El Gobierno del Presidente José Antonio Kast decidió remover este viernes 30 de octubre al subsecretario de Justicia, Luis Silva, en medio de la crisis política provocada por los decretos que concedieron rebajas de condenas a personas sentenciadas por delitos sexuales contra menores de edad. La determinación fue conocida durante la tarde a través de fuentes del Ejecutivo citadas por Emol, mientras se esperaba su comunicación oficial.
La salida de Silva se produce después de varios días de cuestionamientos al Ministerio de Justicia, encabezado por Fernando Rabat, por la aprobación de 56 decretos de reducción de penas que han generado críticas desde la oposición y sectores del oficialismo.
Uno de los episodios que intensificó la controversia fue la publicación de un video en la cuenta de Instagram del subsecretario, en el que explicó su participación en la firma de algunas de las resoluciones.
En el registro, Silva reconoció la indignación provocada por los beneficios otorgados a condenados por delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes, y sostuvo que comprendía la preocupación de las víctimas y sus familias.
«Sé que hay mucha indignación por las rebajas de condenas conocidas estos días y entiendo el porqué. Se trata de crímenes horribles que involucran no solo a las víctimas, sino a sus familias», afirmó.
Posteriormente, explicó que su firma aparecía en algunos decretos porque había ejercido temporalmente las funciones del ministro de Justicia.
«A quien le corresponde firmar es al ministro de Justicia, y cuando el ministro de Justicia no está, le toca al subsecretario», señaló.
Silva agregó que, cuando el subsecretario firma en calidad de ministro subrogante, debe aplicar los criterios establecidos por el titular de la cartera.
«Lo hace aplicando el criterio fijado por el propio ministro, y eso fue lo que hice», aseguró.
Estas declaraciones generaron interpretaciones contrapuestas dentro del oficialismo. Mientras algunos representantes defendieron que el subsecretario explicara el procedimiento administrativo, otros consideraron que sus palabras podían interpretarse como un intento de trasladar la responsabilidad política a Rabat.
Ante esas reacciones, Silva realizó una nueva declaración desde el Congreso Nacional, donde precisó que el objetivo del video había sido informar a la ciudadanía sobre una materia que, a su juicio, no se comprendía suficientemente.
También reconoció que no consultó previamente con el ministro la publicación del registro.
«Como el propósito de ese video fue informar, yo no estimé necesario consultarlo con el ministro», sostuvo en esa oportunidad, acompañado por Rabat.
La remoción ocurre, además, mientras el Ministerio Público desarrolla diligencias relacionadas con una denuncia presentada por parlamentarios de oposición contra ambas autoridades por presunta prevaricación administrativa.
El fiscal nacional, Ángel Valencia, derivó los antecedentes al fiscal regional Francisco Jacir para su investigación. La apertura de estas diligencias no supone que se hayan establecido responsabilidades penales.
Paralelamente, las bancadas opositoras anunciaron una acusación constitucional contra el ministro Rabat, cuya continuidad ha sido respaldada hasta ahora por el Presidente Kast.
La decisión de apartar a Silva constituye el primer cambio en la conducción del Ministerio de Justicia directamente asociado a la controversia por las rebajas de condenas.
Al momento de conocerse la información, el Ejecutivo todavía no había comunicado oficialmente los fundamentos de la remoción ni el nombre de quien asumirá la Subsecretaría de Justicia.
KAST NOMBRA A JOSEFINA SOTO
El Presidente José Antonio Kast aceptó este viernes 30 de octubre la renuncia del subsecretario de Justicia, Luis Silva, y designó en su reemplazo a la abogada Josefina Soto Larreátegui, quien asumirá el cargo en medio de la controversia por los decretos que concedieron rebajas de condenas a 56 personas sentenciadas por delitos sexuales contra menores de edad.
La salida del exconsejero constitucional se produjo después de varios días de cuestionamientos al Ministerio de Justicia, encabezado por Fernando Rabat, y tras la publicación de un video en redes sociales en el que Silva explicó su participación en la firma de algunas de las resoluciones.
En ese registro, el ahora exsubsecretario sostuvo que había firmado los decretos mientras ejercía como ministro subrogante y que, en esas circunstancias, aplicó el criterio establecido por Rabat.
Sus declaraciones provocaron distintas reacciones dentro del oficialismo. Mientras algunos representantes defendieron sus explicaciones, otros interpretaron sus palabras como un intento de trasladar la responsabilidad política al titular de Justicia.
