PLN acude a Sala IV para intentar frenar segundo debate del presupuesto

Un grupo de diez diputados del Partido Liberación Nacional (PLN) acudió este lunes a la Sala Constitucional con una solicitud de “medida cautelar urgentísima” para intentar frenar la votación en segundo debate del Presupuesto Nacional de 2027, programada para este mismo día en la Asamblea Legislativa.

La gestión busca que los magistrados ordenen suspender la votación definitiva del Expediente 25.754 mientras resuelven una consulta facultativa de constitucionalidad presentada el pasado 22 de octubre.

Los legisladores cuestionan cuatro normas de ejecución presupuestaria que, según argumentan, podrían afectar la autonomía y el funcionamiento del Poder Judicial.

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En el documento solicitan que se ordene de inmediato, sin audiencia previa, a la Presidencia de la Asamblea Legislativa y al Plenario suspender el segundo debate hasta que exista un pronunciamiento de la Sala IV.

La gestión está suscrita por Ángela Aguilar, Diana Murillo, Salvador Padilla, Norjelens Lobo, Ronald Campos, Karol Matamoros, Eder Hernández, Rafael Vargas, Janice Sandí y Marco Badilla.

¿Qué cuestionan los diputados?

El principal argumento de los legisladores es que las normas 9, 10, 11 y 12 debieron ser consultadas obligatoriamente a la Corte Suprema de Justicia, debido a sus posibles efectos sobre la organización y funcionamiento del Poder Judicial.

Uno de los puntos cuestionados es la norma 9, que condiciona la liberación de ₡29.843,8 millones, equivalentes al 5,6 % del presupuesto judicial, a la aprobación de una comisión legislativa.

Según los promoventes, estas disposiciones podrían comprometer recursos destinados al Organismo de Investigación Judicial (OIJ), la Fiscalía, la Defensa Pública y otros servicios judiciales.

“La objeción constitucional se concreta en quién puede decidir sobre el uso de recursos ya asignados al Poder Judicial”, señala el documento.

Advierten sobre consecuencias

La solicitud plantea que permitir la votación definitiva antes de resolver la consulta podría impedir que los legisladores corrijan eventuales vicios de procedimiento.

“El perjuicio procesal se produciría desde la votación. Si la Sala llegara a establecer que se omitió la consulta del artículo 167 constitucional, el Plenario ya habría formado su voluntad definitiva sin haber tenido oportunidad de corregir ese trámite”, argumentan.

Aunque la votación está prevista para este lunes, los diputados sostienen que todavía existe margen para aprobar definitivamente el presupuesto antes del vencimiento del plazo constitucional del 30 de noviembre.

Por ello, solicitan que la suspensión se mantenga hasta que se notifique el dictamen de la Sala IV, con el 29 de noviembre como fecha límite propuesta.