
Durante un balance ofrecido por la Cámara Industrial, Comercial y Agrícola del Estado Falcón (CICAF) sobre la situación socioeconómica de la zona central y el municipio Miranda, el gremio empresarial alertó que el 80% de los afiliados y no afiliados reportan una caída sostenida en sus niveles de ventas.
La cual ha sido profundizada por el colapso de los servicios públicos y la inestabilidad del sistema eléctrico.
El presidente de CICAF, José Ávila, detalló que la crisis operativa ha roto el punto de equilibrio financiero de los comercios, estimando que las mermas en la comercialización varían por segmentos entre un 15%, 20%, 30%, 40% y hasta 50%.
«Lo que afecta de manera crítica a sectores sensibles como el comercio al detal, la salud privada y los rubros perecederos», dijo.
Impacto de los apagones y sobrecostos operativos
El gremio señaló que los cortes no programados de energía eléctrica generan daños recurrentes y un incremento insostenible en los costos presupuestarios de las empresas.
«El 62% de los establecimientos reporta daños severos en maquinarias y sistemas tecnológicos, además de pérdidas cuantiosas en inventarios de alimentos con cadena de frío y productos cárnicos».
Ávila también alegó que solo entre un 35% y 38% de los negocios cuenta con capacidad para autogenerar energía.
Dijo que el costo operativo se incrementa entre un 16% y 33% debido al consumo masivo de combustibles; plantas medianas de 37 kVA consumen cerca de 200 litros de diésel a la semana.
Mientras que grandes superficies comerciales y retails demandan hasta 100 litros de diésel por hora.
«Más del 95% del sector comercial y de la sociedad civil exige a las autoridades un programa de administración de carga transparente y cronometrado para poder planificar la operatividad».
Presión tributaria y doble cobro de servicios
Asimismo, los representantes empresariales denunciaron que las facturas de servicios públicos registran incrementos mensuales de entre 15%, 20% y 25%, a pesar de recibir menos de la mitad del tiempo de servicio efectivo.
A esto se suma el impacto de la tributación local y la doble facturación en materia de aseo urbano, donde se cobra por separado la recolección municipal y la disposición final regional.
En cuanto a las alícuotas impositivas municipales, el gremio solicitó una revisión urgente y razonable, ejemplificando que sectores como el licorero enfrentan gravámenes de hasta el 5%.
Mientras que otros comercios demandan reducciones a escalas de 2% o 1.8% para amortiguar las pérdidas del ejercicio económico 2026.
Propuestas gremiales
Ante este panorama, Sicad planteó tres exigencias prioritarias al Ejecutivo municipal y nacional:
- Plan de contingencia: Establecimiento de un cronograma oficial de cortes eléctricos acordado con el sector comercial.
- Armonización fiscal real: Aplicación efectiva de alivios tributarios, prórrogas administrativas y revisión de alícuotas.
- Incentivos directos: Otorgamiento de beneficios fiscales y estímulos para los empresarios que asumen la autogeneración de energía.
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