Morir en Colombia. Los héroes de la información.

Dedicado al periodismo colombiano.

1. Oficio bajo constante fuego
El 17 de diciembre de 1986, sicarios del cartel de Medellín asesinaron a Guillermo Cano Isaza, director del diario El Espectador, afuera de su redacción en Bogotá. Este periodista denunciaba hace años la infiltración narco en las instituciones, motivo por el cual Pablo Escobar decidió terminar su vida como represalia. Declarado delito de lesa humanidad en 2010 por la justicia y reconocido oficialmente por el Estado en febrero de 2024, su muerte marcó el inicio simbólico de una de las listas más sangrientas del mundo.

Aquella muerte no resultó un evento aislado; fue la gran señal inicial de un peligro estructural porque en Colombia, el ejercer periodismo puede costar la vida. La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) documentó entre 1977 y 2026, 171 asesinatos de comunicadores asociados a su labor, perpetrados por narcos, paramilitares, guerrillas, agentes públicos y políticos corruptos. Cuatro décadas más tarde, el nombre de Guillermo Cano bautiza el premio mundial de la UNESCO, mientras que cada año nuevas víctimas se suma a una cuenta que nunca parece cerrarse. Este estudio revisa los peligros que encaran los periodistas en Colombia, contrasta los datos con naciones vecinas y evalúa qué administraciones les dieron amparo o les dieron la espalda.

2. Formas de amenaza y de muerte.
La violencia que sufren los comunicadores colombianos cambió de cara, mas no de fondo. Sumado al sicariato tradicional, ese tirador aguardando a la puerta del medio, hoy aparecen amenazas digitales y llamadas, hostigamientos, ataques físicos, acoso judicial y desplazamientos forzados. Para el 2025, la FLIP registro 469 agresiones a 305 periodistas: hubo 192 amenazas, 61 estigmatizaciones, 39 casos de acoso y 26 de acoso judicial, técnica donde utilizan procesos judiciales largos para desgastar económica y emocionalmente a los profesionales incomodos. Catorce reporteros tuvieron que salir forzadamente de sus lugares de labor y siete escogieron el exilio.

El patrón es siempre el mismo, comunicadores locales de alto impacto investigando microtráfico, corrupción municipal o la gestión de lo público. Durante 2025 asesinaron a Óscar Gómez Agudelo, trabajador de la emisora comunitaria Rumba del Café en Armenia, Quindío, cuando un sicario le disparó al llegar a su sitio de labores; en ese mismo año, el periodista Gustavo Chicangana padeció un atentado contra su vida en San José del Guaviare, dejando a su esposa herida, además las oficinas de RCN Radio, RCN Televisión y el periódico La República en Cali fueron blanco de explosivos. Las regiones con más peligro son Norte de Santander, Bogotá, Arauca, Antioquia, Sucre, Córdoba y Cauca, sitios donde grupos armados obligan silencios editoriales usando el miedo (ver Gráfica 2 en anexo).

3. Las estadísticas: Colombia en el contexto global.
Colombia posee un sitio relevante y lamentable en toda estadística mundial sobre protección a periodistas. Según el Committee to Protect Journalists CPJ, desde 1992 hasta 2024 fueron asesinados en el país 54 profesionales en casos confirmado por su oficio, cifra solo superada a nivel mundial por Irak (186), Siria (119), Filipinas (79), Somalia (64), Pakistán (60), Argelia (60) y Rusia (58) (ver Gráfica 1 en el anexo de figuras). En México, el CPJ registro al menos 151 homicidios desde 1992, al considerar tanto los casos comprobados como aquellos presuntamente vinculados al oficio, mientras Brasil presenta una cifra igual de alarmante.

Esas estadísticas requiere una lectura bajo un rigor metodológico estricto. El CPJ contabiliza desde 1992 apenas los hechos confirmados; por su parte la FLIP, con registros desde 1977, reporta 171 asesinatos siguiendo sus propios criterios adaptados al conflicto colombiano. Dicha disparidad de métodos no invalida la conclusión final: Colombia es uno de los países mas riesgosos a nivel mundial para ejercer el periodismo. El panorama global señalado por la UNESCO y el CPJ lo confirma plenamente: superan los 1800 periodistas asesinados desde 1993, es decir uno cada cuatro días; 2565 trabajadores de prensa muertos entre 1992 y 2026, con 129 decesos solo en 2025, lo cual marca el segundo año consecutivo de récord.

4. La impunidad, esa segunda muerte.

Si el asesinato representa la muerte inicial, la impunidad actúa como la segunda. De los 142 periodistas asesinados registrados por la FLIP entre 1977 y 2014, solamente 19 casos terminaron en condenas judiciales, las cuales recayeron apenas en autores materiales sin alcanzar a los inductores. Este 86,6 por ciento de impunidad transforma cada expediente guardado en otra agresión para las víctimas y la sociedad misma.

