Gobierno descarta comenzar con el 5% de coparticipación

El debate por la redistribución de los recursos de coparticipación tributaria continúa sin un acuerdo entre el Gobierno nacional y las gobernaciones. Mientras el Ejecutivo considera inviable comenzar con un 5%; las autoridades departamentales, particularmente de Santa Cruz, insisten en que el 1% planteado por el Gobierno resulta insuficiente para atender las necesidades regionales.
El viceministro de Autonomías, Adrián Oliva, sostuvo que, en las actuales condiciones económicas del país, no es posible incrementar directamente al 5% la participación de las gobernaciones. Explicó que una redistribución de esa magnitud comprometería recursos destinados a sectores fundamentales y advirtió que el Gobierno no pretende aumentar el endeudamiento ni profundizar el déficit fiscal para cumplir con esa demanda.
Oliva señaló que la discusión no debe limitarse a un porcentaje de distribución; sino contemplar nuevas fuentes de ingresos y responsabilidades para las administraciones departamentales. En ese marco, mencionó la modificación de la Ley de Dominios Tributarios y una nueva normativa de coparticipación que, según las estimaciones del Ejecutivo, permitirían generar mayores recursos para las gobernaciones.
Por su parte, el gobernador de Santa Cruz, Juan Pablo Velasco, reiteró su rechazo a la propuesta gubernamental del 1% y planteó comenzar con una asignación del 5% o 6%, para incrementar gradualmente los recursos hasta llegar al 15% en 2031. La autoridad sostuvo que la mesa de diálogo permanece abierta; aunque remarcó que Santa Cruz no considera aceptable comenzar con el porcentaje ofrecido por el Ejecutivo.
Velasco recordó que la propuesta de avanzar hacia una mayor distribución de los recursos forma parte de los compromisos abordados con el presidente Rodrigo Paz el pasado 5 de agosto. Aseguró que iniciar con el 1% significaría prolongar demasiado el cumplimiento de la agenda 50–50 y que las gobernaciones necesitan una asignación que responda a sus responsabilidades y demandas.
La controversia también llegó a la Asamblea Legislativa Departamental de Santa Cruz, donde se convocó a una sesión para analizar el rechazo al 1% y la posibilidad de declarar emergencia en defensa de los recursos departamentales.
Mientras el Gobierno sostiene que cualquier incremento debe estar respaldado por nuevas fuentes de financiamiento y una distribución sostenible, las gobernaciones reclaman una mayor participación en los ingresos fiscales. Las negociaciones continúan pendientes de acuerdos sobre los porcentajes, las competencias y los mecanismos para garantizar los recursos que recibirán los gobiernos departamentales.