La Justicia de Paraguay atraviesa horas cruciales luego de que el expresidente Santiago Peña prestó declaración indagatoria en la Fiscalía General de la República, en el marco de la pesquisa por irregularidades en Ueno Bank. Tras esto, el Ministerio Público imputó formalmente al recientemente destituido mandatario por los presuntos hechos punibles de lesión de confianza y administración en provecho propio, y solicitó que se le aplique la prisión preventiva.
Peña afronta este proceso penal luego del operativo montado en su domicilio particular y de comparecer de manera formal ante las autoridades competentes.
En simultáneo, trascendió que el Gobierno felicitó a Pedro Alliana por su asunción al frente del Poder Ejecutivo y llamó a continuar fortaleciendo el vínculo bilateral.
A la par del avance judicial contra el exjefe de Estado, el extitular del Banco Central del Paraguay (BCP) resolvió entregarse a la Justicia.
La presentación judicial fue concretada formalmente por los fiscales Elena Fiore, Christian Benítez, Silvia González Véster y Ruth Benítez, luego de tomarles declaración indagatoria al propio Peña y a Carlos Dagoberto Carvallo Spalding, expresidente del BCP. Durante el acto procesal, ambos se abstuvieron de declarar.
Carvallo también resultó imputado formalmente en el expediente penal, aunque en su caso por tres hechos punibles: lesión de confianza, administración en provecho propio y producción de documentos públicos de contenido falso. Para el exfuncionario bancario, los fiscales también solicitaron la aplicación de la prisión preventiva.
El exmandatario nacional permanece detenido tras su reciente remoción resuelta por el Senado a través de un juicio político.
La indagatoria del exmandatario
Cerca del mediodía, Peña llegó a la sede fiscal escoltado por un marcado despliegue de seguridad tras su permanencia en el Regimiento Escolta Presidencial. A ese recinto militar había arribado luego de los disturbios registrados ante su vivienda, donde comitivas de la Fiscalía y la Policía Nacional hicieron efectiva la orden de aprehensión.
El procedimiento se desarrolló en medio de nutridas protestas vecinales y un cuadro de extrema rispidez institucional tras su destitución. Su abogado particular, Ricardo Preda, cuestionó severamente el operativo, pero aseveró que el exmandatario colaborará con la investigación judicial.
Peña se encuentra obligado a responder ante la Justicia por su presunta vinculación con el colapso financiero de la citada firma bancaria. Las actuaciones judiciales buscan determinar responsabilidades concretas respecto a las maniobras que desencadenaron la crisis.
Su paso por los despachos fiscales inaugura una etapa posterior al juicio político que selló su salida anticipada de la presidencia de la República.
El procedimiento policial en su vivienda
Los fiscales Benítez y Silvia Franco acudieron a la residencia del expresidente junto a miembros policiales para efectivizar la orden inicial. Al arribar, los funcionarios comprobaron que Peña se hallaba en el lugar y establecieron un arresto domiciliario provisional.
La fiscal González explicó ante los micrófonos de la prensa que la disposición resultaba indispensable en esa instancia. “Hemos constatado que se encuentra presente y va a cumplir con las disposiciones que sean necesarias”, afirmó.
Sin embargo, las condiciones de seguridad cambiaron radicalmente con el correr de la madrugada.
La concentración de manifestantes en las inmediaciones del inmueble, ubicado en el barrio Mburucuyá de Asunción, obligó a modificar lo planificado. En ese contexto, tres camionetas partieron de la casa rumbo al regimiento militar, donde quedó alojado bajo custodia.
El operativo de traslado se concretó en un entorno de agitación social derivada de su destitución parlamentaria.
Los delitos atribuidos en la causa
La aprehensión del expresidente se respaldó en la Resolución Fiscal N.º 7, fechada el 6 de noviembre de 2026, correspondiente a la causa penal N.º 92/2026 caratulada “Santiago Peña Palacios y otros s/ lesión de confianza y otros”.
El fiscal Benítez detalló que el expediente investiga conductas asociadas a lesión de confianza, tráfico de influencias y administración en provecho propio.
La causa penal alcanza al exjefe de la banca central, Carlos Dagoberto Carvallo, quien se entregó en el Departamento de Investigaciones de la capital paraguaya.
