Recusan a tres juezas del caso Jean Alain por negar plazo para recurrir rechazo de incidentes

Varios abogados de los imputados del caso Medusa recusaron este miércoles a las juezas del Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, alegando parcialidad en el proceso que se sigue a los acusados de cometer un desfalco de más de RD$6,000 millones en perjuicio del Estado dominicano.

El expediente encabezado por el exprocurador Jean Alain Rodríguez, por cometer desfalco, lavado de activos entre otros delitos.

Las defensas recusaron a las magistradas Yissell Soto Peña, Clara Sobeyda Castillo y Jarolyn Rosario López, debido a que se negaron a otorgar el plazo que, según los abogados, establece la ley para los casos complejos. Los juristas consideran que esta decisión limita el ejercicio del derecho de defensa.

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Los abogados solicitaron que las juezas se aparten del conocimiento del juicio, alegando que el tribunal vulneró las garantías procesales al negarles el tiempo solicitado para recurrir una decisión. Sin embargo, las magistradas rechazaron el pedimento, lo que provocó la recusación.

La recusación fue presentada por los juristas Ramón Lucrecio Burgos Acosta, Manuel Sierra Pérez e Ybo René Sánchez Díaz, abogados de los imputados Alfredo Alexander Solano Augusto y otros acusados.

La acción se produjo luego de que las magistradas otorgaran tres días para presentar un recurso de oposición contra la decisión que rechazó más de 20 incidentes planteados por las referidas defensas. Los abogados habían solicitado seis días para recurrir el fallo, pero las juezas no acogieron ese pedimento.

La recusación provocó que las juezas aplazaran para el miércoles 11 la continuación del juicio seguido a los imputados del caso Medusa. La medida busca permitir que la solicitud sea remitida a la Corte de Apelación del Distrito Nacional, donde una de sus tres salas será apoderada para conocerla y decidir sobre ella.

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Pepca afirma que las defensas buscan evitar el conocimiento de las pruebas

A la salida del tribunal, la titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Mirna Ortiz, aseguró que, con la recusación presentada contra las juezas, Jean Alain Rodríguez y los demás imputados buscan evadir el conocimiento de las pruebas del proceso.

“Es evidente que lo que la defensa de Jean Alain Rodríguez y compartes les rehúye es al conocimiento de las pruebas de este proceso. Pero tal y como advirtió el tribunal, aquí nos veremos, las pruebas hablarán y evidentemente que vendrán las sentencias condenatorias, que es lo que todos esperamos”.

Ortiz consideró que la Corte rechazará la recusación por carecer de fundamento y cuestionó que las mismas partes que solicitan la extinción de la acción penal, alegando que los plazos han vencido, sean quienes promuevan recusaciones, aplazamientos y nuevos incidentes.

“Evidentemente que la Corte rechazará esta recusación porque carece de fundamento, y lo que debemos todos preguntarnos es cómo aquellas partes que pretenden la extinción de la acción porque supuestamente los plazos han vencido, son los que promueven recusaciones, promueven aplazamientos, traen licencias médicas y plantean y replantean incidentes que ya han sido 100 veces fallados por el tribunal”.

La titular de la Pepca también recordó que, en la audiencia anterior, la defensa habría lanzado públicamente una amenaza contra el tribunal.

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“De la audiencia anterior, lanzaron públicamente una amenaza al tribunal de que iban a pagar por lo que habían hecho. El día de hoy, lo que han hecho es cumplir con la amenaza realizada: han presentado una recusación totalmente infundada, que carece de los motivos que la propia ley establece para permitir este tipo de acciones, y sobre la base de no gustarle lo que el tribunal ha decidido, una decisión conforme a derecho, pues han decidido recusar al tribunal”.

Imputaciones contra Jean Alain Rodríguez en el caso Medusa

La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) acusa a Jean Alain Rodríguez de múltiples delitos presuntamente cometidos entre 2016 y 2020, durante su gestión como procurador general de la República.

Entre las imputaciones figuran fraudes relacionados con el Comité de Compras y Contrataciones de la Procuraduría General de la República (PGR), sobornos, lavado de activos y un presunto desfalco al Estado superior a los RD$6,000 millones.