Uruguay — Diario La R inicia en Uruguay y Paraguay una investigación sobre la soja operada por Terminal Granelera Uruguay

Diario La R abrió una investigación periodística sobre la operativa de Terminal Granelera Uruguay (TGU) en el puerto de Nueva Palmira. Los contactos iniciados en Paraguay y Uruguay  buscan seguir el recorrido de la mercadería desde su procedencia y su ingreso a la terminal hasta el embarque y la documentación con la que habría llegado al mercado chino.

La investigación parte de correos electrónicos, planillas, registros de operaciones y desgrabaciones recibidos por el diario. El material sitúa los hechos denunciados entre 2008 y mediados de 2021 y describe posibles irregularidades en el pesaje, el registro de ingresos y la identificación del origen del grano. Una de las hipótesis es que parte de la soja paraguaya se habría incorporado a partidas embarcadas hacia China como producto uruguayo.

Las balanzas, los camiones y las mermas

La primera línea de trabajo se concentra en el pesaje de la soja paraguaya descargada de barcazas. Según la denuncia, parte de la mercadería habría quedado fuera de los registros de ingreso por la omisión de pesajes o por ajustes en la calibración de las balanzas. 

El cotejo buscará establecer si hubo diferencias entre el volumen descargado, el registrado en los silos y el efectivamente embarcado.

El segundo punto es el origen declarado del grano. La documentación sostiene que se habrían agregado al sistema viajes de camiones que nunca se realizaron, utilizando matrículas de vehículos que sí operaban en la terminal. Esos movimientos habrían permitido registrar como uruguaya parte de la soja paraguaya. Para verificar esa hipótesis, será necesario cruzar las planillas de ingreso con los registros aduaneros, los certificados de control y los documentos de embarque.

El tercer eje son las mermas, es decir, las pérdidas de grano durante su manipulación y almacenamiento. El material menciona una previsión contractual de 2,5 kilos por tonelada para la soja uruguaya y atribuye a cálculos internos coeficientes de entre 9 y 13 kilos por tonelada. La investigación procurará establecer a qué operaciones correspondían esas cifras, si se tradujeron en descuentos a los clientes y qué destino tuvo la mercadería que pudiera haber quedado como diferencia.

Este bloque va después de la apertura sobre los contactos en Uruguay, Paraguay y China, antes del apartado sobre las balanzas, los camiones y las mermas.

El negocio de la soja que pasaba en ese periodo por Nueva Palmira

Durante el período que abarca la investigación, la soja se consolidó como uno de los principales rubros de exportación de Uruguay. Entre enero y setiembre de 2013, las ventas al exterior alcanzaron US$ 1.881 millones, equivalentes al 26,2% del valor de los bienes exportados en esos nueve meses. El volumen varió considerablemente entre años. La Unión de Exportadores registró 3,26 millones de toneladas en 2017 y 1,44 millones en 2018, cuando la sequía redujo la cosecha. En 2019, con la recuperación de la producción, Uruguay XXI cifró las exportaciones de soja en US$ 1.002 millones. 

La zafra 2018/19 muestra hasta qué punto el negocio dependía de un comprador y de un puerto. Al cierre de esa campaña exportadora, el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca registró 2,78 millones de toneladas exportadas, de las cuales 2,27 millones fueron a China, el 81,7%. Por Nueva Palmira salieron 2,24 millones de toneladas, el 80,7% del total. Esa última cifra corresponde al conjunto del puerto y permite dimensionar su peso en la cadena. 

La soja uruguaya llegaba por camión a los puntos de acopio y embarque. Nueva Palmira también operaba como salida para mercadería paraguaya transportada en barcazas por la hidrovía. Para la investigación de Diario La R, la distinción es decisiva. El puerto de embarque y el origen del grano son datos diferentes. La pregunta es si los registros de descarga, almacenamiento y despacho permiten seguir cada partida y comprobar que el origen declarado al comprador coincide con el que figura en los documentos de ingreso. 

Cuánto costaba producir y qué valor tenía una diferencia de peso

Para la zafra 2020/21, OPYPA informó ingresos promedio de US$ 800 por hectárea para la soja de primera y de segunda, con márgenes de US$ 300 a US$ 310 por hectárea antes de pagar la renta de la tierra. La diferencia entre esos valores arroja un costo implícito de US$ 490 a US$ 500 por hectárea antes de renta, según la metodología de ese relevamiento. En otro tramo de la cadena, OPYPA estimó que los fletes marítimos graneleros aumentaron entre 30% y 40% durante 2021. Son referencias de producción y transporte. Las tarifas de recepción, acopio y embarque de TGU deberán determinarse a partir de sus contratos y facturas.

La documentación recibida por Diario La R señala una merma contractual de 2,5 kilos por tonelada y menciona cálculos internos de 9 a 13 kilos por tonelada. Si estos coeficientes se hubieran aplicado sobre la misma base, la diferencia sería de 6,5 a 10,5 kilos por tonelada. En una partida hipotética de 10.000 toneladas, eso equivaldría a 65 a 105 toneladas de soja. Es un ejemplo de escala. Para calcular un eventual perjuicio habrá que identificar las partidas afectadas, comprobar qué descuento se aplicó en cada liquidación y utilizar el precio efectivo de cada operación.

El volumen del negocio explica por qué importa ese cotejo. Para determinar si una diferencia de balanza se trasladó a la cuenta de un cliente o si una partida salió con un origen distinto al declarado, habrá que vincular los pesajes y movimientos de stock con las liquidaciones comerciales, los certificados y los documentos del buque que la transportó.

Qué se buscará comprobar en los tres países

En Paraguay, el trabajo apunta a reconstruir la procedencia y los volúmenes de las partidas enviadas por barcaza. En Uruguay, el foco estará en los controles de ingreso, almacenamiento y embarque en Nueva Palmira. En China, la búsqueda se concentrará en identificar las partidas y establecer con qué origen fueron declaradas en la documentación comercial. La versión de TGU, de las empresas mencionadas y de los organismos de control formará parte del contraste periodístico.

Si se corroboran las irregularidades denunciadas, su alcance podría extenderse a las obligaciones de la concesión portuaria, los controles aduaneros y fitosanitarios y la acreditación del origen de las exportaciones. La apertura de actuaciones administrativas o judiciales.