La izquierda denunció la muerte de un trabajador por presencia de asbesto en el subte

Las diputadas del Frente de Izquierda de los Trabajadores (FIT) Amanda Martín y Vanina Biasi expresaron su profundo pesar por el fallecimiento de Oscar Raúl Pauer, un trabajador de la red de subterráneos, y aseveraron que su deceso habría estado ligado a la presencia de asbesto.

En ese sentido, las legisladoras impulsaron una iniciativa para que la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires manifieste su congoja por la muerte del obrero  y aseguraron que el mismo «debió desempeñar sus tareas expuesto al asbesto durante 30 años«.

«Así mismo declara su más enérgico repudio al accionar de la empresa concesionaria Emova y del Gobierno de la Ciudad quienes se niegan, a pesar de los reiterados reclamos de las y los trabajadores del subterráneo, a mantener la continuidad para los trabajadores jubilados de los controles médicos periódicos necesarios debido a la exposición al agente cancerígeno», aseguraron, a la vez que manifesaron su «solidaridad y pleno apoyo al paro y al plan de lucha llevado adelante por la Asociación Gremial de Trabajadores del Subterráneo y Premetro (AGTSyP) en defensa de la salud, la vida y sus condiciones de trabajo».

En los fundamentos de la iniciativa, Martín y Biasi afirmaron que «la medida de fuerza resuelta por los trabajadores del subterráneo pone nuevamente en agenda un reclamo de vital importancia que afecta no solo a los operarios de la red, sino al conjunto de los usuarios que transitan diariamente por las líneas y estaciones de la Ciudad» y alertaron que «el retiro de asbesto (sustancia prohibida y altamente cancerígena) de las formaciones e instalaciones del subte, cuya presencia es un grave crimen de bioseguridad e higiene ambiental, y que las autoridades locales y la patronal concesionaria retardan
sistemáticamente, constituye un verdadero desprecio por la vida de los trabajadores. La afectación de decenas de trabajadores con patologías respiratorias y la muerte de compañeros a causa de la exposición a este material contaminante dan cuenta de una desidia patronal y estatal inaceptable que ya se ha cobrado la vida de siete trabajadores y tiene 130 afectados».

«Así mismo, al negarle la continuidad de los controles médicos a los jubilados que podrían detectar a tiempo afecciones derivadas de la contaminación, están condenando a la posible enfermedad y muerte a quienes han dedicado su vida al servicio de este medio de este medio de transporte. Sus trabajadores denuncian que existe una latencia de hasta 40 años antes que se manifiesten enfermedades relacionadas a la exposición», indicaron y concluyeron precisando que «la salud y la vida de la clase trabajadora están por encima de los beneficios económicos de las empresas concesionarias».