El engaño del 7 de enero

Los gobernantes dominicanos han jugado al tiempo para engatusar al pueblo, pues en la alta política, el manejo del tiempo suele ser más estratégico que el manejo de los recursos. El reciente anuncio del presidente Luis Abinader, acompañado por figuras clave de su gabinete como Eduardo Sanz Lovatón y José Ignacio Paliza, sobre la congelación de los precios de los combustibles hasta el 7 de enero de 2027 parece, a primera vista, un alivio para el bolsillo de la familia dominicana. Sin embargo, tras la fachada del paternalismo estatal y las fotos de sonrisas corporativas en el Palacio Nacional, se esconde una maniobra de dilación calculada: anestesiar la presión social durante las festividades navideñas y postergar el choque de realidad para el año que inicia.

La gran interrogante que el Poder Ejecutivo evita responder con claridad es evidente: ¿Qué sucederá exactamente el 8 de enero?

El subsidio es como una anestesia social, que este y gobierno antecesores han proyectados para contener el costo de las alzas de los carburantes, que actualmente podría alcanzar los astronómicos 50,000 millones de pesos al cierre de este año, estableciendo un tope de subsidio semanal de RD$1,500 millones para mantener la medida en pie.

Si bien la justificación oficial apunta a la volatilidad de los mercados internacionales y a las crecientes tensiones en el Golfo Pérsico, la temporalidad de la medida delata su verdadera intención.

El fijar como fecha límite el 7 de enero no es un cálculo macroeconómico; es un cálculo sociopolítico.

Diciembre en la República Dominicana es un mes de alta emotividad, consumo reactivado por el doble sueldo y festividades que tradicionalmente aplacan el descontento ciudadano. Al garantizar que la gasolina y el gasoil no subirán durante este periodo, el Ejecutivo compra tranquilidad social en el momento del año en que los sectores populares y productivos suelen hacer balance del deterioro en su calidad de vida.

Congelar los precios durante la Navidad es la forma perfecta de apagar los motores de la protesta social.

Pero los subsidios masivos no eliminan la inflación ni corrigen las distorsiones de la economía; simplemente las acumulan debajo de la alfombra fiscal, para luego reventar en contra del consumidor.

El pacto de la estabilidad simulada

El encuentro en el Palacio Nacional no solo sirvió para congelar el combustible, sino para escenificar un «pacto de estabilidad» con las elites empresariales y comerciales.

Los anuncios paralelos ofrecieron un cuadro casi idílico: la Unión de Medianos y Pequeños Industriales de la Harina (UMPIH) prometiendo mantener el precio del pan popular y la telera navideña; la Federación Dominicana de Comerciantes garantizando 25 millones de pollos, cerdos y arroz a precios estables; y la Asociación de Navieros reportando una ligera reducción en los fletes internacionales.

Esta escenografía, «casi bailable» , busca transmitir una narrativa de control absoluto sobre la cadena de suministros y los precios al consumidor.

No obstante, existe un marcado divorcio entre las notas de prensa oficiales y el presupuesto real de las familias de a pie. La canasta básica familiar ha experimentado aumentos constantes que merman día a día el poder adquisitivo real de los dominicanos.

Presentar la conservación de los precios del pan desde 2022 o la abundancia de carne de cerdo a RD$130 la libra como grandes triunfos oculta que el costo de la vida ya se encuentra en niveles sofocantes para la mayoría.

Garantizar el abastecimiento para la cena de Nochebuena es una obligación básica de mercado, no un sustituto de políticas públicas de desarrollo que mejoren los salarios reales, la eficiencia energética y los servicios públicos esenciales.

La letra pequeña: La cláusula de los 1,500 millones

Dentro del propio anuncio gubernamental yace una letra pequeña que dinamita la supuesta certeza de la medida. Se mantendrá el congelamiento «siempre que el subsidio semanal no supere los RD$1,500 millones».

Esta condición deja abierta la puerta a que, ante cualquier escalada imprevista en el precio del barril de petróleo a nivel internacional, el Gobierno se desvincule de su compromiso antes de la fecha pautada o justifique un desmonte abrupto tan pronto inicie el nuevo año.

Es un alivio condicionado, atado con hilos frágiles, que no resuelve el problema estructural de la alta dependencia dominicana de los hidrocarburos ni la pesada carga impositiva aplicable a los combustibles mediante la Ley 112–00 y sus modificaciones.

El despertar del 8 de enero

¿Qué pasará cuando transcurran los Reyes Magos?

Esa es la pregunta que la sociedad civil y los sectores económicos independientes deben formular con firmeza.

La economía no responde a deseos de calendario.

El costo de acumular subsidios por RD$50,000 millones genera un déficit fiscal que de una u otra forma terminará transfiriéndose a los contribuyentes.

Si a partir del 8 de enero el Gobierno decide retirar gradualmente los subsidios o sincerar los precios en un entorno internacional adverso, el impacto inflacionario caerá como un balde de agua fría sobre una población recién salida de los gastos navideños.

Si, por el contrario, el Estado decide extender indefinidamente la política de subsidios astronómicos, ¿de dónde saldrán los recursos? ¿Se sacrificarán partidas destinadas a salud, educación, infraestructura o seguridad ciudadana? ¿O se recurrirá a un mayor endeudamiento público para sostener el espejismo?

Por una discusión económica honesta

Los dominicanos no necesitan paliativos temporales diseñados para esquivar la presión de la opinión pública en fechas festivas; exigen y merecen una gestión económica transparente y sostenible.

La medida de congelar los combustibles hasta el 7 de enero no es más que un bypass político a una arteria económica obstruida.

Ganar unas semanas de paz social a costa de profundizar el déficit o preparar un ajuste severo para el inicio de 2027 es una estrategia engañosa.

Es momento de exigir al Gobierno que presente un plan económico integral que no dependa del parche coyuntural del subsidio, sino de la eficiencia en el gasto público, la revisión de la estructura de precios de los carburantes y el fortalecimiento real del salario dominicano.

De lo contrario, la resaca de enero no será solo por las fiestas, sino por el duro golpe de una realidad económica que no se deja congelar por decreto.

Por Manuel Antonio Vega