
Al menos 30 servidores públicos han sido detenidos durante el gobierno de Alejandro Armenta Mier en Puebla, por investigaciones relacionadas con delitos que van desde abuso de autoridad, cohecho y extorsión hasta presuntos vínculos con el crimen organizado. Entre los detenidos destacan siete presidentes municipales, pero además se sabe que habría investigaciones contra otros 12 ediles para determinar si habrían sido partícipes de grupos criminales o que han tolerado la actividad de organizaciones diversas.
Dichas aprehensiones se han enmarcado en la extensión a Puebla del llamado “Operativo Enjambre” que ha emprendido la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), como un esfuerzo inédito de combatir el crimen organizado, desmantelando estructuras de protección desde los gobiernos municipales.
Entre los funcionarios detenidos en los últimos dos años también se encuentran mandos y policías municipales, así como funcionarios de la Fiscalía y otros servidores públicos del Poder Judicial y el Registro Público de la Propiedad y Catastro.
A las detenciones se suma el relevo de más de 100 agentes del Ministerio Público, anunciado en julio por el gobernador, quien señaló que algunos presuntamente filtraban información de investigaciones a integrantes de grupos criminales. Además, la Fiscalía General del Estado (FGE) informó que mantenía abiertas más de cinco investigaciones contra alcaldes en funciones, sin revelar sus identidades, mientras que dos funcionarios o exfuncionarios permanecen prófugos: Alfredo Ramírez Hernández, exalcalde de Ahuazotepec, y Andy Castillo Rodríguez, exdirector de Seguridad Pública de Tepatlán.
De los ayuntamientos a las corporaciones policiales
La detención de autoridades municipales constituye uno de los ejes de esta revisión, que abarca hechos registrados desde el inicio de la administración estatal, el 14 de diciembre de 2024. Los expedientes muestran que las investigaciones no se han concentrado en un solo tipo de cargo ni en una región específica: han alcanzado a presidentes municipales, responsables de seguridad pública, policías y personal encargado de investigar delitos.
Entre los primeros casos de alto impacto figuran los de los hermanos Uruviel, Giovanni y Ramiro González Vieyra, exalcaldes de Chalchicomula de Sesma, Tlachichuca y San Nicolás Buenos Aires, respectivamente. Sus procesos se relacionan con distintas acusaciones, entre ellas extorsión, abuso de autoridad y otros presuntos actos ilícitos. Los expedientes han tenido cambios en las medidas cautelares y nuevas imputaciones, por lo que la situación jurídica de cada uno debe distinguirse de las acusaciones iniciales.
Las investigaciones también alcanzaron a mandos policiales de municipios de la Sierra Norte y la Mixteca, señalados por presuntas omisiones, abuso de autoridad o posible protección a actividades criminales. En julio de 2026, seis exresponsables de seguridad pública fueron detenidos en una investigación vinculada con laboratorios clandestinos de drogas sintéticas; un séptimo mando, identificado como Andy Castillo Rodríguez, logró escapar y permanecía prófugo al cierre de la presente edición.
Tepeyahualco: la detención del alcalde y la investigación contra Los Zúñiga
El presidente municipal de Tepeyahualco, Said de Jesús Godos Luna, fue detenido el 4 de septiembre de 2026 en San Juan Xiutetelco, durante un operativo de agentes de la Policía Ministerial que cumplieron una orden de aprehensión por abuso de autoridad, cohecho e incumplimiento de un deber legal. El edil fue trasladado a la Casa de Justicia de Ciudad Serdán para quedar a disposición de un juez.
Cuatro días después, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana federal, Omar García Harfuch, relacionó públicamente al alcalde con una estructura criminal investigada por presuntos delitos de robo al autotransporte, extorsión y secuestro en carreteras que cruzan el estado hacia Veracruz.
Según la información difundida por el funcionario, las indagatorias contra Godos Luna se ampliaron a posibles delitos de secuestro exprés y robo de vehículo con violencia, distintos de los que motivaron inicialmente la orden de aprehensión.
Esta detención antecedió por tres días al operativo en Esperanza, donde las autoridades ejecutaron 23 cateos y arrestaron a nueve personas.
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Edil de Esperanza utilizó su influencia en Capufe para saltar al mundo de los asaltos carreteros
José Isaac Rodríguez Ochoa inició su actividad laboral como cobrador de la autopista México–Puebla y de ahí soltó a hacer líder sindical del organismo de Caminos y Puentes Federales, además de que se destacó porque siendo joven creó una asociación política dedicada a recabar fármacos y ser distribuidos entre las familias pobres. Todo este conjunto de actividades le permitieron con el tiempo ir ganando popularidad y ganar la alcaldía del municipio de Esperanza, pero al mismo tiempo convertirse en una pieza clave de una peligrosa banda a los asaltos carreteros.
El 7 de septiembre, un despliegue coordinado de fuerzas federales y estatales irrumpió de manera simultánea en 23 inmuebles de Esperanza, municipio ubicado en el corredor carretero Puebla–Veracruz. La operación, realizada como parte del llamado “Operativo Enjambre”, dejó nueve personas detenidas, entre ellas el presidente municipal, José Isaac Rodríguez Ochoa; su hermano, Manuel Rodríguez Ochoa, y Abigail Contreras Camacho, quien hasta el 1 de septiembre se desempeñó como directora de Seguridad Pública municipal. En las acciones participaron la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Fiscalía General de la República (FGR), la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional y autoridades poblanas, con información del Centro Nacional de Inteligencia.
