Presidente, a Boyacá no venga a cobrar cuentas

Algunos sectores políticos de Boyacá esperan con especial entusiasmo la llegada del presidente Abelardo de la Espriella a Tunja este lunes 9 de noviembre, en su primera visita oficial al departamento como jefe de Estado.

Pero la expectativa de algunos no está centrada en las inversiones que pueda anunciar o los compromisos que asuma con Boyacá, sino en la posibilidad de que venga a darle una buena ‘levantada’ al gobernador Carlos Amaya, como consideran que lo ha hecho con otros mandatarios regionales, entre ellos el Alcalde de Sincelejo y la Gobernadora de San Andrés.

Es decir, que la visita presidencial termine convertida en un espectáculo de recriminaciones y humillaciones públicas. Ojalá no ocurra. Boyacá merece mucho más que eso.

Entendemos el cansancio de algunos sectores frente a la hegemonía política que Amaya ha mantenido durante buena parte de los últimos doce años. Es legítimo cuestionar su gestión, sus alianzas, sus decisiones administrativas y la manera como ha consolidado una poderosa estructura política regional.

Pero una cosa es ejercer la crítica y exigir transparencia, y otra muy distinta pretender que el Presidente de la República se convierta en instrumento de retaliación de los adversarios del Gobernador.

Durante la pasada campaña presidencial, De la Espriella acusó públicamente a Amaya de presionar a alcaldes y funcionarios para favorecer la candidatura de Iván Cepeda. Fueron señalamientos graves, pero hasta donde conocemos no existe una decisión de las autoridades que haya establecido la responsabilidad del mandatario departamental.

La Procuraduría abrió una investigación disciplinaria para determinar si el Gobernador utilizó su investidura, recursos públicos o actividades institucionales para intervenir indebidamente en la contienda electoral. Que se investigue, por supuesto, y que si se comprueban irregularidades se impongan las sanciones correspondientes.

Pero una investigación no equivale a una condena. Y De la Espriella, que construyó una reconocida trayectoria como abogado, debería ser el primero en respetar principios como la presunción de inocencia y el debido proceso.

Además, las elecciones terminaron. Hoy es el presidente de todos los colombianos, incluidos quienes no votaron por él. La Presidencia no puede convertirse en una herramienta para cobrar cuentas electorales.

Ahora bien, tampoco se trata de presentar a Carlos Amaya como víctima de una intolerancia política que él mismo ha sido acusado de ejercer frente a sus contradictores.

Basta recordar lo ocurrido en octubre del año pasado, durante la inauguración de la plaza de mercado de Paipa. Lo que debía ser una celebración terminó en un enfrentamiento público cuando Amaya cuestionó duramente la gestión del alcalde Germán Ricardo Camacho, quien, visiblemente molesto, optó por retirarse del recinto junto con su equipo de gobierno.

El episodio dejó una imagen desafortunada del ejercicio del poder. El Gobernador tenía derecho a expresar sus desacuerdos, pero también el deber de respetar la autonomía y la dignidad institucional del Alcalde. Amaya sostuvo posteriormente que su intención había sido aclarar informaciones sobre el proyecto, pero el desencuentro evidenció hasta dónde pueden llegar las tensiones entre mandatarios que mantienen diferencias políticas.

No podemos pedirle al Presidente que respete al Gobernador si no somos capaces de exigirle al Gobernador que respete a los alcaldes.

Y esa es precisamente la cuestión de fondo: el respeto institucional no puede depender de quién tiene más poder ni de quién pertenece a nuestro grupo político.

Amaya tiene muchos contradictores, pero también seguidores. Ha protagonizado giros políticos difíciles de explicar, como su respaldo a Rodolfo Hernández y su posterior acercamiento al gobierno de Gustavo Petro. Sin embargo, tampoco puede desconocerse que esa relación con el anterior Gobierno Nacional le permitió gestionar recursos y proyectos para Boyacá.

En cuanto a Tierra Súa, la sociedad de economía mixta a través de la cual se han contratado obras públicas por más de 120.000 millones de pesos, existen cuestionamientos que merecen respuestas claras.

Es legítimo discutir si este modelo contractual ofrece suficientes garantías de transparencia y competencia, o si permite evitar procedimientos que normalmente se aplican a la contratación pública. Pero tampoco puede afirmarse que utilizar una sociedad de economía mixta constituya, por sí mismo, un delito.

Sería interesante, además, comparar con cifras verificables los resultados de Tierra Súa frente a los sistemas tradicionales de contratación, en un país donde tantas obras terminan atrapadas entre suspensiones, adiciones, prórrogas e incumplimientos.
Si existen irregularidades, corresponde a los organismos de control investigarlas y sancionarlas. Y si la legislación permite mecanismos inconvenientes, corresponde al Congreso revisar las normas y corregirlas.

Lo que no puede hacerse es reemplazar las investigaciones por condenas pronunciadas desde un micrófono presidencial.
Esto no significa pedirle a De la Espriella que guarde silencio frente a posibles hechos de corrupción. Si tiene pruebas, debe ponerlas en conocimiento de las autoridades. Si encuentra problemas en la ejecución de recursos nacionales, tiene el deber de exigir explicaciones.

Pero no necesita humillar a nadie para ejercer su autoridad. Como tampoco debería hacerlo ningún gobernador frente a los alcaldes de su departamento.

Boyacá tiene demasiados problemas como para desperdiciar la visita del jefe de Estado en una pelea política. Necesitamos inversiones en infraestructura vial, soluciones para proyectos estratégicos que llevan años de retraso, recursos para salud y educación, apoyo al sector agropecuario y decisiones concretas para mejorar nuestra competitividad.

Nuestra clase política debería aprovechar la presencia presidencial para hablar al unísono en defensa de esos intereses, no para dividirse entre quienes quieren ver humillado al Gobernador y quienes saldrían a defenderlo.

De la Espriella y Amaya pueden tener profundas diferencias políticas, pero ambos tienen la obligación institucional de trabajar por el departamento.

No sabemos qué ocurrirá el lunes. Ojalá la visita transcurra en un ambiente de respeto y las preocupaciones de quienes tememos una confrontación resulten infundadas.

Porque Boyacá no necesita un presidente que venga a poner en su sitio al Gobernador. Necesita un presidente que venga a poner al departamento entre sus prioridades.

Presidente: bienvenido a Boyacá. Venga a escuchar, a comprometerse y a cumplir. No a cobrar cuentas de una campaña que ya terminó.