El fenómeno no ocurre exclusivamente en Colombia, ya que la UNESCO calcula que el 85 por ciento de los asesinatos a periodistas en el mundo permanecen impunes, pero la negligencia judicial colombiana resulta señalada de forma constante; de muchos casos ni existe archivo alguno, según la propia FLIP denuncia. La Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó a Colombia mediante el caso Vélez Restrepo en 2012, el primero de su jurisdicción referido a violencia estatal contra comunicadores, y en febrero de 2024 el Estado colombiano aceptó su responsabilidad por el magnicidio de Guillermo Cano, treinta y ocho años después de los hechos, véase la Gráfica 3 en el anexo de figuras.

5. Gobiernos entre la retórica y la protección real.

Colombia cuenta con una de las estructuras protectoras más sofisticadas de la región, edificada a los golpes durante tres décadas. En 1992, el presidente César Gaviria estableció el Comité Constitucional para la Libertad de Prensa bajo el decreto 511; luego Ernesto Samper, en 1997, dio forma al primer Programa de Protección a Periodistas mediante el decreto 400. Por su parte, Juan Manuel Santos lanzó la Unidad Nacional de Protección en 2011 y promulgó la ley 1752 de 2015, la cual obliga garantizar la labor periodística en todo el país.

Sin embargo, los resultados se queda seguido en el papel. La UNP protegía a 180 periodistas en 2018 y para el 2024 apenas a 162, mientras los grupos armados que ya están en 253 municipios según Reporteros sin Fronteras, ampliaba su cerco sobre los territorios. Sumado al desprestigio de las instituciones, la estigmatización emana desde el poder mismo: ahí están los enfrentamientos verbales constantes de Álvaro Uribe contra la prensa crítica, la táctica de amigo enemigo que la FLIP le señala al gobierno Duque y la estigmatización presidencial vista bajo el mandato de Gustavo Petro 2022 2026. Durante este periodo, la FLIP registro 2003 agresiones a 870 periodistas además de 10 asesinatos, sin que el Estado responda con la eficacia requerida ver la Gráfica 4 del anexo.

6. Quiénes protegieron mas y quiénes menos

El balance según los mandatos muestra contrastes profundos. La etapa mas letal ocurrió en el narcoterrorismo entre las administraciones de Virgilio Barco y César Gaviria 1986 1991, cuando el cartel de Medellín asesinó a Guillermo Cano en el 86, dinamitó la sede de El Espectador en el 89 y provoco, tras el fallido rescate de Diana Turbay, directora del noticiero Cri Cri quien estaba secuestrada por el grupo criminal, su fallecimiento en 1991. Gaviria, a pesar de heredar la peor guerra, nos dejó el primer marco institucional para la protección. Andrés Pastrana, entre 1998 y 2002, resultó el peor gobierno para la prensa debido a la alta cifra de víctimas. Tras el homicidio del humorista Jaime Garzón en agosto de 1999, ocurrieron 39 asesinatos de periodistas en apenas tres años, un dato que según la FLIP, ningún país registró en su historia sin que el Estado diera una respuesta eficaz. Si bien Álvaro Uribe bajó la presión guerrillera en las ciudades, instauró un ambiente de hostilidad institucional frente a los medios críticos. En contraste, Juan Manuel Santos protagonizó el mayor avance en protección ya que creó la UNP, aprobó la ley estatutaria y logró una caída notable en los asesinatos.

Durante la década pasada, ni Duque ni Petro ofrecieron protección suficiente. Mientras el primero mantuvo una desconfianza constante hacia medios críticos buscando subordinar a las audiencias, el segundo, aunque admite culpas estatales por sucesos viejos, terminó presidiendo el periodo con mas agresiones documentadas en historia reciente, sumando diez periodistas muertos.

El veredicto se puede matizar pero es claro: por su legado institucional, Santos junto a Gaviria encabezan lista de los más protectores; en cambio, Pastrana por su inacción frente a ola letal, Barco por la crudeza del narcoterrorismo, y Duque con Petro por la estigmatización y desprotección, figuran en el extremo opuesto.

7. Conclusión: informar todavía es arriesgar.

Colombia cierra el 2026 mostrando mejoría relativa en el índice de Reporteros sin Fronteras, pasando del puesto 119 en 2024 al 102 en 2026, aunque esto no engañe a nadie ya que el país sigue siendo uno de los sitios más peligrosos del continente para la prensa. Entre enero y mayo de 2026, la FLIP documento 150 agresiones a la prensa, y las relacionadas a coberturas electorales crecieron un 175 porciento respecto al mismo lapso del 2022. El porvenir de la libertad de expresión en Colombia descansa sobre tres compromisos vitales: justicia, para así romper la cadena de impunidad; protección, logrando que la UNP reponga sus esquemas donde avanzan grupos armados; y ejemplo, evitando que cualquier poder público degrade con estigmas la labor informativa. Si un país como este, donde el 60 por ciento del territorio carece de medios locales según Reporteros sin Fronteras y la información la concentran tres grandes conglomerados, pierde además a sus periodistas, todo se complica. Cada silencio impuesto por la violencia nos deja con una democracia más pequeña.

Bibliografía.

Las referencias siguen el estilo APA (7.ª edición). Todas las fuentes en línea fueron consultadas el 4 de noviembre de 2026.

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