El resultado del operativo quedó reflejado en el material asegurado: 35 armas de fuego, entre ellas dos fusiles Barrett; 52 cargadores; 11 vehículos, cuatro con blindaje y uno con blindaje artesanal y torreta; además de ropa táctica, un dron e inhibidores de señal.
Las autoridades también localizaron dosis de droga y mercancía presuntamente robada. Tras los cateos, los inmuebles intervenidos quedaron sellados y bajo resguardo mientras continuaban las diligencias ministeriales.
Las investigaciones federales relacionan a los detenidos con una presunta estructura criminal dedicada principalmente al robo de autotransporte de carga, la extorsión y el secuestro en la carretera Puebla–Veracruz. Los reportes oficiales vincularon las pesquisas con el grupo conocido como Los Zúñiga, encabezado presuntamente por Genaro Zúñiga Alvarado, alias May, detenido en agosto en Veracruz. Las autoridades también han señalado posibles mecanismos de protección y filtración de información que habrían facilitado las actividades delictivas en ese corredor.
La investigación tuvo un episodio adicional durante los cateos: de acuerdo con la FGR, Abigail Contreras presuntamente ofreció dinero a los agentes para evitar que intervinieran uno de los inmuebles. Por ese hecho fue vinculada a proceso por cohecho y portación de arma de fuego y cartuchos de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas. Los otros ocho detenidos también fueron vinculados a proceso, aunque con imputaciones diferenciadas, entre ellas portación o acopio de armas y delitos contra la salud. A todos se les impuso prisión preventiva oficiosa mientras continúan las investigaciones complementarias.
Las indagatorias también alcanzaron a personal de Caminos y Puentes Federales (Capufe). Entre las nueve personas aprehendidas también figura Verónica “N”, identificada como empleada de Capufe.
El 17 de septiembre, el secretario de Seguridad Pública estatal, Francisco Sánchez González, señaló que las investigaciones apuntaban a una presunta colusión entre operadores de caminos y de cuota y las autoridades municipales de Esperanza para facilitar el robo de transporte de carga en la autopista Puebla–Veracruz.
Además, es importante señalar que el propio José Isaac Rodríguez Ochoa había sido trabajador de Capufe años antes de ser electo como presidente municipal de Esperanza.
Edil de Cuautempan pasó nueve meses prófugo
Gerardo Cortés Caballero, postulado por la coalición Morena–PT, fue detenido el 4 de febrero de 2026 en Tlaxcala, después de permanecer prófugo alrededor de nueve meses. Su captura ocurrió tras una investigación que incluyó cateos en inmuebles vinculados con él y su administración municipal. En uno de esos operativos, las autoridades reportaron el hallazgo de armas y drogas, mientras el alcalde logró escapar.
Gerardo Cortés se había destacado porque encabezaba una empresa familiar a la venta de materiales de construcción y con el paso de los años, ese comercio se convirtió en el principal proveedor de varios ayuntamientos en la Sierra Norte de Puebla. Por esto, sorprendió a la opinión pública de ser un exitoso empresario, que llegó a alcalde, terminara involucrado en una supuesta red de extorsiones.
Cortés Caballero fue vinculado a proceso por secuestro exprés y extorsión agravada. En un primer momento quedó sujeto a prisión preventiva, pero el 28 de febrero pasado un juez modificó la medida cautelar y le concedió prisión domiciliaria con monitoreo electrónico.
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Tianguismanalco: una denuncia presentada por una trabajadora
El 17 de agosto de 2026, agentes ministeriales detuvieron a Juan Pérez Moral, alcalde por el Partido del Trabajo (PT) de San Juan Tianguismanalco, en campos de labor de la comunidad de Buenavista, en cumplimiento de una orden de aprehensión relacionada con una denuncia presentada por una trabajadora del ayuntamiento. La Fiscalía señaló que la agresión sexual denunciada habría ocurrido el 10 de febrero, dentro de las oficinas municipales.
Un día después, un juez lo vinculó a proceso por el delito de violación y le impuso prisión preventiva, además de conceder dos meses para la investigación complementaria. Tras la detención, Édgar Pérez Rosas, hijo del alcalde, rindió protesta como presidente municipal suplente ante el cabildo.
Ahuazotepec: un alcalde que continúa prófugo
Alfredo Ramírez Hernández, exalcalde panista de Ahuazotepec, permanece prófugo desde mayo de 2025, cuando las autoridades realizaron un cateo en su domicilio y el entonces edil escapó. En junio presentó su renuncia irrevocable al cargo, argumentando motivos personales, pero su salida del ayuntamiento no resolvió su situación ante la justicia.
Las investigaciones lo relacionan con presuntos delitos de extorsión, robo de vehículos y narcomenudeo.
Su caso representa una diferencia importante dentro del recuento: aunque forma parte de los expedientes contra alcaldes durante el actual gobierno estatal, aún no se ha logrado su detención.
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