Caso Uribe por masacres sigue en Fiscalía. Corte se inhibió de fallar

El expediente de Álvaro Uribe por sus presuntos vínculos con las masacres de El Aro (1997) y La Granja (1996), en Antioquia, seguirá en la Fiscalía Tercera Delegada ante la Corte Suprema de Justicia. 

Con siete votos a favor y dos en contra, la Corte Constitucional se declaró inhibida en ese conflicto de competencias y, por tanto, no resolvió si el caso debía pasar o no a la Comisión de Acusaciones de la Cámara, como había pedido esa célula meses atrás. 

¿Por qué se declaró inhibida? Porque no hubo “configuración de los presupuestos normativos y objetivo”. En otras palabras, que la petición para definir el conflicto se hizo mal y no cumplió con las condiciones legales para que un juez o una Corte se pronuncie de fondo. 

La ponencia fue de la magistrada Paola Meneses y siete togados la votaron a favor y dos en contra. Los magistrados Jorge Enrique Ibáñez y Carlos Camargo salvaron su voto.

Así llegamos a este punto. La Fiscalía es la que está encargada de esa investigación y había defendido su competencia para llevar el caso. 

La Comisión de Acusaciones de la Cámara, cuando pidió el expediente, señaló que una de las conductas contra Uribe, una presunta participación en el delito de concierto para delinquir agravado, se prolongó hasta 2003: es decir, cuando cursaba su primer periodo como presidente.

• Cinco congresistas del Pacto Histórico votaron a favor de que el caso pasara a esa célula. La decisión fue leída como un apoyo al uribismo, porque la investigación dejaría de estar en manos de la Fiscalía. Tras la situación, los senadores del Pacto negaron una “implosión” dentro del partido.  
• Tras defender su competencia, la fiscal Abadía remitió la actuación original del proceso a la Corte Constitucional para que defina quién llevará la investigación de aquí en adelante. Eso es lo que determinó la Corte esta tarde. 

Ayer pasaron cosas. Por un lado, el senador Iván Cepeda, quien actúa como actor popular en el caso, pidió mantener el caso en la Fiscalía. Argumentó que la imputación fáctica y el auto de apertura de la investigación corresponden a los años 1996 y 1998, cuando fue gobernador de Antioquia, y no presidente. 

Por el otro, la bancada del Pacto Histórico en esa célula legislativa, en un escrito ante la Corte Constitucional, sustentó que el caso debía permanecer en la Fiscalía. También sustentaron que los hechos ocurrieron “antes de la posesión presidencial de Álvaro Uribe Vélez”.

Guía para entender (otro) caso de Uribe. El expediente lleva 26 años en la Fiscalía. Pasó a la Corte Suprema cuando Uribe llegó al Senado, en 2014, y volvió al ente acusador tras su renuncia a la curul, en 2020. 

• Uno por la masacre de San Roque, de 1996. La Corte señaló que los responsables habrían usado como base de operaciones la hacienda Guacharacas, entonces propiedad de la familia Uribe Vélez. Es el mismo predio que apareció en el caso por el que su hermano, Santiago Uribe, fue condenado por paramilitarismo.
• Otro por las masacres de La Granja y El Aro, en Ituango, donde grupos paramilitares asesinaron a más de 20 campesinos entre 1996 y 1997 bajo acusaciones de colaborar con la guerrilla. Cientos de familias fueron desplazadas. En ese momento, Uribe era gobernador de Antioquia. 
• Y el tercero por el asesinato del defensor de derechos humanos Jesús María Valle, quien antes de ser asesinado denunció presuntos vínculos entre paramilitares y miembros de la Fuerza Pública en las dos masacres, así como una supuesta omisión de Uribe frente a la violencia que azotaba la región. La Corte declaró su asesinato como un crimen de lesa humanidad.