zona del país. Los equipos electrónicos sufren daños, los alimentos perecederos se descomponen por falta de refrigeración, los hogares quedan a oscuras y se dificulta el acceso a servicios básicos.
Esta situación también tiene consecuencias económicas para los hogares, pero sobre todo para los pescadores, pequeños emprendedores y comerciantes, porque pierden oportunidades de crecimiento. Además, muchos habitantes se ven obligados a adquirir plantas eléctricas, lo que implica gastos tanto en su compra como en el combustible necesario para operarlas. Además, la inestabilidad del suministro interrumpe la atención en las oficinas públicas.
Las comunicaciones tampoco escapan a esta problemática: cuando falla la energía, dejan de funcionar la señal de telefonía móvil y los servicios de internet domiciliario. Así, un solo problema desencadena múltiples dificultades que alteran la vida cotidiana de las comunidades.
En el ámbito de la educación se producen consecuencias negativas, en cuanto que a los estudiantes se les dificulta realizar sus tareas en las noches y hacer uso de computadores o internet para la construcción del conocimiento.
La salud también sufre, dado que los centros asistenciales enfrentan limitaciones para conservar medicamentos y hacer uso de ciertos equipos médicos.
Otro aspecto que acarrea afectación es la seguridad. La falta de iluminación pública acrecienta la vulnerabilidad en las comunidades y genera riesgos en la movilidad y ejercicio de labores de la gente.
La crisis que atraviesan estas localidades costeras compromete el ejercicio de los derechos humanos y requiere una intervención pronta y efectiva de las autoridades competentes. No se trata de hechos aislados, sino de fallas recurrentes desde la inauguración del proyecto, en 2018.
Son muchos los interrogantes que se plantean las comunidades sobre el funcionamiento de la interconexión. CEDENAR, la empresa que genera, distribuye y comercializa el sistema, no se pronuncia ni explica con claridad las causas de la suspensión del servicio, cada vez más frecuente y, en ocasiones, prolongado.
Durante los primeros años de operación, los cortes se consideraban parte del período de prueba. Sin embargo, después de ocho años con el mismo problema, e incluso con un deterioro más marcado, surgen serias dudas sobre una iniciativa histórica para las comunidades del Pacífico de los dos departamentos, las cuales pasaron de depender de plantas de diésel, que solo les proporcionaba unas escasas horas de energía al día, a la plataforma interconectada.
Es inaudito que el suministro eléctrico en estos municipios no muestre una mejoría. Por el contrario, el servicio empeora sin que haya respuestas claras. Esta crisis altera el ritmo de vida de la población y afecta su bienestar, su dignidad y sus oportunidades.
Una política pública presentada como la gran solución para las comunidades del litoral está generando dificultades, provocando desazón y despertando numerosos interrogantes sobre la garantía de los derechos y la calidad de los servicios públicos.
Ante el silencio de CEDENAR y la incertidumbre, circulan versiones según las cuales los árboles cercanos afectan las redes de transmisión y el mantenimiento es insuficiente. Sin embargo, estas posibles causas no han sido aclaradas. Además, cuesta entender que el suministro tenga fallas tan consecutivas y hasta con secuencias de tres o 5 minutos, en ocasiones. No hay conocimiento de las acciones que la empresa está tomando para solucionar los inconvenientes, ni mucho menos se sabe de un plan de contingencia para abordar esta problemática y garantizar la prestación del servicio de manera efectiva.
Los usuarios sienten impotencia y frustración al ver cómo se han esfumado las expectativas que tenían con este proyecto que sería fuente de desarrollo en los territorios. Se aspira una respuesta por parte de CEDENAR y que el gobierno nacional, departamental y local se apersone de esta crisis en busca de soluciones oportunas.
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