Jueza denunció ante la Corte y pidió remitir a Fiscalía antecedente de corrupción en cárceles

El 6 de octubre pasado ingresó a la Corte una grave denuncia de la jueza especializada contra el crimen organizado, Rosarito Montanía, sobre “graves e intolerables” actuaciones de funcionarios del Ministerio de Justicia. Habló de obstrucción a ejecución de mandatos judiciales y manipulación de elementos. Incluso pidió que se envíen los antecedentes al Ministerio Público. Este hecho habría apurado los cambios en la referida secretaría del Estado, cuyo titular, Rodrigo Nicora, fue alertado por la Corte.

La magistrada Montanía solicitó al Consejo de Superintendencia de la Corte, que remita al Ministerio Público los antecedentes de un caso que involucra la presunta adulteración de evidencias por parte de funcionarios del Ministerio de Justicia. En un oficio fechado el 4 de octubre de 2026, la magistrada alertó sobre «graves e intolerables inconsistencias fácticas y documentales» que representan una aparente manipulación probatoria y una obstrucción a los mandatos judiciales.

El incidente se registró dentro del proceso caratulado contra Jorge Antonio Vilhalba por transgresión a la Ley de Crimen Organizado. El 31 de julio de 2026, el Juzgado decretó la prisión preventiva del imputado en el Centro Nacional de Prevenidos, anteriormente conocido como penal de Tacumbú. Sin embargo, mediante notas remitidas el 5 y el 25 de agosto, el director de Institutos Penitenciarios, Cnel. (R) Rubén Darío Peña Weisensee, rechazó la admisión del procesado en dicho recinto argumentando «estrictas medidas de seguridad».

Para justificar esta negativa, las autoridades del sistema penitenciario presentaron fotografías de extremidades corporales con tatuajes alusivos a la facción criminal transnacional Primer Comando de la Capital (PCC), atribuyéndolos de forma directa al encausado. Basándose en estos reportes oficiales, el Juzgado ordenó el 25 de agosto el traslado del procesado al pabellón de máxima seguridad del Centro Penitenciario de Reinserción Social «Martín Mendoza» con el fin de salvaguardar su integridad física.

La trama quedó al descubierto el 27 de agosto, cuando la abogada defensora Lilian Corvalán interpuso un recurso denunciando que las fotografías aportadas no correspondían a la piel ni a la fisionomía de su cliente. Tras detectar contradicciones en informes penitenciarios posteriores, el Juzgado dispuso el 9 de septiembre que Vilhalba fuera trasladado a la sede judicial para una inspección médica.

Durante esta diligencia, el médico forense David Samudio Villamayor emitió el Dictamen N° 554, certificando de forma categórica que el procesado posee un total de siete tatuajes y confirmando que no presenta las marcas corporales del PCC que la Dirección General de Establecimientos Penitenciarios le había adjudicado falsamente.

La magistrada Montanía de Bassani calificó el accionar oficial como una «gravedad institucional extrema» y una «directa inducción al error» que vulnera el debido proceso. Además, desestimó la nota de descargo en la que el director general intentó eximirse de responsabilidad argumentando que solo había transmitido información provista por dependencias subordinadas. La jueza subrayó que dicha excusa es «jurídica y administrativamente inaceptable», ya que no exonera a la máxima autoridad penitenciaria de su deber de controlar la veracidad y objetividad de los informes elevados al sistema jurisdiccional.

REUNIÓN CON LA CORTE

Estas y otras actuaciones sospechosas de funcionarios del Ministerio de Justicia denunciadas por magistrados y magistradas del fuero especializado, obligó a la Corte para convocar a una reunión al ministro Nicora.

Se desconoce si la Corte remitió los antecedentes al Ministerio Público, para la apertura de una investigación.