En sesión de la Comisión de Minería y Energía del Senado se expusieron antecedentes sobre accidentabilidad, fallecimientos y medidas de seguridad. Desde la Coordinadora de Trabajadores de la Minería (CTMIN) se puso el acento en la necesidad de fortalecer la fiscalización, garantizar la participación sindical y avanzar en la implementación de la Política Nacional que duerme el sueño de los justos en la CGR.

Daniela Pizarro A. Periodista. 17/11/2026. La seguridad laboral en la minería volvió a ser materia central en la sesión de la Comisión de Minería y Energía del Senado. Este lunes la instancia abordó la situación actual de la Política Nacional de Salud y Seguridad en la Minería en Chile, los desafíos en prevención de accidentes y fortalecimiento de la fiscalización.
Estuvieron invitados el Ministro de Minería; Sernageomin; Dirección del Trabajo; Instituto de Seguridad Laboral; Confederación de Trabajadores del Cobre, y Confederación Minera de Chile.
Uno de los antecedentes más preocupantes corresponde a las cifras entregadas por el Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin), que registran preliminarmente 13 personas fallecidas en accidentes mineros durante 2026. La cifra representa un aumento respecto de las 11 víctimas fatales de 2024, aunque se mantiene por debajo de las 20 registradas durante 2025.
La presentación también dio cuenta de que, de las 13 personas fallecidas este año, seis trabajaban en la pequeña minería y otras seis se desempeñaban en empresas contratistas, antecedentes que vuelven a poner sobre la mesa las condiciones de seguridad de quienes desarrollan labores en empresas subcontratistas.
CTMIN: “Sin fiscalización, no hay prevención”
Una de las exposiciones centrales fue la presentada por la Coordinadora de Trabajadores de la Minería (CTMIN), que planteó una mirada crítica sobre las brechas de fiscalización y la necesidad de que la seguridad minera se transforme en una prioridad efectiva de la política pública.
La organización, integrada por seis entidades sindicales —entre ellas la Confederación de Trabajadores del Cobre (CTC), la Federación de Trabajadores del Cobre (FTC), FESUC, FESUMIN, la Federación Minera de Chile y CONFEMIN— señaló que representa aproximadamente a 250 mil trabajadores y trabajadoras de la minería nacional.
En su presentación, la organización advirtió sobre las diferencias entre los registros de fallecimientos de Sernageomin y la Superintendencia de Seguridad Social (SUSESO). Mientras el primero contabilizó 44 fallecidos entre 2023 y 2025, SUSESO registró 24 para el mismo período, debido a diferencias en los criterios de clasificación y cobertura de ambos organismos.
Sin embargo, para la colectividad sindical, más allá de las diferencias estadísticas, la preocupación principal está en la persistencia de accidentes fatales y en las debilidades del sistema de fiscalización.
Uno de los antecedentes más relevantes expuestos corresponde a un informe de la Contraloría General de la República, que identificó 3.517 faenas mineras sin fiscalización durante el período 2022–2024, con una cobertura nacional que cayó desde el 25% en 2022 al 14% en 2024.
La situación presenta brechas especialmente preocupantes en regiones mineras. En Atacama, por ejemplo, se identificaron 2.863 faenas sin fiscalización de un universo de 3.889, mientras que en Antofagasta se contabilizaron 553 faenas sin fiscalizar de un total de 1.182.
A juicio de CTMIN, estos antecedentes demuestran que no basta con disponer de normas y políticas preventivas si no existen los recursos humanos, técnicos y presupuestarios necesarios para garantizar su cumplimiento en terreno.
En ese marco, la organización planteó cinco líneas de acción prioritarias: aumentar los recursos destinados a fiscalizadores, movilidad y capacitación; transparentar la dotación y cobertura regional; establecer metas anuales verificables; mejorar el registro y seguimiento de los accidentes fatales en toda la cadena productiva, y acelerar la implementación de la Política Nacional de Seguridad y Salud Minera.
Asimismo, solicitó hacer seguimiento a la toma de razón de esta política por parte de la Contraloría y establecer mecanismos de seguimiento tripartito, con participación del Estado, las empresas y las organizaciones sindicales.
La presentación concluyó con un planteamiento que sintetiza la posición de los trabajadores: “Ninguna meta productiva está por sobre la vida de las y los trabajadores”.
Gobierno anuncia mesas regionales
En tanto, el subsecretario de Minería, Álvaro González, presentó las acciones impulsadas por el Ejecutivo para enfrentar la accidentabilidad y fortalecer la prevención en el sector.
Entre las medidas expuestas destacó la conformación de una Mesa Transversal por la Seguridad Minera, realizada el 16 de octubre, junto con el desarrollo de mesas regionales que buscan recoger antecedentes y propuestas de los distintos actores de la industria.
