La parlamentaria insistió en que no se pueden sacar los fondos del Seguro de Cesantía para financiar el fondo para sala cuna.

Valparaíso. 18/11/2026. Tras ser aprobado en la Sala de la Cámara el proyecto de ley de Sala Cuna Universal, la diputada por el distrito 6, Sofía González, cuestionó el financiamiento del Fondo Solidario de Sala Cuna, el cual contempla una cotización del 0,3%: 0,15% con cargo a la Cuenta Individual de Cesantía y 0,15% al Fondo de Cesantía Solidario.
La diputada Sofía González comentó que “las mujeres no elegimos entre trabajar o quedarnos en la casa cuidando a nuestros hijos, porque ahí no hay elección. Sería una elección si supiéramos que va a existir un otro que va a cumplir o que va a asumir ese rol. Lo que hay es una barrera, y esa barrera es la que debemos eliminar. Chile necesita avanzar en este derecho. Es evidente que no puede seguir dependiendo de si una empresa tiene 19 o 20 trabajadoras. El derecho de sala cuna universal es una señal para avanzar hacia la corresponsabilidad, ya que no podemos seguir castigando laboralmente a las mujeres por ser madres, ni permitir que sean ellas quienes deban renunciar a sus oportunidades de desarrollo”.
Respecto al financiamiento del Fondo Solidario de Sala Cuna, la parlamentaria señaló que “se propone crear un fondo financiado con una cotización del 0,3% a cargo de los empleadores, hasta ahí todo bien, pero resulta que al mismo tiempo se le rebaja exactamente ese porcentaje al Seguro de Cesantía de las personas. En palabras simples, las empresas dejan de pagar directamente las salas cuna y los trabajadores terminan con menos recursos para enfrentar la cesantía. Según las proyecciones de la Superintendencia el año 2035, las cuentas individuales de cesantía tendrían un 6% menos de recursos y el Fondo de Cesantía Solidario un 24%”.
En este sentido, la diputada González explicó que “si la sala cuna cobra más de lo que aporta el fondo, la diferencia deberá pagarla la propia familia. La sala cuna no puede convertirse en otro negociado financiado con el bolsillo de los trabajadores. Por eso, debemos corregir el artículo 22. Las grandes empresas deben asumir su responsabilidad sin quitarles recursos a los trabajadores y las trabajadoras. Vamos a apoyar, por supuesto, la idea de legislar, porque este derecho no puede seguir esperando, pero no podemos respaldar que su financiamiento signifique retroceder en derechos que ya hemos conquistado”.
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