
La Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) no confronta con el Banco Nacional de Datos Forenses ni con las comisiones de búsqueda nacional y estatal los cadáveres sin identificar que llegan a sus instalaciones. Desde 2019 y hasta septiembre de este año, mil 92 siguen sin nombre; 88 de ellos ingresaron en 2026 y permanecen en cámaras frías, anónimos.
La Fiscalía admitió por escrito que no hace esos cruces, aunque la ley se lo ordena. La Ley de Búsqueda de Personas del Estado de Puebla le encarga el Banco Estatal de Datos Forenses y la obliga a realizar cruces de información “de manera permanente y continua”. La Ley General en materia de desaparición, reformada en 2025, le exige además mantener sus bases de datos interconectadas con el Banco Nacional.
Mientras la narrativa oficial y medios han presumido y destacado el convenio con el Instituto Nacional Electoral (INE) como su gran avance, con 205 cuerpos identificados por huellas dactilares, según su propio oficio, el ADN, la prueba reina de la ciencia forense, se mantiene inutilizada, aislada a nivel nacional y muerta en sus archivos.
Los registros que la Fiscalía entregó en respuesta a la solicitud con folio 1020421526000434 muestran además un giro silencioso: desde 2025, ningún cuerpo nuevo va a parar al Centro de Resguardo. Hasta 2024 ese centro recibía cada año entre 90 y 144 de los cadáveres que llegaban sin identificar; hoy tiene 661 y ya no caben. Los 49 que ingresaron en 2025 y los 88 de 2026 que siguen sin nombre permanecen en cámaras frías, y al menos 21restos óseos, en la osteoteca.
Centralización del Colapso: cierre del Semefo de Izúcar de Matamoros
La Fiscalía no explica el cierre del Centro de Resguardo pero en su respuesta consigna una fecha que coincide: el desmantelamiento de la infraestructura forense regional en zonas de alta expulsión migratoria y violencia: el Semefo de Izúcar de Matamoros está inhabilitado desde junio de 2025.
Así, todos los fallecidos de los municipios de la Mixteca poblana ahora son trasladados al Semefo de Puebla capital, sobrecargando a una sede central, cuyo Laboratorio de Genética Forense opera con tan solo 18 peritos adscritos para todo el estado.
Las cifras del convenio con el Instituto Nacional Electoral tampoco coinciden. En junio de 2025, la prensa local hablaba de 224 cuerpos identificados por esa vía; otro medio publicó 271, y en enero de 2026 la fiscal general informó ante el Congreso del estado de 293 coincidencias positivas.
Ocho meses después, por escrito, la Fiscalía reporta oficialmente 205.
El limbo genético: la FGE oculta cuántas muestras ha procesado realmente
La Fiscalía tampoco esclarece cuántos perfiles genéticos ha logrado procesar e integrar fehacientemente. Al ser cuestionada sobre el número de perfiles obtenidos, la dependencia se limitó a señalar que a todo cadáver desconocido se le toma muestra y que contar con la “solicitud de perfil genético” es requisito obligatorio para su inhumación . Sin embargo, tramitar una solicitud no equivale a obtener el resultado: el documento oficial omite precisar cuántos de esos trámites administrativos concluyeron realmente en un perfil de ADN registrado y utilizable
Los documentos dejan ver un vacío clave sobre el trabajo genético real, a la fecha los perfiles biológicos procesados y almacenados se desconocen y las huellas genéticas registrada son un verdadero misterio. El ADN existe en el discurso; en el papel, no tiene cifra.
Los alcances del convenio del INE
El convenio con el INE tiene además un alcance limitado. El cruce de huellas dactilares solo puede identificar a personas mexicanas mayores de edad que hayan tramitado su credencial para votar. Quedan fuera las niñas, niños y adolescentes, las personas extranjeras, incluidas las migrantes en tránsito, y quienes nunca se registraron en el padrón.
Las huellas tampoco sirven cuando el cuerpo ya no las conserva. El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) ha advertido que en los restos óseos o en avanzado estado de descomposición no quedan huellas utilizables, y que en esos casos solo el ADN permite devolverles el nombre. Es justo la herramienta que la Fiscalía no cruza.
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Preguntas incómodas, ignoradas
Un silencio institucional que bloquea la búsqueda desde fuera de Puebla: la solicitud pedía cuántos de esos cuerpos eran de personas originarias de otra entidad o de otro país, y el oficio pasa del punto 3 al 5 sin mencionarla. Es el dato que necesitan las familias que buscan desde fuera de Puebla, incluidas las de personas migrantes que cruzan el estado rumbo a Estados Unidos: si sus registros genéticos tampoco se cruzan con el Banco Nacional, un cuerpo sin nombre en la capital poblana no tiene cómo encontrarse con quien lo busca desde Chiapas, Guerrero u Honduras.
Las metas, protocolos de temporalidad e indicadores de desempeño en la gestión necrológica fueron preguntas que la FGE pasó por alto. Al ser cuestionada sobre los tiempos promedio de gestión, la FGE reconoce abiertamente que “no existe un tiempo determinado y/o aproximado para su identificación” o inhumación.
También guardó silencio ante el presupuesto destinado a esa tarea, remitió a la Plataforma Nacional de Transparencia en lugar de dar la cifra.
Del otro lado están las familias. Son ellas las que recorren fiscalías y comisiones, entregan muestras de su propia sangre y regresan una y otra vez a preguntar si hubo coincidencia. Nohelia lo resume así:
“tenemos esperanza de que nos digan que está ahí, que ya terminará el infierno de esta incertidumbre que me está matando. Es increíble que la fiscalía ignore este dolor”.
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