Posteriormente, Silva aclaró que el propósito del video había sido informar a la ciudadanía sobre el procedimiento administrativo y reconoció que no consultó previamente su publicación con el ministro.
La renuncia fue aceptada por el Mandatario durante la tarde del viernes. Mediante un comunicado, el Gobierno confirmó la designación de Soto y agradeció al exsubsecretario «por su trabajo y dedicación durante este tiempo en la Subsecretaría de Justicia».
La nueva autoridad asumirá funciones en un escenario marcado por la investigación del Ministerio Público sobre eventuales responsabilidades penales relacionadas con los decretos y por la decisión de las bancadas opositoras de impulsar una acusación constitucional contra Rabat.
Josefina Soto Larreátegui es abogada de la Pontificia Universidad Católica de Chile y cuenta con experiencia en derecho administrativo, regulación y gestión pública.
Su trayectoria académica comenzó en la misma universidad, donde se desempeñó como ayudante y profesora auxiliar. Entre 2006 y 2018 ejerció como docente de la cátedra de Derecho Administrativo.
Desde 2022 participa como profesora del Diplomado de Derecho Administrativo con mención en Derecho de Bienes Públicos de esa casa de estudios.
En el ámbito público, fue directora del Área Municipal de la Fundación Jaime Guzmán y coordinadora legal y administrativa del Ministerio de Hacienda.
Entre 2011 y 2014 ejerció como jefa de gabinete del ministro de Energía, experiencia que le permitió participar directamente en labores de coordinación y gestión ministerial.
Posteriormente, entre 2014 y 2018, trabajó como abogada senior en materias regulatorias en el estudio jurídico Arteaga, Gorziglia & Cía.
También integró el Comité Técnico de Admisibilidad del proceso constitucional de 2023, organismo encargado de revisar el cumplimiento de las bases institucionales establecidas para la elaboración de una propuesta de nueva Constitución.
Entre 2022 y 2026 se desempeñó como encargada del Área de Fiscalización del Centro de Estudios Ideas Republicanas y desarrolló labores de asesoría parlamentaria en materias regulatorias.
En 2015 recibió el reconocimiento «100 Mujeres Líderes», otorgado por Mujeres Empresarias y El Mercurio.
Su llegada a la Subsecretaría de Justicia representa el primer cambio de autoridad en la cartera como consecuencia de la crisis por las rebajas de condenas.
La nueva subsecretaria deberá asumir las responsabilidades administrativas del organismo y colaborar con el ministro Rabat en la conducción institucional, mientras continúan los cuestionamientos políticos y judiciales por los beneficios concedidos.
Por ahora, el Presidente Kast mantiene a Rabat en el cargo, pese a las solicitudes de renuncia formuladas desde distintos sectores políticos y al anuncio de una acusación constitucional en su contra.
La designación de Soto busca dar continuidad al funcionamiento de la Subsecretaría de Justicia en un momento en que el Ejecutivo enfrenta exigencias de mayor transparencia sobre los procedimientos utilizados para aprobar las reducciones de penas y las medidas destinadas a proteger a las víctimas.
RABAT LE AGRADECE LEALTAD A SILVA
El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Fernando Rabat, expresó este viernes 30 de octubre su reconocimiento al exsubsecretario Luis Silva, luego de que el Presidente José Antonio Kast aceptara su renuncia en medio de la controversia por los decretos que concedieron rebajas de condenas a personas sentenciadas por delitos sexuales contra menores de edad.
A través de su cuenta en la red social X, Rabat destacó el trabajo desarrollado por Silva durante los ocho meses que permaneció en la Subsecretaría de Justicia, así como su compromiso y colaboración en la conducción de la cartera.
«Quiero expresar mi reconocimiento y gratitud a Luis Silva por su trabajo, compromiso y lealtad durante estos 8 meses. Fue un estrecho colaborador y valoro profundamente su aporte», escribió el secretario de Estado.
En la misma publicación, agregó: «Luis, te agradezco sinceramente todo lo entregado en esta tarea. El mayor de los éxitos».
El mensaje se conoció pocas horas después de confirmarse la salida del exconsejero constitucional, cuya permanencia en el Ejecutivo se había visto cuestionada por su participación en la firma de algunos de los decretos que beneficiaron a condenados por delitos sexuales.
La controversia se intensificó cuando Silva publicó un video en sus redes sociales para explicar las circunstancias en que suscribió determinadas resoluciones administrativas.
