Se apagó la estrella del modelo Tlaxcala

Se apagó la estrella del modelo Tlaxcala. Alicia Bárcena llama a Tlaxcala “nuestra estrella” cuando promueve su agenda ambiental. Esa frase (pronunciada el 2 de junio de 2026) debe volver al debate público porque el proyecto de economía circular perdió su ubicación en Atlangatepec y los municipios están teniendo dificultades para deshacerse de sus residuos; una estrella del gobierno debería medirse por resultados (sobre todo cuando su brillo daña los servicios públicos).

El problema ya existía antes de esa ceremonia. En el Plan Estatal de Desarrollo 2021–2027 se nombran cuatro sitios para el confinamiento de residuos (Panotla, Huamantla, Tetla y Nanacamilpa). Su deterioro tampoco es desconocido. En septiembre de 2023, el entonces secretario de Medio Ambiente –hoy secretario de Gobierno–, Antonio Ramírez Hernández admite que no se han realizado estudios ambientales serios durante más de 30 años y señala problemas preliminares con lixiviados y controles técnicos.

El gobierno recibe una infraestructura antigua, pero también advertencias y tiempo para construir una solución. En 2025 anuncian plantas de reciclaje e intentan unirse al esquema federal de polos de economía circular. En noviembre, Panotla y Huamantla son cerrados por orden de Profepa, la alternativa aún se construía mientras los lugares donde se recibían los residuos se cierran.

Ahí está el centro de la crítica: una transición ambiental debe garantizarse durante el cambio. Cerrar instalaciones contaminantes satisface una necesidad; cerrarlas sin capacidad de sustitución expone a la población a otra emergencia.

La declaración federal del polo (junio de 2026) es lo que desata la celebración. Pero el reconocimiento administrativo no se tradujo en una planta en funcionamiento. Entre ambas cosas faltaron decisiones, estudios e infraestructura.

Se vendió una expectativa con lenguaje de logro. Hoy es necesario explicar por qué la promoción fue más rápida que la solución. Los residuos muestran esa distancia: necesitan destino, transporte, presupuesto y continuidad. Ninguna de estas condiciones aparece cuando dicen que Tlaxcala es un modelo para el resto del país.

La responsabilidad no desaparece

El 8 de octubre de 2026, La Secretaría de Medio Ambiente informa que estudios adicionales llevan a descartar el polo en Atlangatepec. Pedro Aquino explica luego que las condiciones del suelo, topografía e hidráulicas encarecen la construcción y operación. Problema técnico y problema económico; el terreno había cumplido previamente con los criterios federales de sostenibilidad.

Ambas evaluaciones pueden referirse a cosas diferentes. Lo cuestionable es haber celebrado una solución cuya conveniencia aún no estaba disponible. Gobernar significa distinguir entre proyecto, autorización, construcción y operación; si estas etapas se confunden en el discurso, los ciudadanos pagan por lo que se anuncia, pero no está disponible.

También hay resistencia comunitaria. La gente en San Pedro Ecatepec protesta contra los riesgos que afirman el proyecto crea. La gobernadora culpa la paralización a esa oposición y dice que hay intereses privados involucrados. Esa sospecha debe probarse. Hacerlo una explicación suficiente eliminaría una obligación: demostrar que la propuesta era técnicamente, financieramente y socialmente defendible.

Luego vino el recordatorio de que los residuos pertenecen a los municipios. Cierto: el artículo 10 de la Ley General de Residuos les asigna la recolección, transferencia, tratamiento y disposición final, pero esta competencia coexistía con instalaciones regionales gestionadas por el estado a través de convenios.

Invocar la norma no dice cómo reemplazar el servicio que respaldaba ese arreglo. Los municipios deben responder por la previsión; el gobierno estatal por la transición que lideró y la alternativa que promovió. La responsabilidad compartida exige cuentas diferentes, no una cadena de acusaciones.

Un recorrido periodístico el 1 de noviembre confirmó que Atlangatepec ya no recibía residuos. Días antes había seis alternativas siendo analizadas. Lo que ocurrió debe explicarse públicamente: estudios, recursos gastados, destinos autorizados, capacidad y tarifas. Sin esos datos, pedir confianza es como pedir otro crédito político después de no cumplir una promesa.

