Los Derechos de los Pueblos Indígenas entran en el debate iberoamericano en Madrid

Los avances en el reconocimiento de los Derechos de los Pueblos Indígenas en América Latina y las dificultades que persisten para garantizar su cumplimiento fueron el eje del diálogo “Pueblos Indígenas en la Agenda Iberoamericana”, celebrado el miércoles 3 en Casa de América, en Madrid, en el marco de la XXX Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno.

El encuentro reunió a representantes de los Pueblos Indígenas, autoridades gubernamentales y organismos de cooperación internacional para abordar uno de los principales desafíos de la agenda indígena regional: reducir la distancia entre los derechos reconocidos en las legislaciones nacionales y su aplicación en la práctica.

Casa de América: avances y desafíos en los derechos indígenas

Durante el acto de apertura, León de la Torre Krais, director general de Casa de América, destacó los avances en el reconocimiento de los derechos de los cerca de 60 millones de personas indígenas del continente, aunque señaló que su plena aplicación sigue siendo un proceso en construcción.

Entre estos avances mencionó el Plan de Acción de Iberoamérica para la Implementación de los Derechos de los Pueblos Indígenas, aprobado durante la XXVI Cumbre Iberoamericana y cuya vigencia fue ampliada hasta 2038 en la V Reunión de Autoridades de Gobierno y Pueblos Indígenas, celebrada en marzo de 2026 en Santa Marta, Colombia.

El Plan establece una agenda regional para impulsar políticas públicas, promover la cooperación entre los países y fortalecer la participación de los Pueblos Indígenas en las decisiones que les afectan.

De la Torre también se refirió a los desafíos que persisten, entre ellos la crisis climática, la pérdida de biodiversidad, la expansión de las actividades extractivas, los conflictos territoriales y el desplazamiento forzado. Ante este escenario, subrayó la importancia de reforzar la cooperación regional y los mecanismos de protección de los derechos de los Pueblos Indígenas.

La participación de los Pueblos Indígenas en las decisiones públicas

El encuentro se desarrolló en dos paneles dedicados a analizar la relación entre los Estados y los Pueblos Indígenas, así como los avances y desafíos en el ejercicio de sus derechos en América Latina y el Caribe.

El primero, titulado “De los derechos reconocidos a una nueva relación con los Estados: participación y decisión de los Pueblos Indígenas”, reunió a Darío Mejía Montalvo, Secretario Técnico del FILAC; Jorge Mijangos, Director de Cooperación con América Latina y el Caribe de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo – AECID; Alejandro León Vargas, primer Secretario y encargado de Asuntos Jurídicos de la Embajada de México en España; y Lorena Larios, Secretaria para la Cooperación Iberoamericana de la Secretaría General Iberoamericana – SEGIB.

Durante su intervención, Mejía Montalvo destacó el trabajo desarrollado por el FILAC a lo largo de 34 años para impulsar y articular la agenda de derechos de los Pueblos Indígenas en los espacios regionales e internacionales.

En ese contexto, se refirió a la importancia de la V Reunión de Autoridades de Gobierno y Pueblos Indígenas, celebrada en marzo de 2026 en Santa Marta, Colombia, y a su incorporación en la agenda oficial iberoamericana.

“El evento más importante recientemente ha sido este año, cuando por primera vez se celebra un encuentro como parte de la agenda oficial iberoamericana y de ahí surge la Declaración de Santa Marta, que esperamos sea recogida en las declaraciones de los Gobiernos de la Cumbre como un reconocimiento a la contribución de los Pueblos Indígenas a la democracia, a la acción climática, a la convivencia y a la seguridad en la región”, señaló.

Por su parte, Jorge Mijangos reafirmó el compromiso de España con el FILAC desde su creación en 1992 y destacó el respaldo de la cooperación española a las iniciativas desarrolladas por el organismo.

Asimismo, subrayó la importancia de incorporar la agenda de los Pueblos Indígenas en las actividades de la XXX Cumbre Iberoamericana, tanto por su relevancia para la región como por la necesidad de mantener sus derechos entre las prioridades de la cooperación iberoamericana.

