Paraguay — Intervención de UENO abre paso a denuncia penal y orden de detención a su plana mayor 

En horas de la siesta se confirmó la orden de detención del Ministerio Público a los principales directivos de UENO Bank, entidad intervenida por el Banco Central del Paraguay, que a su vez formuló denuncia penal a la cual ya se ha designado un equipo para las investigaciones

La nota emitida a la Policía Nacional por la representación fiscal solicita la detención de las siguientes personas 

Miguel Vázquez Villasanti

Juan Manuel Gustale 

Julio Daniel Rey Fernández (detenido)

Diana Mongelós

Mariana Torres Rubbiani   (detenida)

Alejandro Gómez Abente

Diego Duarte 

Miguel Ángel Almada 

De esta lista, Mariana Torres, se entregó ante una sede policial,  para su posterior remisión a la sede fiscal al igual que Julio Rey Fernández, informó ABC Color.

Una vez detenidos se deberá comunicar inmediatamente a la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción. 2.) COMUNICAR a la Comandancia de la Policía Nacional para su inmediato cumplimiento.

Antecedentes

El Banco Central del Paraguay (BCP) dispuso por unanimidad, mediante la correspondiente resolución de su Directorio de fecha 2 de noviembre de 2026, iniciar el procedimiento de resolución de ueno bank, tras constatarse una insuficiencia en su índice de solvencia por debajo del cincuenta por ciento (50%) del mínimo requerido, como consecuencia de ajustes realizados a sus estados financieros durante el proceso de regularización. La medida busca atender su situación de manera ordenada, proteger a los depositantes y preservar la estabilidad del sistema financiero. El procedimiento se enmarca en la Ley N.º 2.334/03, «De garantía de depósitos y resolución de entidades de intermediación financiera sujetos de la Ley General de Bancos, Financieras y otras Entidades de Crédito».

El procedimiento de resolución comprende las actuaciones previstas en la ley para atender la situación de la entidad. En este marco, la Superintendencia de Bancos dispondrá la designación de interventores para verificar la situación patrimonial a la fecha de la resolución. Los interventores tendrán como prioridad preservar los activos de la entidad y ejecutar, dentro de sus atribuciones legales, las acciones necesarias para asegurar el desarrollo ordenado del procedimiento de resolución.