Cannava: Guzmán exige explicaciones sobre el futuro de una empresa financiada por los jujeños

Cristina Guzmán, presidenta del MPJ, cuestiona la transformación de Cannava y advierte sobre una eventual incorporación de capital privado. La documentación oficial confirma que se dispuso su conversión en sociedad anónima unipersonal, todavía íntegramente estatal, dentro de un marco legal que permite incorporar inversores e incluso vender la totalidad de las acciones. El Gobierno debe explicar qué se negocia y cómo protegerá el patrimonio público.

El patrimonio construido con recursos públicos no puede cambiar de manos sin una explicación pública exhaustiva. Ese es el núcleo político de los cuestionamientos de Cristina Guzmán a Cannava, dentro de sus críticas al funcionamiento de las empresas estatales, el Instituto de Seguros y los servicios públicos. “Al ser una sociedad anónima pueden vender las acciones”, advierte en las declaraciones aportadas. Su preocupación encuentra un fundamento documental: el Decreto 5951-JG, del 17 de septiembre de 2026, dispuso la transformación de Cannava en sociedad anónima unipersonal. Ese acto abre una discusión sobre su futuro, aunque no acredita una privatización consumada ni la desaparición del patrimonio estatal. Pero requiere explicaciones.

La cuestión jurídica vuelve más exigente el debate. El decreto mantiene la continuidad patrimonial, contractual y operativa, conserva derechos y obligaciones y reconoce a la Provincia como accionista único. La transformación no borra deudas ni responsabilidades por la administración de recursos públicos. Sin embargo, el estatuto contempla incorporar terceros y aumentar el capital. Una venta subvaluada o una capitalización desfavorable podría reducir la participación provincial sin reconocer adecuadamente las instalaciones, los conocimientos y las inversiones acumuladas. Ese riesgo exige controles previos y una valuación independiente.

La puerta legal al capital privado existe y merece una discusión mucho más amplia que un trámite administrativo. La Ley 6468 permite incorporar hasta un 49% bajo control estatal y, mediante otro procedimiento, autoriza la venta total con razones acreditadas y dictámenes previos. En ese caso, la Legislatura dispone de treinta días corridos para rechazar la decisión por mayoría absoluta de los presentes. ¿Por qué una operación de semejante alcance debe descansar en un rechazo posterior, en lugar de una aprobación expresa y ampliamente debatida? La norma exige transparencia, competencia y rendición de cuentas: el Gobierno debe demostrar cómo las garantiza antes de comprometer bienes que pertenecen a la provincia.

Guzmán también vincula sus sospechas con las gestiones en China y plantea interrogantes sobre posibles interesados. Cannava confirmó institucionalmente una misión encabezada por Ignacio Bruera, contactos con BBCA Group y conversaciones sobre inversión y cooperación tecnológica en Hefei.

La controversia escaló con la carta documento que Guzmán atribuye al presidente de Cannava. “No me van a callar”, respondió la dirigente. Según el documento difundido, Bruera rechazó sus afirmaciones sobre una presunta falta de habilitaciones en Finca El Remate y sostuvo que las actividades cuentan con autorizaciones. Una intimación no demuestra por sí misma censura, así como una denuncia política no prueba corrupción. Pero las advertencias legales tampoco reemplazan la publicación de documentos que permitan verificar la posición oficial. La respuesta institucional debe ofrecer información comprobable sobre habilitaciones, producción y recursos.

Sadir y la conducción de Cannava deben explicar cuánto aportó la provincia, qué resultados obtuvo y cómo protegerán ese patrimonio ante cualquier incorporación de inversores. Balances auditados, inventario de activos y pasivos, valuación independiente y condiciones públicas de selección son requisitos para evaluar una operación. El capital privado puede aportar tecnología y mercados; su legitimidad depende de las condiciones y del beneficio que deje a la comunidad. Guzmán instaló preguntas que merecen respuestas documentadas. La definición política es inevitable: ¿se está fortaleciendo una empresa de los jujeños o preparando una transferencia cuyas condiciones todavía no pueden examinar quienes financiaron su desarrollo?