Iván Mauricio Rojas propone una UPTC con mayor autonomía para las seccionales y programas acordes con las regiones

El candidato a la rectoría plantea revisar la distribución del presupuesto, fortalecer el bienestar estudiantil, acercar la investigación a las necesidades del territorio y mejorar las oportunidades laborales de los egresados. También propone actualizar los estatutos y dar mayor participación a las facultades en las decisiones administrativas.

Una universidad con mayor capacidad de gestión, menos centralización administrativa y una oferta académica más conectada con las necesidades de las regiones. Esa es, en términos generales, la institución que propone Iván Mauricio Rojas, candidato a la rectoría de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (UPTC) para el periodo 2027–2030.

En entrevista con EL DIARIO, Rojas expuso sus principales planteamientos y defendió su experiencia administrativa como una de las razones por las que considera que debe recibir el respaldo de los diferentes estamentos universitarios.

Recordó su paso por la Gobernación de Boyacá y su experiencia como subdirector del Centro de Desarrollo Agropecuario y Agroindustrial del SENA, donde tuvo responsabilidades como ordenador del gasto. De esta última gestión destacó ejecuciones presupuestales superiores al 98 %, proyectos de infraestructura, la implementación de jornadas nocturnas y la llegada de la Tecnoacademia itinerante, que benefició, según sus cifras, a más de 1.300 estudiantes de educación media de cerca de 20 instituciones rurales.

“Un rector debe conocer la academia, la investigación y la extensión, pero hay un aspecto fundamental: el tema administrativo y de gestión”, afirmó. Considera que la universidad necesita una dirección capaz de administrar eficientemente sus recursos y conseguir financiación ante los gobiernos nacional y departamental, así como ante entidades públicas y privadas.

Uno de los asuntos que más le preocupan es la sostenibilidad financiera de la UPTC. Rojas considera que se deben fortalecer las fuentes de recursos propios mediante proyectos de investigación, consultorías, formación posgraduada, prestación de servicios y participación en convocatorias nacionales.

Sin embargo, advierte que el desafío no es solamente conseguir dinero. También cuestiona que buena parte de la producción investigativa termine en tesis y publicaciones académicas, sin que necesariamente tenga un impacto significativo en las comunidades.

Destacó que la universidad cuenta con cerca de 160 grupos de investigación, más de 246 docentes categorizados y alrededor de 340 semilleros. A su juicio, esa capacidad debe aprovecharse para que la institución tenga mayor protagonismo en la solución de problemas sociales, económicos y ambientales de Boyacá.

“Yo me pregunto cuál ha sido el impacto real de esas investigaciones en nuestro entorno, en nuestro territorio”, señaló. Por eso considera necesario fortalecer la extensión universitaria y conectar el conocimiento producido por los investigadores con las necesidades de los municipios y las comunidades.

Otro de sus planteamientos apunta a revisar la relación entre la sede central de Tunja y las seccionales. Considera que existe una concentración de decisiones administrativas y presupuestales que limita la capacidad de respuesta de las facultades frente a sus propias necesidades.

Para corregir esa situación propone revisar el Estatuto General, contenido en el Acuerdo 066 de 2005, y dar mayor participación presupuestal a las facultades que generan ingresos para la institución.

Su idea es que las unidades académicas tengan más capacidad para definir sus prioridades, con mecanismos de seguimiento, transparencia y control. “Hay que creer un poco más en el tema administrativo. Ellos son los que conocen las necesidades de cada facultad”, sostuvo.

También planteó revisar la contratación de servicios, especialmente cuando se repiten contratos que, en su opinión, no siempre responden a necesidades reales de la universidad.

En materia académica, Rojas considera que la oferta de la UPTC debe responder mejor a las vocaciones productivas de las provincias. No propone desconocer los programas existentes, pero sí revisar dónde hacen falta nuevas alternativas de formación.

Como ejemplo mencionó a Chiquinquirá, una región con importante actividad lechera donde, según señaló, hace falta un programa de formación pecuaria. También se refirió al potencial frutícola de municipios como Buenavista, Tununguá y Briceño, y a la producción de cacao en Pauna, San Pablo de Borbur, Otanche, Maripí, Quípama y La Victoria.

La creación o transformación de programas, explicó, debe responder a estudios de pertinencia y a un proceso de concertación con alcaldías, comunidades e instituciones educativas.

Pero su propuesta va más allá de la formación. Considera que la universidad debe comprometerse con las oportunidades laborales de sus graduados. Para ello plantea crear una instancia especializada en relaciones con el sector productivo, entidades públicas y privadas y organizaciones nacionales e internacionales, que facilite espacios de vinculación laboral y promueva el emprendimiento.

“Hoy no es solamente que se empleen, sino que ellos mismos sean emprendedores y lleguen a generar empresa para generar empleo”, afirmó.

La deserción asociada a las dificultades económicas de los estudiantes es otro de los problemas que propone atender. Rojas indicó que los gastos de bienestar universitario alcanzaron aproximadamente 26.600 millones de pesos en el último año, pero considera que todavía es necesario mejorar la eficiencia y focalización de esos recursos.

Propone revisar la contratación de residencias, los servicios de alimentación y la distribución de los apoyos, de manera que lleguen prioritariamente a quienes más los necesitan.

También considera que los beneficios deben distribuirse con mayor equidad entre la sede central y las seccionales, particularmente en Aguazul, Chiquinquirá y Soatá.

En el componente académico propone fortalecer las habilidades blandas de los estudiantes, como comunicación, liderazgo y trabajo en equipo, mediante alianzas con el SENA para complementar su formación con competencias laborales.

Su planteamiento sobre el crecimiento de la universidad es claro: antes de ampliar la cobertura y abrir nuevos escenarios, considera necesario resolver las deficiencias de infraestructura y funcionamiento que persisten en algunas de las sedes existentes.

Frente a la posibilidad de reformar el sistema de elección del rector, Rojas considera que la universidad debe revisar su normatividad, aunque no necesariamente mediante una transformación radical o una constituyente universitaria.

Mencionó especialmente la situación de docentes ocasionales que llevan entre 20 y 25 años vinculados a la institución y que, pese a cumplir responsabilidades académicas, no tienen las mismas condiciones de los profesores de planta. Considera que debe revisarse la formalización docente y actualizar las reglas institucionales.

Sobre la participación de los estamentos en la elección rectoral, no propone eliminar el mecanismo, sino estudiar su funcionamiento y fortalecer la representación de estudiantes, docentes y administrativos en los órganos de gobierno universitario.

“A mí me gusta el consenso, me gusta trabajar en equipo. Uno no se la sabe todas”, afirmó.

Rojas recordó que, de los 21 aspirantes inicialmente inscritos, diez continúan en competencia después de la verificación de requisitos y el retiro de dos candidatos que habían sido habilitados. Explicó que las preferencias de los estamentos incidirán en la conformación de la lista que llegará al Consejo Superior Universitario, organismo que tendrá la decisión definitiva sobre la rectoría.

Por eso invitó a egresados, estudiantes, docentes y administrativos a participar en las jornadas de consulta.

Su propuesta de fondo es construir una universidad con mayor autonomía para sus facultades, más oportunidades para sus estudiantes y egresados y una investigación que no se quede en las publicaciones académicas, sino que contribuya a transformar los territorios.