
En Tlaxcala estamos a siete centímetros de una gravísima crisis ambiental y social. La pésima gestión de la basura durante los últimos 20 años está dejando un saldo de malestar entre la inmensa mayoría de la población.
Aquí y allá; en las esquinas de las ciudades, en los lotes baldíos, en los contenedores de los mercados públicos, la gente aprovecha para dejar sus bolsas repletas de plástico, sobras de comida, papel higiénico, latas de aluminio y otros desechos. El camión compactador se ha vuelto un objeto legendario, casi mítico: “Cuenta la leyenda que antes el camión de la basura pasaba por esta colonia. Pero ya no”. Me consta —por mensajes en grupos de WhatsApp— que mis vecinos se están organizando para ir a aventar sus bolsas a la presidencia municipal o al Palacio de Gobierno.
Era de esperarse una reacción así. Nuestra herencia es un bote rebosante de moscas.
Como muchos otros asuntos de carácter social, el manejo de los residuos sólidos quedó marcado por la ineptitud gubernamental, la corrupción y el clientelismo político. Pero también es cierto que la crisis que estamos padeciendo materializa el fracaso de las campañas de concienciación sobre el delicado asunto de los residuos urbanos. En algún lugar de la tele, el Ecoloco esboza una enorme sonrisa de satisfacción.
Por otra parte, las posibles bondades del marco regulatorio se ven opacadas por el manejo que las autoridades dan al asunto de la basura. La Ley de Residuos, publicada el 15 de junio de 2023, es casi letra muerta.
A estas alturas, es claro que no se garantiza “el derecho de las personas a un medio ambiente sano para su desarrollo, bienestar y salud”. Tampoco propicia “el desarrollo sostenible en la entidad”, ni fomenta una economía circular.
Como ha quedado claro con lo que hemos vivido en los últimos dos meses, se ha incumplido con el establecimiento “de una visión sistemática de la prevención en la generación, la gestión integral y el aprovechamiento de los residuos sólidos urbanos y los residuos de manejo especial”. Por donde se mire, la realidad ha impuesto su maloliente testarudez a la legislación.
Tampoco se ha logrado “la regulación de los sistemas de recolección, transporte, estaciones de transferencia, centros de acopio, plantas de valorización y sitios de disposición de todos los residuos que no sean considerados como peligrosos por la legislación federal en la materia”. De igual modo, no se ha logrado “la prevención de la contaminación y la remediación de los sitios ocasionada por residuos, dentro del territorio del estado de Tlaxcala”.
Todos los entrecomillados dan cuerpo al artículo 1 de la Ley de Residuos. En otras palabras, cada minuto se viola esta normativa. El cacareado Polo de Desarrollo de Economía Circular para el Bienestar (Podecibi) fue poco menos que una llamarada de petate; desde la perspectiva oficial, se trató de vender esta iniciativa del gobierno federal como la panacea para el problema de la basura.
En realidad, el Podecibi, el cierre de los tiraderos a cielo abierto, las presiones para los recolectores “voluntarios” y las “gestiones” de las autoridades municipales parecen formar parte de un proyecto que apunta hacia la privatización del servicio de recolección y disposición de la basura.
ACERCA DEL CORRESPONSAL
REDACCIóN CENTRAL
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