El Magisterio Urbano instala decenas de piquetes de huelga de hambre a nivel nacional

El Magisterio Urbano instaló decenas – al menos 20– piquetes de huelga de hambre a nivel nacional en rechazo a la descentralización de la educación, especialmente la decisión de que los institutos técnicos, tecnológicos y artísticos pasen a depender de los gobiernos departamentales.

A través de sus cuentas en las redes sociales, la Confederación de Trabajadores de Educación Urbana de Bolivia dio a conocer que hay huelgas de hambre en distintos municipios de La Paz, Tarija, Santa Cruz, Cochabamba y Pando, entre otros.

Asimismo, la Confederación de Trabajadores de Educación Urbana de Bolivia instruyó a sus afiliados ejecutar un plan comunicacional “para desenmascarar y rechazar cualquier intento gubernamental de privatizar y desmantelar la educación pública, así como desmentir la guerra mediática y las campañas de desinformación destinadas a desacreditar la lucha de la CTEUB y sus 31 Federaciones”.

De la misma manera, para el 6 de noviembre, la CETUB llama a “marchas simultáneas en las 31 Federaciones, acompañadas de actos de crucifixión simbólica en rechazo a las políticas gubernamentales contra la educación pública”.

Finalmente, anuncia un paro de 48 horas, el lunes 9 y martes 10 de noviembre, “incluyendo acciones de presión en las Gobernaciones para denunciar sus incumplimientos y responsabilidades en materia educativa”.

Entretanto, el ministro de Educación, Erick Sanjinés, calificó de política la convocatoria al paro de actividades del Magisterio Urbano de Bolivia, previsto para el 9 y 10 de noviembre, y anunció que se aplicarán descuentos salariales a los maestros que no asistan a sus fuentes laborales, en cumplimiento de la normativa que establece que “día no trabajado es día no pagado”.

En entrevista con Bolivia TV, la autoridad cuestionó la convocatoria a la medida de presión y afirmó que responde a una posición política, pese a que el Gobierno mantiene abierta la posibilidad de diálogo con el sector.

Sanjinés señaló que una eventual suspensión de clases perjudicará a cerca de 2,2 millones de estudiantes de los niveles inicial, primaria y secundaria, por lo que el Ministerio de Educación hará cumplir las disposiciones vigentes.