De acuerdo con la presentación, el proceso contempla cinco etapas: la instalación de espacios de diálogo, la recopilación de antecedentes, el trabajo directo con empresas y sindicatos, la sistematización de propuestas y, finalmente, la presentación de medidas durante marzo de 2027.
El Ejecutivo informó además que ha desarrollado 45 instancias de diálogo en 11 regiones, con la participación de 1.599 personas, incluyendo representantes de empresas, pequeña minería, sindicatos, gremios, servicios públicos y trabajadores de faenas.
La exposición también recordó el marco normativo que debe orientar estas acciones, incluyendo los convenios 155 y 176 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el Reglamento de Seguridad Minera (DS 132), el DS 44 sobre gestión preventiva de riesgos laborales y la Política Nacional de Seguridad y Salud en la Minería.
Entre los antecedentes de las otras presentaciones se incluyeron herramientas para fortalecer la gestión preventiva en el sector minero, tales como la priorización de entidades empleadoras, la autoevaluación de riesgos, la asesoría preventiva inicial, la elaboración de planes de trabajo y el seguimiento de la accidentabilidad.
También se incorporaron desafíos relacionados con el trabajo macrozonal y la coordinación institucional con Sernageomin, reforzando la importancia de articular las capacidades de los organismos públicos responsables de la prevención y seguridad laboral.
“No somos una cifra, aquí hay familias”
En su intervención, la presidenta de la Confederación de Trabajadores del Cobre, Ana Lamas, sostuvo que los accidentes mineros no pueden analizarse como hechos aislados, pues también están relacionados con la incertidumbre laboral, los riesgos psicosociales, la precarización del trabajo y el debilitamiento de los derechos laborales.
“Nosotros no somos solamente una cifra o una estadística. Aquí hay vidas, hay familias y hay comunidades que son golpeadas”, enfatizó, llamando a que el país deje de limitarse a lamentar los accidentes y avance hacia medidas concretas para impedir que sigan ocurriendo.
Lamas exigió explicaciones sobre la demora en la toma de razón de la Política Nacional de Seguridad y Salud en la Minería, iniciativa construida mediante un trabajo tripartito, y señaló que su implementación debe articularse con una fiscalización efectiva y mayores responsabilidades para las empresas.
La dirigenta también puso énfasis en las desigualdades que enfrentan los trabajadores contratistas, advirtiendo que sus condiciones laborales y niveles de protección no son equivalentes a los de trabajadores de planta. En ese sentido, planteó la necesidad de avanzar en legislación que permita terminar con los abusos de la subcontratación, fortalecer la internalización y garantizar igualdad salarial y de derechos laborales.
Asimismo, vinculó la seguridad con el debate estratégico sobre el futuro de la minería y la distribución de sus riquezas, preguntando quiénes se benefician de la producción y quiénes asumen sus costos.
En esa línea, reafirmó la defensa de Codelco 100% estatal y rechazó las fórmulas de privatización encubierta, señalando que la empresa debe fortalecer su desarrollo, invertir en fundiciones y refinerías y avanzar hacia una estrategia de industrialización que agregue valor a los recursos naturales.
Finalmente, la presidenta de la CTC insistió en que la participación de las organizaciones sindicales en instancias estatales no puede limitarse a convocatorias formales. “No queremos una participación solamente formal”, señaló, exigiendo que las propuestas de los trabajadores sean escuchadas, incorporadas y consideradas en las decisiones, junto con mecanismos de seguimiento de los compromisos y respuestas concretas.
¿Y la toma de razón?
La sesión finalmente no logró dilucidar por qué después de casi un año de ingresada la Contraloría General de la República no da el vamos a la normativa.
En esa línea, el senador Daniel Núñez, subrayó que “no me calza, no me cuadra que aún la Contraloría no haya hecho la toma de razón, aquí tiene que haber un motivo, entonces quisiéramos saber qué gestiones han hecho (Ministerio) para acelerar esto. Nosotros ya mandamos un oficio. Esto es increíble, porque hay trabajadores que fallecen, pero también quienes tienen accidentes con secuelas graves”.
Y agregó que “le pido al secretario analizar qué acción administrativa podemos realizar, porque todos los procesos tienen sus tiempos y ya han pasado más de ocho meses y no sabemos qué pasa. Me parece que no es razonable ni correcto”.
Frente a ello, el subsecretario de minería, explicó que “el Ministerio de Minería toma conocimiento en el marco del seguimiento que se hace en el consejo superior laboral minero, ya que es el Ministerio del Trabajo quien está a cargo de ello. Entiendo que es el subsecretario del Trabajo quien está haciendo seguimiento y está tratando de acelerar este proceso, por tanto no hay voluntad de retrasar y no ha llegado ningún tipo de oficio con observaciones”.
Asimismo, el senador Miguel Ángel Calisto, recalcó que “veo una inacción por parte del Ministerio del Trabajo, eso es evidente, por tanto pediría un informe o invitarlos a la próxima sesión para saber cuáles son las gestiones que han hecho”.
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