El control de la actividad pesquera es fundamental para conservar la biodiversidad marina y garantizar el aprovechamiento responsable de los recursos naturales. En ese contexto, dos organizaciones ambientalistas lanzaron una plataforma digital que reúne información sobre los barcos que operan en el Mar Argentino y busca visibilizar la falta de un registro oficial de acceso público.
La iniciativa fue impulsada por el Círculo de Políticas Ambientales (CPA) y Sin Azul No Hay Verde (SANHV), con el propósito de facilitar el seguimiento de una actividad económica estratégica y fortalecer los mecanismos de fiscalización ciudadana.
El sitio registroflotapesquera.org permite consultar información sobre embarcaciones, propietarios, armadores, permisos de pesca, autorizaciones de captura, cuotas asignadas e historial de sanciones, cuando existen antecedentes.
Una herramienta para conocer quiénes explotan los recursos marinos
De acuerdo con los datos recopilados por las organizaciones, actualmente existen 520 buques registrados que operan en el Mar Argentino. Entre ellos, 80 son barcos poteros autorizados exclusivamente para capturar calamar y 86 son tangoneros dedicados a la pesca de langostino.
Además, 162 embarcaciones, equivalentes al 32% de la flota, cuentan con cuotas individuales y transferibles de captura de merluza común. Estas tres especies representaron más del 85% de las exportaciones pesqueras argentinas durante 2025, cuyo valor superó los 2.000 millones de dólares.
La plataforma también permite conocer las características técnicas de los barcos según sus modalidades de operación:
- Buques fresqueros: son 270 embarcaciones, equivalentes al 52% del total, cuyas capturas se procesan posteriormente en establecimientos terrestres.
- Buques congeladores: representan 204 unidades, el 39% de la flota, y cuentan con instalaciones para congelar y procesar productos a bordo.
- Buques mixtos: se identificaron siete embarcaciones con características combinadas.
- Embarcaciones sin información disponible: existen 39 barcos sobre los cuales las organizaciones no consiguieron datos oficiales.
En cuanto a sus dimensiones, la flota presenta una eslora promedio de 36,5 metros, aunque incluye desde pequeñas embarcaciones de 9,6 metros hasta buques factoría que alcanzan casi 113 metros.
La falta de información pública y sus consecuencias ambientales
Uno de los principales problemas señalados por las organizaciones es que Argentina todavía no dispone de un registro nacional integral, actualizado y de consulta pública en línea.
Aunque la Subsecretaría de Pesca administra estos datos, acceder a ellos requiere presentar solicitudes formales de información pública, que pueden recibir respuestas parciales o demorarse.
Esta situación dificulta identificar posibles vínculos entre operadores y actividades de pesca ilegal. Asimismo, limita las posibilidades de seguimiento independiente por parte de investigadores, periodistas y ciudadanos, especialmente porque el 97% de la producción pesquera nacional se destina a la exportación.
Los beneficios de la iniciativa para la conservación marina
La creación de esta plataforma representa un avance para fortalecer la transparencia y la protección de los ecosistemas oceánicos.
En primer lugar, permite conocer qué embarcaciones operan, quiénes son sus responsables y cuáles son sus permisos de explotación. De esta manera, facilita el seguimiento de la actividad pesquera y contribuye a detectar posibles irregularidades.
Además, proporciona herramientas para que universidades, organizaciones ambientales y ciudadanos puedan investigar el aprovechamiento de las especies comerciales y sus consecuencias sobre la biodiversidad marina.
Por otra parte, una mayor disponibilidad de información puede favorecer políticas de pesca sostenible, mejorar los controles y reducir los riesgos asociados con la explotación indiscriminada de los recursos.
Un proyecto de ley para garantizar el acceso a los datos
La iniciativa también busca impulsar el tratamiento del expediente 2585-D-2026, presentado en la Cámara de Diputados, que propone modificar el artículo 41 de la Ley Federal de Pesca para garantizar que los datos del Registro de la Pesca sean públicos, estén disponibles en formatos abiertos y tengan actualizaciones periódicas.
Finalmente, ambas organizaciones remarcaron que su plataforma no pretende reemplazar las responsabilidades estatales, sino demostrar que es posible reunir y publicar información relevante.
El desafío consiste ahora en avanzar hacia un sistema oficial, permanente y accesible que permita controlar una actividad de gran importancia económica y ambiental. Proteger el Mar Argentino también requiere transparencia sobre quiénes utilizan sus recursos y bajo qué condiciones lo hacen.
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