La comisión especial del Congreso que investiga las presuntas irregularidades en el Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) convocará a la directora del Registro Unificado Nacional (RUN), , para su próxima reunión, a fin de conocer detalles sobre las denuncias de irregularidades en la titularidad y transferencia de tierras en el Chaco paraguayo.
El senador (PLRA) informó que González ya confirmó su participación para el próximo jueves y que llevará documentación sobre las irregularidades detectadas en unas 64.000 hectáreas, uno de los casos que motivó la conformación de la comisión.
Según explicó el legislador, la directora del RUN ya confirmó verbalmente la existencia de problemas relacionados con superposición de títulos y documentos presuntamente inventados o fraguados. La comisión pretende conocer los antecedentes documentales y determinar quiénes estarían involucrados.
Denuncian títulos adulterados y ocupaciones irregulares en el Chaco
Durante la reunión, la comisión recibió a representantes de la Asociación del Espíritu Santo del Chaco Paraguayo, entre ellos los abogados Francisco de Vargas y el exdiputado liberal Olimpio Rojas, quienes expusieron denuncias sobre presuntas irregularidades en propiedades de la región occidental.
Amarilla señaló que las denuncias abarcan aproximadamente 64.000 hectáreas y comprenden supuesta adulteración de títulos, documentos falsos, ocupaciones irregulares y posibles complicidades dentro de los registros públicos.
El legislador explicó que la investigación no se limitará a las tierras administradas por el Indert, sino que también abarcará propiedades privadas y terrenos vinculados a otras instituciones públicas.
La comisión tiene un plazo de seis meses para reunir información, solicitar informes a las instituciones involucradas y determinar qué hechos podrían derivar en denuncias ante el Ministerio Público u otras instancias competentes.
Organización Moon denuncia despojo de 312.000 hectáreas
Otro de los casos expuestos ante los senadores fue el de la organización conocida como Moon, cuyos representantes denunciaron un conflicto judicial relacionado con 312.000 hectáreas en el Chaco.
Michelle Byun, presidenta de la organización, manifestó que consideran haber sido despojados de esas propiedades mediante un proceso judicial que, según su versión, habría vulnerado desde la primera instancia la Ley de Seguridad Fronteriza.
La representante afirmó que realizaron reclamos ante distintas instituciones estatales, pero que no obtuvieron respuestas satisfactorias. También expresó preocupación porque, según sus informaciones, actualmente se estarían realizando transferencias de las tierras.
El abogado Francisco de Vargas sostuvo que detrás de esas operaciones estarían cuatro empresas que calificó como sociedades de maletín.
Según la denuncia presentada ante la comisión, estas empresas habrían sido constituidas en Chipre y las Islas Vírgenes Británicas, no estarían inscriptas ni tributarían en Paraguay y tendrían un mismo propietario, de nacionalidad coreana.
De Vargas señaló que la organización presentó reclamos ante el Ministerio de Defensa, la Contraloría General de la República y la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), entre otras instituciones. También advirtió sobre una posible evasión tributaria y cuestionó las transferencias que, según afirmó, se estarían realizando sobre las propiedades.
Estas afirmaciones corresponden a las denuncias de los representantes de la organización y deberán ser contrastadas con los antecedentes judiciales, registrales y administrativos correspondientes.
Comisión también investigará tierras del IPS y del Indi
adelantó que la investigación parlamentaria abarcará otros conflictos relacionados con tierras públicas y privadas.
Entre los casos mencionó propiedades vinculadas al Instituto de Previsión Social (IPS), sobre las cuales ya solicitaron informes, así como terrenos relacionados con el Instituto Paraguayo del Indígena (Indi).
La comisión también prevé requerir información a la Corte Suprema de Justicia y al RUN para conocer el estado de los procesos judiciales y registrales relacionados con las denuncias.
El objetivo, según el senador, es reunir documentación sobre los distintos casos, esclarecer las presuntas irregularidades y establecer las responsabilidades que pudieran corresponder.
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