Los agentes del Ministerio Público recabaron elementos probatorios con el objetivo de sustentar la formulación de cargos penales.
La convocatoria inicial pautó la presencia de Peña a las 11:00 de este sábado en sede judicial, antes de resolver los pedidos cautelares.
Los cuestionamientos esgrimidos por la defensa
El letrado defensor Ricardo Preda desestimó los argumentos para dictaminar una medida privativa de la libertad y afirmó que no existen elementos que justifiquen una medida de esa naturaleza.
El abogado puntualizó que su defendido facilitó el ingreso de las fuerzas policiales sin que mediara formalmente una orden judicial de allanamiento.
Dentro del domicilio se labró el acta formal, oportunidad en la que Preda remarcó la total disposición procesal del imputado: “Se va a someter como cualquier ciudadano”.
Asimismo, el abogado recordó que Peña prestó colaboración previa en 2025 ante requerimientos de la Contraloría, remarcando que en esta causa no se detallaron conductas puntuales.
En esa línea, criticó que las notificaciones solo refirieran a figuras legales genéricas sin precisiones sobre hechos materiales.
Preda calificó tales imputaciones iniciales como meras “enunciaciones abstractas” a la espera del curso de la audiencia.
El rechazo de la defensa a la prisión preventiva
El patrocinio legal centró sus objeciones en la improcedencia técnica de la prisión preventiva solicitada por el cuerpo de fiscales.
Preda subrayó que esta cautelar exige constatar peligro de fuga o riesgo procesal de entorpecimiento, circunstancias que descartó del expediente.
El letrado consideró que la privación de la libertad debe tener carácter excepcional y no operar a modo de sanción anticipada.
Frente a dicho escenario, el abogado deslizó que una medida restrictiva podría obedecer a presiones externas. “Parecería más una demostración al público”, sostuvo sobre esa posibilidad.
En ese sentido, alertó que aplicar cautelares para “congraciarse con un grupo” socavaría garantías básicas del Estado de derecho.
Movilización popular en la vivienda de Peña
El proceso derivó en inmediatas protestas de vecinos y ciudadanos autoconvocados en las afueras de la propiedad.
Pobladores identificados como residentes del barrio La Piedad exigieron que el exmandatario sea recluido en la penitenciaría de Tacumbú.
Los manifestantes expresaron su rechazo a beneficios domiciliarios y demandaron un trato procesal idéntico al de cualquier imputado.
Esa creciente presión social precipitó que los encargados de seguridad resolvieran su traslado hacia el predio castrense.
El escenario posterior a la comparecencia judicial
La cita matutina de este sábado a las 11:00 formalizó un paso crucial dentro del expediente penal tramitado en Asunción.
Durante el trámite, el exmandatario compareció formalmente ante los miembros de las distintas fiscalías especializadas.
Los investigadores analizaron las constancias para sustentar las imputaciones y la solicitud de medidas de reclusión.
El avance judicial se consuma luego de que la Cámara de Senadores removiera a Peña a través del mecanismo constitucional de juicio político.
Mientras la defensa rechaza el encierro preventivo, la Justicia paraguaya continuará analizando el grado de responsabilidad de los encausados.
Peña continuará bajo custodia de las fuerzas de seguridad en el marco de la investigación que compromete también a la antigua conducción del BCP.
El equipo de fiscales a cargo del caso
La toma de declaración indagatoria recayó en cuatro fiscales de diversas dependencias del Ministerio Público.
Por la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción actúan los fiscales Elena Fiore, Christian Benítez y Silvia González Véster.
La comitiva procesal cuenta además con la intervención de Ruth Karina Benítez, referente de la Unidad Especializada en Delitos Informáticos y Lavado de Activos.
Los fiscales resolvieron las imputaciones formales y elevaron la causa a la órbita jurisdiccional.
El expediente recaerá en un juez penal de garantías, quien tendrá la responsabilidad de resolver la situación cautelar de Peña.
En esta instancia judicial, el exmandatario continúa representado por Preda, quien ejerció su defensa técnica durante el proceso legislativo de destitución.
https://cuestionentrerriana.com.ar/imputan-en-paraguay-al-destituido-santiago-pena-por-presuntos-actos-de-corrupcion/
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