Por acato judicial, Hacienda descongela cuentas de “ex funcionario” de Sinaloa, se apunta a Rocha Moya

Alejandro Alegría n. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), informó este viernes que se descongelaron de manera temporal las cuentas bancarias de un ex funcionario del gobierno de Sinaloa, como resultado de un juicio promovido por el propio implicado.

La dependencia no mencionó directamente que se trata del ex gobernador Rubén Rocha Moya, luego de que el jueves trascendió que el ex mandatario estatal volvería a tener acceso a sus recursos. De acuerdo con Hacienda, “en el marco de un procedimiento judicial promovido por un ex funcionario del gobierno de Sinaloa, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) concedió una suspensión provisional que permite el acceso a ministraciones futuras derivadas de pensiones por cesantía en edad avanzada y jubilación por viudez”.

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La resolución fue emitida por la Segunda Sala Regional en Sinaloa del TFJA y establece que el ex servidor público “podrá disponer únicamente de las ministraciones del ISSSTE, IMSS y la Universidad Autónoma de Sinaloa, al tratarse de recursos protegidos por el principio de inembargabilidad de las pensiones”.

La autoridad hacendaria puntualizó que esta determinación “no implica un acceso total a las cuentas bancarias, por lo que los recursos distintos a los expresamente señalados en la resolución, así como cualquier otra operación financiera permanecen sujetos a las restricciones correspondientes”.

Cabe recordar que las cuentas bancarias de Rocha Moya fueron bloqueadas por la UIF como parte de las indagatorias financieras iniciadas tras los señalamientos hechos por la justicia de Estados Unidos sobre su presunta colaboración con el Cártel de Sinaloa, en particular con la facción de “Los Chapitos”.

Finalmente, la dependencia subrayó que “reitera su compromiso con el respeto a las resoluciones judiciales, el debido proceso y el derecho de garantía de audiencia, así como con el fortalecimiento de las acciones institucionales para prevenir y combatir las operaciones con recursos de procedencia ilícita”.

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