En el marco del plan de retiro voluntario en IOSFA, el Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, que atraviesa una severa crisis financiera, puso en marcha el mecanismo para empleados de planta permanente. Se trata de una determinación que profundiza el desguace y la liquidación de la estructura que funcionaba desde 2013 al servicio de los uniformados y sus familias.
La disposición oficializada a través de la Disposición 721/2026 en el Boletín Oficial contempla una “gratificación” de hasta 30 sueldos y seis meses de cobertura médica para el núcleo familiar según la edad, la antigüedad y la situación jubilatoria. El plazo para solicitar la baja regirá entre el 12 y el 26 de noviembre, sin posibilidad de prórroga.
El objetivo del Gobierno nacional apunta a traspasar una nómina reducida a la nueva Obra Social de las Fuerzas Armadas (OSFA), entidad que asumirá las prestaciones. El organismo bajo liquidación registra actualmente un plantel de 2.450 trabajadores bajo diversas modalidades contractuales.
El esquema incluye además a quienes están cerca de la edad de retiro pero no reúnen los años requeridos. Para este sector, “ofrece una alternativa de prestación mensual equivalente al 60% de la remuneración bruta, con continuidad de aportes previsionales y de obra social, por hasta 36 meses o hasta reunir los requisitos jubilatorios”, señalaron fuentes oficiales.
Liquidación y división operativa
La medida forma parte del cierre formal de IOSFA ordenado mediante los DNU 88/2026 y 1286/2026 que rubricó el presidente Javier Milei junto a sus ministros. Estas normativas reconfiguraron el sistema al fundar la OSFA y la Obra Social de las Fuerzas Federales de Seguridad (OSFFESEG), destinada a la Gendarmería Nacional y la Prefectura Naval.
El nuevo esquema asistencial prevé destinar únicamente un 8% de sus fondos a gastos de funcionamiento y administración, derivando el remanente a prestaciones sanitarias y medicamentos para 325 mil afiliados. Antes del desdoblamiento, la cobertura alcanzaba a 550.000 personas al integrar a las fuerzas de seguridad federales.
Este régimen de desvinculación rige exclusivamente para los agentes de la planta permanente de la entidad, al tratarse de un ente descentralizado excluido del régimen general de la administración pública.
Bajo la conducción del liquidador Gonzalo Secchi, los trabajadores afrontan un escenario de presión para rescindir su relación de dependencia tras la confirmación de la disolución institucional.
El funcionario tiene a su cargo también la regularización de pasivos con prestadores médicos, los reclamos asistenciales y las disputas operativas en residencias, hoteles y farmacias.
Condiciones y resistencia gremial
A partir del decreto 1286/2026, la gestión dispuso que no habrá pases automáticos hacia la flamante OSFA, lo cual acentúa la incertidumbre laboral. En las dependencias de recursos humanos ya se reciben consultas formales para acogerse a las bajas.
El pago de la gratificación se abonará en una sola cuota si no supera los $20.000.000. En caso de cifras mayores, se cancelará en hasta tres cuotas consecutivas de $20.000.000 y una liquidación final con el remanente.
Quienes suscriban el cese enfrentarán una cláusula restrictiva: no podrán retornar a cargos, contratos ni funciones en el Estado nacional durante ocho años. La inhabilitación alcanza también tareas de asesoría y proyectos financiados por entidades multilaterales.
Frente a esta avanzada, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) convocó a un plenario federal con más de medio centenar de delegados para evaluar las consecuencias del cierre y resolvió sostener el estado de alerta con medidas de acción directa.
El reclamo gremial sumó adhesiones en parlamentos comunales y provinciales de San Juan, Santa Fe, Tucumán, Mar del Plata y Punta Alta, donde se alzaron pronunciamientos contra la clausura de prestaciones y locales recreativos.
La reducción del personal impacta de lleno en la red farmacéutica propia, al tiempo que los complejos turísticos y hoteles retornarán a la órbita de las Fuerzas Armadas.
El escenario laboral se tornará más complejo hacia el 4 de febrero de 2027, fecha límite fijada por el Ejecutivo para concluir la extinción definitiva del ente de salud.
Para rechazar las medidas, el gremio convocó a jornadas de lucha para jueves y viernes en todo el territorio nacional, sumará protestas desde el 20 de noviembre y cerrará con una marcha nacional en la Ciudad de Buenos Aires el viernes 27.
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