En ese registro, el entonces subsecretario señaló que había firmado los documentos mientras ejercía como ministro subrogante y que, en esa condición, aplicó los criterios jurídicos establecidos por Rabat.
Sus declaraciones generaron interpretaciones contrapuestas entre representantes del oficialismo. Mientras algunos consideraron necesario aclarar el procedimiento utilizado, otros interpretaron sus palabras como un intento de trasladar la responsabilidad de las decisiones al titular de Justicia.
Posteriormente, Silva precisó que su propósito había sido informar a la ciudadanía sobre una materia que, a su juicio, generaba desconocimiento. También reconoció que no consultó previamente con Rabat la publicación del video, porque estimó que su contenido coincidía con las explicaciones entregadas por el ministro ante la Cámara de Diputados.
La salida del exsubsecretario se produjo en un escenario de creciente presión política sobre el Ministerio de Justicia, luego de conocerse la aprobación de 56 decretos de reducción de penas a personas condenadas por delitos sexuales contra menores.
Las bancadas opositoras anunciaron una acusación constitucional contra Rabat, mientras que el Ministerio Público inició una investigación por una denuncia de presunta prevaricación administrativa relacionada con la tramitación de las resoluciones.
Hasta ahora, esas diligencias no han establecido responsabilidades penales de las autoridades involucradas.
Tras aceptar la renuncia de Silva, el Presidente Kast designó como nueva subsecretaria de Justicia a la abogada Josefina Soto Larreátegui, profesional con experiencia en derecho administrativo, regulación y gestión pública.
El cambio de autoridad constituye la primera modificación en la conducción de la cartera directamente vinculada con la crisis por las rebajas de condenas.
Rabat, en tanto, continúa en el cargo con el respaldo del Mandatario, pese a los cuestionamientos políticos y a la ofensiva parlamentaria anunciada en su contra.
El mensaje de despedida del ministro se produjo después de las diferencias de interpretación generadas por las declaraciones de Silva y destacó expresamente la lealtad del exsubsecretario durante su permanencia en el Gobierno.
MONCKEBERG: “SE COCINÓ SOLO”
El exministro y expresidente de Renovación Nacional (RN), Cristián Monckeberg, cuestionó este viernes 30 de octubre la actuación del exsubsecretario de Justicia Luis Silva, quien dejó el Gobierno en medio de la controversia por las rebajas de condenas a personas sentenciadas por delitos sexuales contra menores de edad.
En declaraciones a T13, Monckeberg criticó especialmente la decisión de Silva de publicar un video en redes sociales sin consultar previamente con el ministro de Justicia, Fernando Rabat, en el que explicó su participación en la firma de algunos de los decretos cuestionados.
«Yo creo que lo del subsecretario es un capítulo aparte, yo creo que él se cocinó solo», afirmó el exsecretario de Estado, al referirse a las circunstancias que precedieron la salida de Silva.
La controversia se intensificó después de que el entonces subsecretario reconociera públicamente que había firmado determinadas resoluciones mientras ejercía como ministro subrogante, aplicando los criterios jurídicos establecidos por Rabat.
Sus declaraciones fueron interpretadas por algunos representantes del oficialismo como un intento de trasladar al ministro la responsabilidad por las decisiones administrativas, en un momento de creciente presión política sobre la cartera.
Monckeberg consideró que la actuación del exsubsecretario resultaba difícil de comprender desde la perspectiva de la coordinación y la responsabilidad compartida que deben existir dentro de un equipo de Gobierno.
«Si yo estoy trabajando en un equipo para lograr un objetivo y alguno comete errores, lo lógico es que el resto apañe, en términos simples», sostuvo.
El exministro agregó que, en lugar de observar una respuesta coordinada frente a la crisis, percibió una conducta orientada a evitar responsabilidades individuales.
«Lo que ocurrió aquí no fue eso, sino el sálvese quien pueda», concluyó.
La salida de Silva se concretó luego de que el Presidente José Antonio Kast aceptara su renuncia y designara a la abogada Josefina Soto Larreátegui como nueva subsecretaria de Justicia.
El cambio se produjo mientras la oposición mantiene sus cuestionamientos a la gestión de Rabat y exige su salida del gabinete por los decretos que concedieron rebajas de condenas a 56 personas.
Las críticas de Monckeberg se suman al debate abierto dentro del oficialismo sobre la forma en que las autoridades del Ministerio de Justicia enfrentaron la controversia, particularmente respecto de la coordinación interna y la comunicación pública de las decisiones adoptadas. (NP-ChatGPT-Emol)
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