Presupuesto 2027: los reclamos de los aliados que frenan un acuerdo con el oficialismo

Las negociaciones se reanudarán tras la visita del papa León XIV con el objetivo de poder sancionar esa iniciativa el 25 de noviembre.

Los recursos para garantizar las prestaciones por discapacidad, el aumento de los fondos para las universidades y los subsidios al transporte del interior son los principales puntos de controversia entre La Libertad Avanza y los bloques dialoguistas que frenan un acuerdo sobre el Presupuesto 2027.

Tras el impasse generado por las elecciones en Estados Unidos, a las que viajó una comitiva de legisladores, y la visita del papa León XIV, las negociaciones entre el oficialismo y la oposición se reanudarán en los próximos días con el objetivo de superar las diferencias sobre el proyecto de gastos y recursos para el próximo año.

Los tiempos que tiene el oficialismo son exiguos porque el 20 de noviembre vence el plazo para firmar dictámenes, con lo cual tendrá que hacerlo hasta esa fecha si quiere tratarlo en sesiones ordinarias, ya que si no deberá hacerlo en sesiones extraordinarias que el Gobierno puede convocar desde el 1 de diciembre.

Con la mirada puesta en las elecciones de 2027, los bloques que habitualmente respaldan al Gobierno se muestran más exigentes a la hora de acompañar la iniciativa oficial, que tiene como ejes centrales el equilibrio fiscal y el programa antiinflacionario.

Si bien los reclamos de los legisladores tienen varios puntos en común, también existen demandas específicas de cada espacio, vinculadas con las realidades de sus distritos.

A esto se suma el planteo de un grupo de gobernadores, que reclama la aprobación de otras iniciativas consideradas clave para las economías regionales.

Los bloques aliados sostienen que es posible atender sus pedidos y ponen el foco en la Jurisdicción 91, que cuenta con recursos por unos $14 billones sin una asignación específica, ya que está destinada a cubrir determinadas contingencias financieras.

En este contexto, el Gobierno ya descartó la posibilidad de tratar el Presupuesto el 18 de noviembre y apuesta a conseguir dictamen el 17  para llevarlo al recinto el 25, cinco días antes de que concluya el período de sesiones ordinarias.

Las negociaciones estarán encabezadas por el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, junto con el jefe del bloque de La Libertad Avanza, Gabriel Bornoroni, y el titular de la Comisión de Presupuesto, Bertie Benegas Lynch. Los tres participaron de la última reunión con los bloques aliados, que terminó sin acuerdo y obligó a postergar la firma del dictamen.

Los reclamos de los aliados

Los planteos de los bloques dialoguistas son diversos, pero coinciden en un punto central: reclaman una rebaja del Impuesto a los Combustibles.

El argumento es que la recaudación de ese tributo no se destina a los objetivos para los que fue creado, entre ellos el mantenimiento de las rutas nacionales y la asignación del 2,55% al Fondo Compensador del Transporte del Interior.

Además, los legisladores exigen garantizar los recursos para las prestaciones por discapacidad y aumentar las partidas destinadas a las universidades nacionales.

Los pedidos del PRO

El PRO busca garantizar los fondos de coparticipación correspondientes a la Ciudad de Buenos Aires, reducir del 21% al 10,5% la alícuota del IVA para los huevos y sus derivados, y establecer un mecanismo que asegure el cumplimiento de los plazos y las tarifas de las obras públicas en las rutas nacionales.

En cuanto a los fondos de coparticipación de la Ciudad, el oficialismo considera que el tema podrá resolverse a través de negociaciones entre el ministro de Economía, Luis Caputo, y el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri.

Los pedidos de la UCR

La UCR reclama, al igual que otros bloques aliados, la eliminación de cuatro artículos del proyecto de Presupuesto vinculados con distintas áreas.

Otro de los puntos que sigue sin resolverse es el financiamiento de las universidades nacionales. El proyecto contempla $7,3 billones para el sector, mientras que los rectores reclaman elevar los recursos a $11 billones.

El principal negociador de la UCR es el mendocino Lisandro Nieri, ex funcionario del gobernador Alfredo Cornejo.

Los bloques provinciales

Los bloques provinciales tienen varios reclamos en común. Además de los subsidios para el transporte del interior, exigen que se avance con las obras públicas ya acordadas y que se incrementen los recursos destinados a compensar los déficits de las cajas jubilatorias de las 13 provincias que no fueron transferidas a la Nación.

El Gobierno estableció que destinará $503.000 millones al conjunto de las 13 cajas previsionales provinciales que no fueron transferidas a la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), pero las provincias consideran que esa cifra resulta insuficiente.

Además, los gobernadores de Tucumán, Osvaldo Jaldo; de Salta, Gustavo Sáenz; de Jujuy, Carlos Sadir; de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, y de Córdoba, Martín Llaryora, exigen que se avance con el debate de la Ley de Biocombustibles, que quedó frenado la semana pasada por un reclamo de legisladores bonaerenses.

Gastos, ingresos e inflación: las proyecciones para 2027

El proyecto de Presupuesto 2027 prevé gastos totales consolidados por $216 billones, lo que representa un incremento del 25,3% respecto de la base de comparación utilizada por el Gobierno. Por su parte, los recursos consolidados, provenientes principalmente de impuestos y contribuciones a la seguridad social, se estiman en $219,3 billones, con una suba proyectada del 26,2%.

En cuanto a las principales variables macroeconómicas, el Poder Ejecutivo estima una inflación del 21,3% para 2027 y un dólar a $1.847 para fines de diciembre, con un promedio anual de $1.728.

Respecto de la composición del gasto, las partidas destinadas a servicios sociales ascenderían a $150.913.491,9 millones, mientras que los servicios de la deuda pública demandarían $18.609.176,1 millones.

El proyecto también proyecta un crecimiento del consumo privado del 3,4% durante 2027 y una expansión del consumo público del 0,6%.

De esta manera, el Ejecutivo apuesta a un incremento de los recursos que permita afrontar la evolución del gasto y sostener el equilibrio fiscal, sobre la base de las proyecciones de inflación, actividad económica y tipo de cambio previstas para el próximo año.