La montaña exige resultados

¿Quién cuidará del bosque? La pregunta surge porque La Malinche también está en la agenda que Bárcena y Cuéllar celebraron. El acuerdo anunciado en junio de 2026 ofrece fortalecer la inspección, vigilancia, conservación y restauración. Es una obligación pertinente frente a una montaña cuyo deterioro es conocido por las instituciones gubernamentales.

En julio de 2025, el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias informa que plagas como las del escarabajo descortezador mexicano (recurrentes desde 2020) han matado miles de árboles. La agricultura, el pastoreo, usos clandestinos e incendios incrementan las presiones sobre el ecosistema.

Profepa incluye a La Malinche entre 13 áreas forestales críticas de atención prioritaria por la tala ilegal, el cambio de uso de suelo y los asentamientos irregulares. El diagnóstico es difícil de justificar sorpresa institucional: las amenazas eran conocidas antes del acuerdo; necesitaban continuidad, presupuesto y presencia territorial.

Hay intervenciones verificables. En enero de 2026, unos noventa miembros de corporaciones y agencias son capacitados. En febrero, una operación desactivó seis hornos de carbón en San Pablo del Monte.

Sería incorrecto borrar esas acciones para sostener una crítica. También sería complaciente convertirlas automáticamente en prueba de recuperación forestal. Una operación muestra intervención; para probar mejora necesitas saber cómo evoluciona el daño. La evaluación debe mirar superficies restauradas, supervivencia de árboles, control de plagas y monitoreo de infracciones.

El fracaso del modelo circular no significa el fracaso de la política forestal. Pero obliga a revisar rigurosamente las otras promesas de la misma vitrina; quien pide reconocimiento como referencia nacional debe aceptar ser examinado con indicadores públicos y sostenidos más allá de sus ceremonias.

El río y las cuentas pendientes

El río hace ampliar la memoria. La recomendación 10/2017 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos denuncia violaciones del derecho a un ambiente sano, saneamiento del agua y acceso a la información debido a la contaminación en el Atoyac, Xochiac y sus afluentes (en Tlaxcala son Tepetitla, Natívitas e Ixtacuixtla).

Sus destinatarios fueron autoridades federales, estatales y municipales. La cuenca ha estado pidiendo coordinación que produzca resultados durante años. Ningún nivel de gobierno puede ser solo un acompañante cuando hay atribuciones y compromisos que le corresponden.

Aquí también deben tomarse en cuenta acciones documentadas. El Programa de Acción de Saneamiento informó el 14 de octubre de 2026 sobre 20 kilómetros de cauce intervenido; colectores y obras en Tlaxco, Tecomalucan y Acopinalco con una capacidad combinada de 65 litros por segundo. La meta federal anunciada es recuperar 92 kilómetros para 2030.

Estos son avances de infraestructura y metas de intervención. Para mostrar saneamiento se deben publicar mediciones comparables de calidad del agua, continuidad de operación y control de descargas. El kilometraje de una obra no responde por sí solo qué contaminantes dejaron de llegar al río.

La lección de los residuos debe aprenderse antes de reclamar nuevas victorias ambientales. Las promesas sobre infraestructura, acuerdos firmados y avances administrativos mostrados son pasos necesarios; la transformación se reconoce cuando el servicio funciona y el daño disminuye.

La estrella del modelo Tlaxcala perdió su brillo porque la celebración fue mayor de lo que muestran sus resultados. La credibilidad se recupera al explicar lo que ocurrió en Atlangatepec y sometiendo bosque, residuos y agua al escrutinio público.

¿Quién cuidará, dispondrá y limpiará? Las instituciones que ya tienen esas obligaciones. Ahora necesitan especificar responsabilidades (qué), presupuestos (cuánto), plazos (cuándo) y resultados (qué). Los ciudadanos necesitan saber a dónde van sus residuos, cómo se protege la montaña y cuándo mejorará el río contaminado ¿O esa es otra historia?