En representación de México, Alejandro León Vargas expuso los avances de su país en el reconocimiento de los Pueblos Indígenas y afromexicanos como sujetos de derecho público, a partir de la reforma constitucional de 2024, que fortaleció sus derechos a la libre determinación, la autonomía, la consulta y el ejercicio de sus propios sistemas jurídicos.

También destacó la incorporación de los derechos colectivos en el Plan Nacional de Desarrollo 2025–2030 y las iniciativas desarrolladas junto al FILAC para promover la participación política de las mujeres indígenas, reconocer los cuidados comunitarios e impulsar una agenda regional propia.

Por último, Lorena Larios destacó la importancia de celebrar este diálogo en Casa de América durante la semana de la XXX Cumbre Iberoamericana, así como los avances alcanzados en el reconocimiento de los Derechos de los Pueblos Indígenas dentro de la agenda regional.

“El haber avanzado de una declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas a un Plan de Acción, que este se haya extendido hasta 2038 y que existan instituciones como FILAC también es relevante”, afirmó.

Avances y desafíos en el ejercicio de los derechos de los Pueblos Indígenas

El segundo panel, titulado “Avances y desafíos en el ejercicio de los Derechos de los Pueblos Indígenas en América Latina y el Caribe”, abordó la situación regional desde las perspectivas de la representación indígena y la cooperación internacional.

Participaron Saúl Vicente, delegado indígena de México ante el FILAC; José del Palacio Tamarit, subdirector de Cooperación con América del Sur de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo – AECID; y Amadeo Martínez, coordinador del Foro Indígena del Abya Yala – FIAY.

Durante su intervención, Saúl Vicente se refirió a la diplomacia indígena como resultado de décadas de organización y resistencia frente a la violencia, el racismo, la discriminación y el despojo de tierras y territorios.

“Ha sido un proceso largo de trabajo y de luchas desde las comunidades, a nivel de país y en los espacios internacionales”, señaló.

Vicente destacó que la participación de representantes y organizaciones indígenas ha permitido fortalecer su capacidad de incidencia en los espacios internacionales, especialmente a partir de la aprobación de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.

Según explicó, este proceso ha contribuido al reconocimiento de los derechos indígenas mediante declaraciones, directrices y otros instrumentos internacionales de derechos humanos, así como a su incorporación progresiva en las legislaciones nacionales.

Amadeo Martínez, Coordinador del Foro Indígena del Abya Yala, coincidió en que los avances alcanzados, tanto en el ámbito internacional como en las legislaciones nacionales, han sido resultado de décadas de organización, participación y diálogo con los Estados.

No obstante, advirtió sobre los retrocesos en el actual contexto político de América Latina y cuestionó la falta de voluntad de algunos gobiernos para incorporar los derechos de los Pueblos Indígenas en sus agendas y garantizar su cumplimiento.

Martínez también recordó que la creación del FILAC, en 1992, marcó un hito en la cooperación iberoamericana para promover los derechos y el desarrollo de los Pueblos Indígenas.

A su turno, José del Palacio Tamarit, Subdirector de Cooperación con América del Sur de la AECID, situó estos avances en un contexto de cuestionamientos al multilateralismo y destacó la importancia de preservar los mecanismos de cooperación internacional.

“Vivimos un momento en el que el multilateralismo, como forma de gestionar los problemas que a todos nos preocupan, está puesto en entredicho. Por este motivo, es necesario resaltar los avances”, afirmó.

Del Palacio reafirmó, además, el compromiso de España con la protección de los derechos indígenas. “Para España, los Derechos de los Pueblos Indígenas constituyen un patrimonio democrático, cultural y humano que debemos fortalecer y proteger”, sostuvo.

Ambos paneles coincidieron en la importancia de fortalecer la participación de los Pueblos Indígenas en la formulación de políticas públicas y ampliar su capacidad de decisión sobre los asuntos que afectan a sus territorios, conocimientos y formas de organización.